¿Cuáles son las acusaciones que pesan contra los expresidentes de la Junta para seguir su presunta participación en el caso de los ERE en el paso previo a juicio? Básicamente, el auto acusa a Chaves por impulsar “implantación” del procedimiento “irregular” para la distribución de ayudas y subvenciones, y Griñán lo “mantuvo”. Los párrafos del auto de procedimiento abreviado conocido este miércoles contra los exmandatarios prácticamente son calcados salvo en ese detalle: que, según el juez, uno propició el presunto fraude y otro no hizo nada para desecharlo.
Ambos actuaron, según el auto, “conociendo tanto los mecanismos destinados a ello, transferencias de financiación y modificaciones presupuestarias, como la falta de un procedimiento dotado de las mínimas y elementales garantías para el reparto de ayudas y subvenciones”.
Asimismo, cada uno de ellos “asumió la eventualidad de que los fondos vinculados a este procedimiento fuesen objeto de disposición discrecional, si no arbitraria, e, incluso, con fines ajenos a los intereses generales a los que estaban destinados, eludiendo la fiscalización previa de la Intervención General de la Junta de Andalucía, omitiendo el régimen aplicable en relación a la autoridad competente para la concesión de la subvención, con ausencia de bases reguladoras de la subvención, así como de convocatoria pública para su conocimiento por todo interesado en acceder a ella, con falta de control del cumplimiento, por parte del perceptor de la subvención, de los presupuestos o condiciones para disfrutar de la ayuda y con ausencia de un control posterior del destino dado a la subvención”.
Una actuación “con conocimiento”
Chaves, presidente entre 1990 y 2009, “de acuerdo con este impulso aprobó, en su condición de miembro del Consejo de Gobierno, las modificaciones presupuestarias relativas a los programas 22E y 31L”. Igualmente, en esa misma condición, “aprobó los proyectos de presupuestos de la Comunidad Andaluza para los ejercicios 2002 a 2009, pese a que contenían de manera inadecuada las transferencias de financiación de la Consejería de Empleo hacia IFA-IDEA”.
Griñán, consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009, y presidente de la Junta entre 2009 y 2013, como responsable del primer cargo “mantuvo el procedimiento” y, para ello, “aprobó, en su condición de miembro del Consejo de Gobierno, las modificaciones presupuestarias relativas al programa 31L”. Igualmente, en esa misma condición, “aprobó los proyectos de presupuestos de la Comunidad Andaluza para los ejercicios 2005 a 2009, pese a que en ellos se contenían de manera inadecuada las transferencias de financiación de la Consejería de Empleo hacia IFA-IDEA”. Luego, en su condición de presidente de la Junta de Andalucía, en el periodo de 2009 a 2011 “aprobó las modificaciones presupuestarias relativas al programa 31L”.
La actuación de Chaves y Griñán “se llevó a cabo con conocimiento de que el procedimiento para la concesión de ayudas y subvenciones era irregular, en los términos expuestos anteriormente, así como que los mecanismos que se empleaban para dotar de fondos a IFA-IDEA, a los efectos de que actuase como pagador de las ayudas y subvenciones, eran también irregulares”.