“No hay planes, no hay innovación, no hay nuevos proyectos, nuevas estrategias, nadie sabe nada. Los centros viven al día. Cuando no falta esto, falta aquello, improvisando diariamente para gestionar las carencias y poder mal que bien llevar a cabo su misión de ayudar a los demás”. Desde la sección sindical de la CGT de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, así definen la situación de los centros públicos para personas con problemas de adicción (comunidades terapéuticas) que existen en Andalucía. Las competencias se encuentran actualmente en la Consejería de Igualdad después del intento fallido de que las gestionara Salud y Familias, cuando PP y Ciudadanos llegaron a San Telmo. En 2021, la Junta volverá a intentar que las adicciones sean gestionadas por el departamento de Salud.
Durante aquel impasse de la pasada primavera, que duró unos tres meses, “el descontrol fue total y absoluto”, recuerda Juan Carrillo, delegado de dicha sección sindical. “No había nadie que firmara las documentaciones pertinentes hasta el punto de que la ausencia de firma en los contratos de suministros de alimentos motivó que se produjera una falta de alimentos en las comunidades que derivó en altas masivas de todo el que podía salir. A aquellos otros pacientes que en teoría no estaban aún para salir se les mandó a casa también y casi estuvimos a pocos días, en algún centro, de tener que mandar a todo el mundo a su casa”.
La situación de estas comunidades la está investigando desde hace meses el Defensor del Pueblo Andaluz y ha sido llevada al Parlamento por el grupo Adelante Andalucía a instancias de la sección de CGT en la Agencia, que gestiona directamente seis comunidades de este tipo, dos en la provincia de Huelva (Cartaya y Almonte), uno en Sevilla (Los Palacios), dos en Cádiz (Tarifa y La Línea) y uno en Málaga (Mijas). Son centros sanitarios donde los pacientes ingresan en régimen residencial, derivados de los centros de tratamiento ambulatorios públicos y concertados para la atención a las drogodependencias y adicciones, para someterse primero a una desintoxicación y luego para seguir un programa de deshabituación de consumo o conductas patológicas.
“No saben qué hacer con estos centros”
La cuestión no ha mejorado, a tenor de la información que aporta CGT. “No saben qué hacer con estos centros. Han dicho que lo iban a integrar en el SAS pero no saben cómo, o no lo dicen, y ni administrativamente están integrados. Desde la Agencia se habla una y otra vez de que se van, por lo que es un área que no es prioritaria”, comenta Carrillo.
El Gobierno andaluz retrasó el traspaso de competencias a Salud hasta que se realizaran “las adaptaciones normativas necesarias para no alterar la asistencia”, argumentó la Junta antes del verano. El caso es que sigue habiendo una “falta de dirección política” en la materia, amén de la “multitud de problemas puntuales de cada centro”, según apunta Carrillo.
Los problema de personal se extienden en las mencionadas comunidades terapéuticas. “Nunca han estado sobredotados de personal, más bien han ido justos y, ante cualquier incidencia o ausencia se han ido supliendo por el resto de la plantilla. Desde hace unos dos años aproximadamente, la Agencia tarda cada vez más en cubrir ausencias, bien porque la Junta no autoriza, o porque no hay presupuesto, o que están a la espera, etc, lo que ha ido lentamente sobrecargando a todos los profesionales y disminuyendo obviamente la calidad de la atención”.
“Constantes ausencias de personal”
Según el representante sindical, “desde hace un año ya directamente solo se cubre lo alarmante”. Por ejemplo, según la Orden reguladora de estos centros, es obligatoria la presencia diaria de un servicio de medicina y de enfermería. “La comunidad de Mijas estuvo un mes (diciembre de 2018 ) sin médico y sin enfermero, es decir, sin ningún profesional sanitario. Los pacientes toman medicación al menos tres veces al día (metadona, patologías psiquiátricas, enfermedades infecciosas, patologías derivadas del consumo, etc). y, durante ese mes, las medicaciones las dieron personal no titulado, exponiendo a un riesgo personal elevadísimo en caso de accidente, sin que la Agencia tomara ninguna medida al respecto”.
Según el denunciante, la mayoría de ausencias (bajas, permisos, etc.) no se cubren y las vacantes (jubilaciones, cambios de trabajo, excedencias) tampoco. “El centro de Los Palacios ha llegado a tener nueve vacantes simultáneas durante muchos meses de este año, lo cual obligó, primero, a disminuir el número de pacientes atendidos y luego, casi paralizar su actividad”. En el resto de centros las ausencias van variando pero siempre hay una media de 3-6 personas, aumentando en algunos centros a más.
Teniendo en cuenta que esas ausencias se producen sobre unas plantillas que rondan las 20-30 personas, el impacto es significativo y, obviamente, se traduce en “problemas para atender a los pacientes y en una atención que no es de la calidad que el servicio da cuando está al completo”. “La presión y la sobrecarga de trabajo que llevan soportadas estas personas pasa factura y esa es, en parte, una de las explicaciones de las constantes ausencias de personal”, explican las fuentes.
Entre Igualdad y el SAS
Ante estas denuncias, Pedro Seijo, coordinador de Adicciones dentro de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud, señala a este periódico que “las bajas que se producen en las distintas comunidades terapéuticas se están cubriendo y la atención se está ofreciendo con normalidad”. En el caso de bajas de profesionales sanitarios, reconoce, “se han producido dificultades en algún caso puntual para encontrar a profesionales que puedan sustituirlos pero estas sustituciones también se han acabado realizando”.
Se da la circunstancia de esta persona, nombrada por la Junta para llevar a cabo la gestión que iba a ser integrada en el SAS, tiene su centro de trabajo en la sede central de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, según apuntaba CGT y confirman fuentes de la Junta de Andalucía.
Sin monitor de limpieza
Por otra parte, según el denunciante, las comunidades de Mijas, Tarifa, La Línea y Los Palacios no cuentan con monitor de limpieza. Este puesto no solo se encarga de llevar a cabo la limpieza del centro, como su propio nombre indica, sino también de supervisar las tareas de limpieza que se le encargan a los pacientes y que son una herramienta dentro del programa terapéutico. “Llevan años sin dicho puesto descuidando por un lado la supervisión de pacientes y por otro la limpieza del centro que la hace el resto del personal cuándo y como puede, si es que se hace”, denuncia.
La situación se ve corroborada con los “problemas en la gestión de los centros concertados”. La red de atención, además de los centros públicos, cuenta con otras 15 comunidades que “tienen todas sus plazas concertadas y viven de las subvenciones que se otorgan por el concierto” y otro getionado directamente por la Consejería. “Parece que las subvenciones no terminan de llegar, lo cual está poniendo en serios apuros a muchos de estos centros”, añade Carrillo, que alude también a los problemas que están teniendo ayuntamientos y diputaciones provinciales para el acceso a las subvenciones anuales en esta materia, acerca de las cuales tuvo que dar explicaciones recientemente en el Parlamento el consejero de Salud, Jesús Aguirre.
En el marco del debate monográfico sobre la sanidad pública de la semana pasada en el Parlamento fue aprobada una propuesta de resolución de Adelante Andalucía para que se inste a la Junta a mejorar la dotación del plan contra las adicciones, reforzando los recursos. Asimismo, también salió adelante una propuesta del PSOE por la que el Parlamento insta a la Junta a garantizar la financiación de las competencias delegadas en materia de drogodependencias y otras adicciones a las diputaciones provinciales y a las corporaciones locales.
También se refiere el sindicalista a problemas en los contratos de renting de vehículos, que motivaron que las comunidades se quedaran sin ellos. “Diariamente hay salidas y retornos de pacientes, citas médicas, citas judiciales, etc, que deben ser atendidos. Los trabajadores, con sus coches, atendieron lo más urgente llevando y trayendo gente sin que, por supuesto, se les abonara nada”, narra, añadiendo problemas de mantenimiento, ya que “mobiliario, baños, luces y un largo etcétera no se repone por falta de material”. “Hay decenas de bombillas fundidas en algunos centros, goteras por filtraciones de agua de los baños, cisternas rotas, enchufes rotos, ventanas rotas, goteras que nadie arregla”, denuncia. Recuerda también la fuente que la comunidad terapéutica de La Línea sufrió un conato de incendio en la cocina en octubre de 2018 y ha permanecido cerrada hasta septiembre de 2019.
“Un centro cerrado, varios trabajando por debajo de su tasa máxima de ocupación por falta de personal dieron como resultado un aumento de la lista de espera, obviamente. Desde septiembre se está revirtiendo la situación poco a poco. El servicio se sigue prestando, las personas que trabajan hacen lo que pueden para que los pacientes no noten estas circunstancias pero obviamente no es lo mismo disponer de un vehículo para salir a hacer una excursión que no hacerlo y así muchas otras cosas”, explica.
Menos seguimiento del PEPSA
La Agencia de Servicios sociales también gestiona el III Plan Andaluz de Drogas y el centro de seguimiento del Plan Experimental de Prescripción de Estupefacientes de Andalucía (PEPSA) que, pese a ser pionero en toda España y tener buenos resultados, “no ha dejado de ver disminuido el número de pacientes en los últimos años, de 60 durante el ensayo clínico de 2004 a los 15-16 actuales”, explica CGT.
Dicho descenso de pacientes “ha venido de la mano de una precarización de las condiciones de trabajo, de forma que solo menos de un tercio de la plantilla tiene contratos a jornada completa, siendo las jornadas parciales las más habituales”, denuncia el trabajador. Además, “se da la circunstancia de que se han ido dejando sin cubrir determinadas vacantes hasta dejar el servicio con una enfermera a jornada completa y tres jornadas parciales, haciendo 2,5 jornadas totales para cubrir los siete días de la semana en horario partido de mañana y tarde”.
“Hay gente que ha muerto o que ha ingresado en prisión esperando respuesta. Se trata de unos pacientes con un perfil muy peculiar que no se molesta en pedir la hoja de reclamaciones para reivindicar sus derechos. Si no se les atiende, se van a la calle a seguir consumiendo y, literalmente, hay que ir a buscarlos si se decide el ingreso. El nuevo Gobierno inicialmente permitió la entrada de un paciente que, justo en ese momento, desapareció del mapa. Dicen que no van a poner pegas y se está trabajando en 2 o 3 casos para solicitar su inclusión”, explica el representante sindical.