El director general de Trabajo de la Junta entre 1999 y 2008 prestó declaración por segunda y última vez el 20 marzo 2013 por su imputación en el caso de los ERE. Al día siguiente, también ingresó por segunda vez en prisión. Quizás por eso, o por indicación de su abogado, que ya entonces le aconsejó sin suerte que no hablara, siempre que fue llamado de nuevo por Alaya para ampliarle la imputación se acogió a su derecho constitucional a no declarar. Pero este miércoles 21 de octubre de 2015, Guerrero acabará con más de dos años y medio de silencio judicial. Esta vez guarda un as en la manga para tratar de dar un vuelvo a la instrucción. Y lo hará ante una nueva interlocutora, la jueza María Núñez, a quien le ha pedido declarar de forma voluntaria.
Según han indicado a eldiario.es/andalucia fuentes cercanas al exalto cargo, encargado de firmar la mayor parte de las ayudas que se investigan y que pasó por la cárcel dos veces (marzo-octubre de 2012, marzo-junio 2013), Guerrero va a argumentar que en todo momento se acogió a la normativa y que cumplió la legalidad. La principal novedad estriba, además de volver a prestar declaración, esta vez voluntariamente, y de hacerlo ante la nueva titular del juzgado, una vez apartada Alaya, en que planteará que se limitó a aplicar las normas, que permitirían que las ayudas de la Junta se concedieran sin concurrencia ni publicidad.
Durante la instrucción del caso ERE se ha reprochado en numerosas ocasiones la ausencia de convocatoria pública para las ayudas de la Junta, tachándolas de “auténticas donaciones” al “prescindir del procedimiento legalmente establecido”, según los peritos del Estado. Guerrero traerá a colación una cuestión de la que ha estado informando este periódico y que reside en el nuevo planteamiento de algunas defensas relativo a que, cuando la finalidad o naturaleza de la subvención así lo exigía, su concesión se realizaría por concurso, pero no había obligación de ello.
Las fuentes consultadas añaden que Guerrero desgranará además que, aunque con posterioridad a los hechos investigados, la normativa vigente (reales decretos de 2013 y 2014), que adecua a la Ley de Subvenciones de 2003 las disposiciones anteriores (de 1994 y 1995), establece explícitamente que este tipo de ayudas se otorgan sin concurrencia ni publicidad y exceptúan de convocatoria publica. Asimismo, la Ley de Subvenciones dice que, con carácter excepcional, pueden otorgarse de forma directa subvenciones cuando se acrediten razones de interés publico, social, económico o humanitario debidamente justificadas que dificulten su convocatoria publica.
Todas estas normativas, según la defensa que argumentará Guerrero en esta ocasión, posibilitan que las ayudas se concedan a través del procedimiento que vienen investigando los tribunales en relación al caso de los ERE y que están siendo consideradas como ilegales. También se apoyará en que el Ministerio de Trabajo las viene otorgando de forma directa, como ocurrió en el caso de Sintel, y que así ha venido actuando con ayudas directas como las aprobadas durante este último pasado año 2014.
“Poner el cascabel al gato”
“Guerrero va a explicar que él se acogió a la normativa, que aplicó la ley y que cumplió con la legalidad, y tratar de hacer ver a la nueva instructora que alguien le tiene que poner de una vez el cascabel al gato en este caso”, apuntan las mismas fuentes.
Sobre Guerrero, que nunca había llegado a plantear esta cuestión, se situó la “responsabilidad política directa” del caso de los ERE. Al menos así lo concluyó la comisión de investigación del Parlamento andaluz de agosto de 2012, tal y como lo planteó desde un principio el Grupo Socialista.
En ese sentido, PP-A e IULV-CA, socio ya entonces del PSOE-A en el Gobierno autonómico, no estuvieron de acuerdo con que la responsabilidad política se situara exclusivamente en este ex director general. Alaya acusó a Guerrero de ser presunto autor de hasta seis delitos (continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, dos de falsedad en documento oficial y otro de falsedad en documento mercantil).
“Siempre ha sido su deseo colaborar al esclarecimiento de los hechos”, decía su abogado, Fernando de Pablo, en un escrito elevado al juzgado el pasado 10 de septiembre, donde lamentaba que “se ha venido padeciendo de una especie de secreto sumarial encubierto, al no contar la defensa con toda la documentación que venían manejando los investigadores”, informó Europa Press hace unas fechas.
Tras Guerrero, también estaba previsto que prestaran declaración este miércoles dos exinterventores generales de la Junta, Manuel Gómez Martínez, también imputado, y Rocío Marcos Ortiz, testigo. La jueza Núñez ha suspendido la declaración de Gómez Martínez ya que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que el Tribunal Supremo remita antes el testimonio que prestó en Madrid en la causa seguida contra los aforados.