El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán ha anunciado a la Audiencia Provincial de Sevilla su intención de recurrir la sentencia de la pieza política de los ERE por infracción de ley, error en los hechos probados o falta de claridad, entre otros motivos.
En un escrito presentado este miércoles, 8 de enero, ante la Sección Primera, y al que ha tenido acceso Efe, el abogado de Griñán considera que la sentencia, que le impuso 6 años y 2 días de prisión y 15 años y 2 días de inhabilitación absoluta por malversación y prevaricación, es “no ajustada a derecho y contraria a los intereses” del exdirigente andaluz.
Asimismo, expresa su propósito de presentar un recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo por “infracción de ley, error en los hechos probados derivados de documentos obrantes en la causa, quebrantamiento de forma por falta de claridad, contradicción en los hechos probados e infracción de precepto constitucional”.
Griñán interpondrá este recurso de casación por infracción de ley, de preceptos penales y otras normas que deben ser observadas y por indebida aplicación de una serie de artículos, y por error en la apreciación de la prueba en documentos tales como los Presupuestos de la Junta de Andalucía de 2005 y pormenor del estado de gastos, respuestas oficio del Parlamento y la comparecencia del consejero de Economía y Hacienda en el Parlamento de Andalucía de entonces para presentar presupuestos de 2005 y 2007 en el extremo que identifica su valoración del mismo, entre otros informes.
A su vez, recurrirá al Supremo al entender que se ha producido quebrantamiento de forma por falta de claridad en el relato de hechos probados y manifiesta contradicción, e infracción de precepto constitucional en relación con el principio de legalidad procesal, de presunción de inocencia, del derecho de defensa, a la tutela judicial efectiva y del juicio justo o debida en sus diversas manifestaciones.
El pasado 26 de diciembre fue el letrado de Gaspar Zarrías, Gonzalo Martínez Fresneda, el primero de los 19 ex altos cargos condenados en anunciar a la Audiencia su recurso de casación ante el Tribunal Supremo basándose en tres motivos principales, uno por infracción de precepto constitucional y dos por infracción de ley.