Las certificaciones del Ministerio reducen las contribuciones a la dependencia del Gobierno central al 25%

La Ley de la Dependencia, que desde su puesta en marcha en 2007 se ha convertido en un termómetro de la respuesta a una población cada vez más envejecida en España, es clave a la hora de medir el compromiso con los servicios sociales y por eso tiene tanto impacto cualquier referencia a la misma, como cuando las distintas administraciones tienen que reconocer que cientos de personas mueren cada año en lista de espera para beneficiarse de este derecho. Por eso también para la Junta de Andalucía es fundamental este parámetro a la hora de reivindicar “otra manera de hacer las cosas” frente a los recortes del Gobierno de la Nación.

Sirva como ejemplo que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) contemplan para 2016 un total de 1.252 millones de euros para la dependencia en el conjunto del país, prácticamente lo mismo que ha propuesto el Gobierno de Andalucía en sus cuentas para el próximo ejercicio: 1.136. De ese total que quiere destinar a la dependencia -a la espera de ser aprobados los presupuestos autonómicos por el Parlamento de Andalucía- el grueso saldrá de la decisión de la propia Junta de Andalucía a la hora de gestionar los recursos, porque la aportación de la Administración General del Estado (AGE) en la materia se ha reducido para el próximo ejercicio a un 28% del coste del sistema, cuando en sus inicios llegó a financiarlo a medias con las comunidades autónomas.

Éstos son los datos en la comunidad autónoma con mayor número de dependientes (el 22% del total del país) y por eso duele especialmente en Andalucía que se meta la tijera en este derecho. Este tema ha provocado que en la sesión de control de este jueves, cuando el portavoz parlamentario del PP-A, Juan Manuel Moreno, ha preguntado a la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, sobre su apuesta por los servicios sociales, se haya derivado en tal cruce de reproches sobre la dependencia, que para llegar hasta el fondo es recomendable tirar de los datos oficiales. Cosa que ya hacíamos hace dos años.

Los últimos son de 2014. Se trata de los correspondientes a las certificaciones que tanto el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad como la ahora Consejería de Igualdad y Políticas Sociales están obligados a intercambiarse. Y esos documentos desmontan la teoría defendida por el portavoz parlamentario del PP-A de que el Gobierno de la Nación ha financiado más de la mitad del coste de la dependencia en Andalucía. En concreto, dichas certificaciones, remitidas en marzo de 2015 entre las partes, constatan que en 2014,  la Junta de Andalucía recibió de la AGE un total de 252,1 millones de euros para la dependencia. En ese ejercicio, la Junta de Andalucía ha certificado que destinó a ello 1.119,4 millones de euros. O sea, que puso las tres cuartas partes del presupuestos para ello.

Precisamente este tema ha sido objeto de debate en el transcurso de la sesión de control, cuando Juan Manuel Moreno le ha preguntado a la presidenta por sus “medidas para garantizar el buen funcionamiento de los servicios sociales”. En este sentido, le ha recalcado que en un contexto de malos resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) para Andalucía como los conocidos este jueves es más necesario todavía “reforzar la red de los servicios sociales”, que a su juicio, está “llena de agujeros” en esta región.

“Cuando el dato de la EPA  es bueno, es gracias a Mariano Rajoy, y si es malo, es culpa de Susana Díaz”, le ha replicado la presidenta, quien le ha echado en cara la reforma laboral promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy. En la misma línea, lo ha acusado de ser “temerario por hablar de política social y dependencia”, porque el PP-A es “corresponsable” de los recortes del Gobierno de España. Y le ha recordado a Juan Manuel Moreno que él “ha puesto la firma a esos recortes”, en alusión a su etapa como secretario de Estado de Servicios Sociales como “mano derecha de la ministra Ana Mato”. Para continuar: “Ese currículo no se puede maquillar por más que usted quiera”, intentando contraatacar con el conocido ornamento con el que el líder del PP-A presentó sus credenciales en su día.

“No me hable de firmas porque usted también la ha puesto en algunas cosas que no quiero mencionar (...). No me hable de currículos. (...). Y ese espejo en el que usted se mira cada día, José Luis Rodríguez Zapatero, dejó 300.000 dependientes en lista de espera. (...) Hay que informarse mejor: dejó una deuda de más de 1.000 millones en dependencia”, ha proseguido en su intervención el también presidente del PP-A, convencido de conocer de primera mano estas cuentas durante su etapa en el ministerio. Igualmente, ha acusado a Susana Días de parecerse “cada vez más a José Luis Rodríguez Zapatero: un enorme escaparate pero sin fondo”, y ha dicho que el PSOE-A ha convertido en la dependencia “en una gran farsa”, para refirse luego a informes del Tribunal de Cuentas sobre la financiación de este servicio público que posteriormente han sido corregidos por el propio organismo, de ahí el enfado del Gobierno de Andalucía que ha replicado aportando las certificaciones, o sea, las cifras definitivas de lo realmente invertido por las dos partes en la materia.

“Nunca contesta a lo que le pregunto: ¿usa usted para la dependencia el dinero que viene como financiación adicional no finalista o lo emplea en otras cosas?”, le ha insistido Juan Manuel Moreno, aludiendo “a la gran bola de falsedad del PSOE-A sobre la dependencia” y apuntando que este año la AGE ha aportado “el 65% y el Gobierno de Andalucía sólo el 35% en dependencia”, en función del estudio del Tribunal de Cuentas, donde la cifra estaba engordaba porque se incluían partidas para otros colectivos, como menores o minorías étnicas. Y en la misma línea ha desgranado un rosario de asociaciones con las que la Junta de Andalucía tiene “trampas” a la hora de financiar la atención a dependientes. Tras esta retahíla, la presidenta ha terminado su intervención acusando al líder de la oposición de ser un “desahogado” por intentarle vender una postura que, a su juicio, no se sostiene con las cifras.

Todo esto no quita para reconocer que el modelo sigue fallando y en Andalucía también. Baste el ejemplo -uno más de los que periódicamente llegan hasta esta redacción- de una mujer, natural de Sevilla y de 96 años, a la que la Junta de Andalucía le acaba de otorgar el derecho a beneficiarse de la Ley de Dependencia después de más de un año de espera, y de hecho, le reconoce una deuda de 6.000 euros por este concepto, a pagar, eso sí, en cinco años. Eso, insistimos, ¡a una mujer de 96 años!