La historia se ha contado muchas veces en los dos últimos años. Maloma Morales, ciudadana española de origen saharaui, fue a visitar a su familia biológica en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia). Le acompañaba su padre adoptivo, José Morales, en cuyo hogar y el de Mari Carmen de Matos había estado acogida durante los últimos 12 años, hasta que ésta, siendo mayor de edad, solicitó la adopción y la nacionalidad española. Todo transcurría con normalidad hasta que, pocas horas antes de partir al aeropuerto, José oyó cómo su hija le pedía auxilio, según él mismo relata. “Entre varios familiares, la agarraron, golpearon y metieron a la fuerza en un coche”. Aquel 12 de diciembre de 2015, comenzó el secuestro de la ciudadana Maloma. Una retención ilegal, penada en España con hasta siete años de cárcel.
¿Está secuestrada Maloma Morales? El Gobierno español, la ONU y la propia Maloma, cuando ha gozado de un espacio de libertad, así lo confirman. El exministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, comparó su situación con la de los periodistas secuestrados en Libia (Antonio Pampliega, José Manuel López y Angel Sastre) en 2016. En declaraciones a este diario, manifestó su “compromiso de seguir trabajando mañana, tarde y noche” por su su liberación.
¿Qué gestiones está llevando a cabo el gobierno español para liberarla? El Ministerio de Asuntos Exteriores, consultado este lunes por eldiario.es/andalucía, asegura que, a lo largo de estos dos años, “se han hecho gestiones tanto con representantes del Frente Polisario en Madrid y Argel, como con otras autoridades a diversos niveles, como el secretario general de Naciones Unidas, para encontrar una solución al caso”.
En abril de este año, el Gobierno español le reconoció por escrito a su familia que la vecina de Mairena del Aljarafe estaba retenida contra su voluntad en el Sáhara. El gabinete de Mariano Rajoy le transmitió a su familia que “desde que el 12 de diciembre de 2015 la Señorita (sic) Morales no pudo regresar a España, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación trabaja activamente para ejercer la asistencia y la protección consular a la que, como ciudadana española, tiene derecho”. No sólo confirmaban el secuestro, sino la activación de un dispositivo diplomático para asistirla.
Mientras tanto, la familia adoptiva desconoce si Maloma sigue en los campamentos y lamenta la “desinformación” a la que se encuentran sometidos desde que Alfonso Dastis tomó posesión de su cargo como Ministro de Asuntos Exteriores. Les preocupa mucho su salud. Beatriz Sánchez, activista del movimiento prosaharaui que acaba de visitar Smara y otros campamentos de refugiados saharauis, se hace eco de dicha inquietud: “Hemos preguntado allí por ella y nadie sabe nada. En otro campamentos, nos han contado que está muy vigilada, muy controlada y que lo está pasando fatal”.
Una joven saharaui que intentó visitarla este verano y que prefiere mantener el anonimato, por miedo a represalias, confirma la vigilancia extrema a la que ya entonces estaba sometida Maloma. “He intentado visitarla un par de veces (este verano), pero estaba rodeada de gente y, tras preguntarme de qué la conocía y para qué quería verla,no me permitieron verla”.
Gobierno: derecho a decidir “sin coacciones ni presiones”
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha subrayado este lunes que el Gobierno español “siempre ha defendido el derecho de Maloma Morales, como mujer adulta, a adoptar libremente su decisión sobre su lugar de residencia, sin coacciones ni presiones de familiares, personas o instituciones”. La propia víctima ha manifestado en varias ocasiones que no se encuentra allí bajo su voluntad, que la secuestraron y que quiere regresar a España. Lo ha hecho en una sede de Naciones Unidas, en conversaciones con sus familiares y amigos a las que ha tenido acceso este diario, y ante un periodista de El País, que logró hablar con ella.“Es la misma historia que ha contado mi padre adoptivo. No lo desmiento”, afirmó Maloma Morales a Pablo Mediavilla, colaborador de El País Semanal, sobre su secuestro el 12 de diciembre de 2015.
El 25 de febrero, Maloma Morales mantuvo una conversación telefónica con sus padres adoptivos y varias amigas de Mairena. Vigilada por otra persona, a la que se oye en ocasiones, la joven Morales le transmitía a sus allegados sevillanos que deseaba volver a España. “Perfecto, me gusta eso”, respondía Maloma cuando sus amigas le contaban que le tenían preparado un plan de vacaciones para este verano. O cuando Maloma le preguntaba por una familiar que estaba a punto de tener a su bebé.
-Maloma: “¿Qué tal Elenita?”
-Mari Carmen: “Muy bien, echándote de menos y diciendo: ”voy a tener la niña y no vamos a estar allí en el hospital“”.
-Maloma: “Esperemos que no…”.
-Mari Carmen: “Esperemos, esperemos… Tú sabes que la otra vez estuvimos allí todas juntas y (esta vez) tenemos que estar también juntas”.
-Maloma: “Sí… es lo que intentamos”.
Meses antes, el 28 de julio de 2016 ya lo había dejado claro ante un diplomático español, Gerardo Fernández-Gavilanes, en una sede de la ONU en Rabuni (Argelia): “Quiero volver a España”. Sin embargo, cada información sobre su secuestro se ha visto enturbiada por vídeos en su mayoría enviados desde el entorno de los secuestradores, en los que Maloma declaraba lo contrario. Los expertos en secuestros consultados por este diario restan credibilidad a este tipo de manifestaciones, ya que entienden que se han realizado bajo la coacción propia de un secuestro: no transmite sus deseos, sino los de secuestradores.
A lo largo de este tiempo, Maloma ha sufrido desde una falsa liberación, hasta una supuesta boda forzada, pasando por un intento de suicidio. Aunque sus padres adoptivos le enviaron su móvil, éste no se encuentra operativo y la joven andaluza permanece incomunicada. José Morales, su padre adoptivo, asegura que llevan “cinco meses sin poder hablar con mi hija. Su móvil no está operativo. Yo llamo al teléfono de su hermano diariamente, pero no lo cogen, descuelgan o lo apagan. Estamos muy preocupados por su salud y su seguridad. Por eso queremos hablar con ella. Cuando una persona hace eso (el intento de suicidio) es que no quiere estar allí”. Aunque dicho suicidio también se puso en tela de juicio, este diario ha podido verificarlo a través de varias fuentes.
En su lucha por traerla de vuelta, la familia española de Maloma Morales ha encontrado varios aliados: otras familias en situaciones similares (hay más de 50 mujeres privadas de libertad, según el colectivo 'La libertad es su derecho'), organizaciones internacionales como Human Rights Watch, el exsecretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, o políticos de diverso signo.
Pasividad del Gobierno
Zaida Cantera, diputada socialista, que ha seguido el caso muy de cerca y forma parte de la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados, subraya que “el problema sigue siendo el mismo: la pasividad del Gobierno y del Ministerio de Asuntos Exteriores”.
La comisión de Exteriores se reunió hace un año con la familia de Maloma y otras mujeres retenidas en el Sáhara, como Darya Embarek, Nadjiba Mohamed y Koria Badbad. Todas ellas chicas jóvenes, mayores de edad, y con permiso de residencia en España, tras años de acogida en familias españolas. Fueron recibidas por diputados del PP, PSOE, Esquerra, Unidos Podemos, PNV, Nueva Canarias y Compromís. Izquierda Unida promovió una Proposición no de ley para que la Cámara Baja apoyara a estas mujeres retenidas contra su voluntad en los campamentos del Frente Polisario. Sin embargo, la Comisión Ejecutiva Federal de Izquierda Unida dio orden de paralizarla, dados los vínculos históricos del partido con la causa saharaui.
Las familias también se han reunido recientemente con representantes del Senado, como el presidente de la Cámara Alta, Pío García Escudero (PP), o Joan Lerma (PSOE). Lerma le ha asegurado a este diario que “parece imposible” que una ciudadana española pueda estar dos años secuestrada en el extranjero, cree que el Senado puede ayudar a que su caso “tenga más repercusión pública” y piensa que “diplomáticamente, el Gobierno puede hacer un esfuerzo mayor” por liberarla.
Según Elisa Pavón, portavoz de La libertad es su derecho, el colectivo que defiende a Maloma y el resto de mujeres retenidas, ese esfuerzo se puede hacer de dos maneras. “Pedimos dos medidas. Que se corten todos los fondos de cooperación y cualquier tipo de apoyo político, institucional y económico al Frente Polisario. También solicitamos que se expulse a los delegados saharauis hasta que las chicas no regresen. Los consideramos cómplices del secuestro de las cinco mujeres, especialmente del de Maloma”.
Frente Polisario: “es un tema entre familias”
El delegado del Frente Polisario en Andalucía, Mohamed Zrug, insiste en que es un “tema entre familias”, una versión que hasta ahora ha mantenido tanto el gobierno saharaui como parte del movimiento prosaharaui: “es un tema entre familias y se ha hecho lo máximo posible para facilitar ese contacto”. El impacto mediático del caso ha supuesto duros enfrentamientos dentro del movimiento solidario del pueblo saharaui. La asociación cordobesa, en mayo de 2016, rebatió que se tratara de un asunto entre familias, afirmando que se trata de “una clara violación de los Derechos Humanos” y denunciando “el silencio cómplice” de la Federación Andaluza (Fandas) con este “secuestro atroz”.
Aseguraban que “en ningún caso pueden ser catalogados como ”temas familiares“ o ”casos puntuales“. ”Nos resultan inaceptables las declaraciones del (ex)delegado del Frente Polisario en Andalucía“, Abidin Bucharaya, quien precisamente le declaró a eldiario.es/andalucía en su momento que el caso Maloma era una ”guerra entre familias“. El presidente de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, Fernando Peraita, se manifestó en términos idénticos en Canal Sur este verano, vinculando además la liberación de Maloma con el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. ”La solución del problema es que los saharauis recuperen su libertad“, señalaba.
Elisa Pavón: “Está pasando un calvario infernal”
Organizaciones internacionales pro derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) creen lo contrario: sí se trata de una violación de derechos humanos. Hace un año, con motivo de su primer año de secuestro, HRW criticó al Frente Polisario, porque aunque “ha asegurado reiteradamente que está trabajando para resolver el problema, hasta ahora no ha tenido ni la capacidad, ni la voluntad política para garantizar que esta mujer sea libre de elegir si quedarse o irse”.
Elisa Pavón concluye que “cuando una mujer está tan desesperada, hasta el punto de quererse quitar la vida, es porque su calvario debe ser infernal”.