Las clínicas privadas realizan ya más de mil pruebas de coronavirus diarias en Andalucía con el gancho de ser “más rápidas y eficaces”

Tiene síntomas, es domingo y necesita urgentemente saber si está contagiada porque el lunes tiene una sesión de trabajo importante. En el Servicio Andaluz de Salud (SAS) no le cogen el teléfono tras hora y cuarto de intento. Se va a una clínica privada y paga 60 euros por un test rápido que da positivo. Vuelve a casa y da la noticia a su pareja e hijo, que a su vez pasan por la misma prueba previo pago. Ellos dan negativo. En el SAS le cogen por fin el teléfono, y le dicen que hagan cuarentena. Nada más. Tras 15 días encerrada, tiene miedo de que pueda seguir contagiada, sobre todo por sus padres, mayores, y se hace esta vez una PCR: 125 euros. Limpia. Puede volver a trabajar. Su familia se ha gastado más de 300 euros en estos análisis, y porque se lo pueden permitir.

La Junta de Andalucía tiene constancia de una media de más de 1.000 pruebas diagnósticas de coronavirus diarias realizadas por clínicas privadas. En concreto, la Consejería de Salud y Familias cifra en más de 2 845 000 los tests realizados en Andalucía hasta 31 de octubre, de los que el 92% han sido realizados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Son, pues, en un 8%, los de clínicas privadas de los que tiene constancia es decir, más de 227.500.

¿Están todos los que hacen las clínicas privadas? En teoría, deberían, porque la Estrategia de detección precoz, control y vigilancia de la covid-19 del Ministerio de Sanidad aprobada el 25 de septiembre de 2020 obliga a ello. Recoge que “los servicios de salud de las comunidades autónomas tanto de la sanidad pública como privada adecuarán sus sistemas informáticos para posibilitar la obtención de la información mínima exigida en el tiempo y forma indicados” en los correspondientes protocolos. Igualmente, precisa que los servicios de vigilancia epidemiológica de salud pública de las comunidades autónomas “deben obtener la información sobre los casos sospechosos y confirmados tanto en atención primaria como en hospitalaria del sistema público y privado, así como de los servicios de prevención”.

Pero, además, “los casos confirmados con infección activa son de declaración obligatoria urgente”, y desde las unidades de salud pública de las comunidades autónomas deben ser trasladados al Ministerio de Sanidad, que no desglosa cuántos provienen de la privada y cuántos de la pública. El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, comento en su última comparecencia en pleno sobre este asunto: “Lo único que le pido [a la privada] es que la información que saquen nos la vuelquen para hacerle la trazabilidad y el seguimiento”.

Desde 40 o 50 euros a más de 250

La tarifa varía. Desde los 50 euros de media de los tests rápidos -que incluso algunos ya se venden por internet y las farmacias han pedido dispensarlos para un mayor control- y que dan el resultado en unas horas a partir de una muestra de sangre, si bien su fiabilidad es menor, hasta las PCR, por 150 de media, pero que las hay de más de 250.

Veamos un ejemplo: Quirón Salud, principal grupo en red sanitaria privada en Andalucía, con una facturación cercana a los 250 millones de euros, ofrece todas las variedades de pruebas covid-19: antígenos en unos minutos por 60 euros; PCR en 24 horas, por 125; serología entre uno y dos días, también por 60. Pero hay ya clínicas privadas que las hacen por menos incluso. Basta con coger número y esperar el turno para la muestra y el pago. Con este precio, y suponiendo que las más de 227.500 pruebas diagnósticas hechas por la vía privada hubieran sido la más barata, a 50 euros, la factura superaría ya los 10 millones de euros.

El consejero replica, a los que critican que es la lentitud del SAS, cuando no su falta de respuesta, la que está propiciando que la gente busque alternativas pagando, que “se trata de ir siempre sumando recursos”. Insiste, pues, en que el grueso del mapa de pruebas diagnósticas es público y precisa que de ese total, más de 350.000 han sido tests rápidos, de los que la Junta de Andalucía ha comprado ya más de cinco millones. También ha anunciado que Andalucía “será la primera comunidad autónoma” en contar con el test de antígenos que diferencia la gripe del coronavirus.

Un análisis se que se ha convertido en reclamo

Desde la Consejería de Salud y Familias aclaran que el análisis de las muestras tomadas por la vía SAS tampoco se deriva a las clínicas privadas, sino que lo hacen en sus laboratorios. Pero en general, se ha convertido en un filón para clínicas privadas, laboratorios e incluso aseguradoras. Unicaja Banco ha lanzado una campaña de seguros de salud de Caser, que ofrece la posibilidad de realizarse de forma gratuita un test serológico de detección de anticuerpos, además de una amplia gama de descuentos, a clientes nuevos y actuales que contraten por primera vez una de estas pólizas.

No todas las aseguradoras lo cubren porque lo consideran un servicio fuera de su cartera. Este diario ha preguntado a las cinco principales del país. Adeslas, Sanitas, Asisa, DKV y Mapfre. Solo han contestado dos: Mapfre y Asisa. La primera lidera el mercado de seguros de Andalucía, donde cuenta con más de 1 260 000 clientes y alrededor de 790 oficinas. Solo en materia de salud, protege a unos 117.000 andaluces. Desde Mapfre confirman que están realizando una media de 350 de estos análisis por mes a sus asegurados en Andalucía.

Explican que solo se cubren “bajo prescripción médica cuando existe una patología o sintomatología de sospecha que así lo recomiende”, igual que dan cobertura a “los casos de ingresos e intervenciones quirúrgicas”. Hacen pruebas diagnósticas también a los no asegurados. El coste medio de una PCR es de 110 euros y tardan entre 24 y 72 horas para los resultados, mientras que las serologías salen por una media de 50 euros. Los realizan a través de laboratorios subcontratados.

Hasta el 31 de octubre, “el mes de más demanda”, había realizado a todos sus asegurados de salud en Andalucía casi 3.000 de estas pruebas diagnósticas. Este número comprende, entre otros, los copados por sus centros médicos de Málaga (1.300) y en Sevilla (1.600), donde también se han ofrecido estos servicios a no asegurados de la compañía. En concreto, la demanda en estos centros médicos se ha incrementado mucho en octubre, según reconocen en la compañía, con una media de 22 diarios (Málaga) y 26 (Sevilla). Más de la mitad de los demandantes son mujeres (56%) y el 44% de los tests se ha hecho a personas de entre 35 y 54 años.

Por su parte, desde Asisa, segunda aseguradora en importancia en Andalucía y tercera en España, subrayan que la PCR es la prueba diagnóstica más demandada actualmente en sus laboratorios. “El grupo cuenta con un laboratorio propio que atiende la mayor parte de las pruebas diagnósticas de la aseguradora y sus hospitales en todo el país, pero no ofrecemos datos sobre el número”, expresan. “El acceso en el caso de la COVID-19 no se produce a demanda del asegurado. Asisa aplica estrictamente los protocolos del Ministerio de Sanidad y realiza pruebas diagnósticas a los asegurados que presentan síntomas compatibles con la enfermedad. En los casos de contacto estrecho con un contagiado, son los servicios sanitarios públicos los competentes para la realización de las pruebas diagnósticas”, agregan. No comercializan tests. “En el caso de que el asegurado presente síntomas y su médico prescriba la realización de una prueba diagnóstica, su coste está incluido en la prima”, matizan.

Los laboratorios quieren más colaboración

Desde la Asociación Nacional Empresarial del Laboratorio Clínico (ANLAC) todavía no han realizado ningún estudio sobre la demanda. “No obstante, debe tenerse en cuenta que con la declaración de la pandemia se interrumpió la actividad quirúrgica no urgente y las consultas médicas, siendo estas las fuentes que generan la práctica totalidad de la actividad diagnóstica de los laboratorios. Esta actividad habitual no se ha recuperado todavía y dista bastante de hacerlo”, lamentan.

Por otro lado, apuntan que hay laboratorios que han focalizado su esfuerzo en realizar pruebas COVID-19. Echan en falta “una mayor colaboración con las administraciones públicas” porque “el objetivo de luchar contra la pandemia es común”. Sostienen que proporcionan “diariamente los datos de los tests que se realizan, lo que resulta fundamental para conocer la incidencia real de la pandemia”.

Tampoco hay que olvidar que una parte importante de los mutualistas de Muface, Isfas y Mugeju han optado por la modalidad de sanidad privada, en vez del sistema público. Van por tanto a los laboratorios privados para estas pruebas diagnósticas. De todas formas, piensan que “no se está aprovechando en plenitud la potencialidad y capilaridad del sector”. Reclaman que no se caiga en la tentación de comercializar determinados tests de forma libre y “sin el adecuado control y supervisión facultativa, que se tenga en cuenta aspectos tan importantes como la seguridad del paciente”, y en el caso de los tests rápido, sus características y fiabilidad. “De lo contrario, se correría el riesgo de adoptar decisiones contrarias a la salud pública o que proporcionen una sensación de seguridad sanitaria que no se corresponda con la realidad”.