El conflicto que mantiene la Junta de Andalucía con los colectivos que se ha visto obligada a integrar en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha provocado también diferencias entre éstos después de que los antiguos trabajadores del plan Memta hayan manifestado que ellos son “empleados públicos” y que no es lo mismo que “personal laboral”, como es el caso de los antiguos agentes locales de promoción de empleo (ALPE) que estaban en las Utedlt (unión territorial de empleo, desarrollo local y tecnológico) o la plantilla de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que suponen el grueso.
De hecho, un grupo de asesores de empleo del desaparecido plan Memta, que se financiaba con fondos del Gobierno de España y que tras los recortes numerosas sentencias obligaron a la Junta de Andalucía a readmitirlos tras su despido en masa, han asegurado que ellos no se encuentran “mano sobre mano”, que es una de las razones que llevó a que la Junta de Andalucía aprobara el pasado 15 de marzo un decreto ley en el que incluía tareas para ellos, los Faffe y los ALPE. Dicho decreto ley fue tumbado por la oposición en el Parlamento de Andalucía por lo que el Consejo de Gobierno lo volvió a aprobar el pasado martes retirando esta disposición adicional y limitándose a marcar nuevos criterios para que los consistorios puedan acceder a los planes de empleo ratificados desde el pasado mes de diciembre y que todavía no han podido ponerse en marcha.
Los Memta, un colectivo conformado por unas 300 personas de los que la Junta de Andalucía confirma haber readmitido ya a 182, han declarado a la agencia Europa Press que lamentan que los haya “metido a todos en el mismo saco”. En este sentido, han incidido en que “hay diferencia entre empleados públicos, que son los Memta, y el personal laboral”. Es más, han contactado con los grupos parlamentarios para aclararles “la diferencia entre empleados públicos y personal laboral”, ante lo que aseguran que tanto C's como Podemos han mostrado interés, y están en espera de respuesta del PP-A e IU.
“Éramos empleados públicos del sexto convenio colectivo, por lo que las sentencias obligan a la readmisión en las mismas condiciones, y estamos realizando las mismas tareas, aunque nos han recortado derechos tras ser contratados por la agencia”, subrayan. Por ello, critican que la Junta de Andalucía “quiere manipular para conseguir sus fines con verdades a medias y alguna que otra mentira”. En todo caso, han reconocido que “es verdad que están pagando un dineral a personas que están mano sobre mano y es verdad que la Junta de Andalucía quiere buscar soluciones”. Pero esperan que “la Junta de Andalucía no apoye el dar a esos colectivos funciones de empleado publico”.
En este contexto, los ALPE se han mostrado molestos con los “colectivos de empleados públicos y de sindicatos de funcionarios que constantemente están realizando acusaciones falsas” sobre ellos, “mintiendo en lo más obvio”. Han insitido en que ellos accedieron a sus puestos “a través de una convocatoria pública y bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad”, recordando que su contratación “fue indefinida desde el principio”. Han recordado también que desde febrero de 2014 están “ganando” sentencias en los tribunales que declaran nulos sus despidos por parte de la Junta de Andalucía cuando se disolvieron las Utedlt, también en aplicación de las directrices de racionalización del gasto del Gobierno de España.
Cabe recordar que la plantilla del SAE ha crecido los últimos años un 60% por las numerosas sentencias que la Junta de Andalucía se ha visto obligada a cumplir en relación con estos colectivos, a los que hay que sumar la integración de los antiguos trabajadores de los consorcios escuela, igualmente incorporados a esta agencia que pese a ello cuenta con un déficit de funcionarios porque no ha completado su relación de puestos de trabajo.