El pasado martes 10 de octubre, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, la consejera andaluza de Salud, Catalina García, presentó un informe ante el Consejo de Gobierno detallando todas las líneas de actuación que su departamento estaba llevando a cabo en materia de salud mental.
Al día siguiente, compareció a petición propia en el Parlamento para profundizar sobre este mismo asunto y responder a las preguntas de todos los grupos de la oposición, que también habían solicitado su comparecencia.
García expuso ante ambos órganos -el Ejecutivo y el Legislativo- una larga lista de actuaciones en materia de salud mental -nuevas infraestructuras, más profesionales, protocoles de prevención del suicidio, unidades de intervención con niños y adolescentes, etc-, pero omitió dos asuntos:
Uno, que en los dos años posteriores a la pandemia de coronavirus, el número de pacientes con problemas mentales, emocionales y conductuales se había incrementado un 18,2%, hasta las 134.076 consultas en Andalucía en 2021 (y 87.939 pacientes en el primer semestre de 2022, último dato publicado). Ante el Parlamento, sí subrayó que en los dos primeros trimestres de 2023 se han realizado más de 770.000 consultas en las unidades de salud mental comunitaria, un 4,73% más que en el mismo periodo de 2022.
Estas cifras han engrosado la lista de espera en salud mental hasta el punto de romper el corsé de los recursos y del personal especializado de los que García dio cuenta ante el Consejo de Gobierno y ante la Cámara. No hay una foto fija, porque la Consejería de Salud no actualiza las listas de espera por especialidad desde hace más de un año.
El incremento de las listas de espera, el debilitamiento del sistema sanitario tras la pandemia del Covid-19 y la falta estructural de médicos en el conjunto del país impiden a la sanidad pública cumplir con el decreto de garantía de plazos mínimos para ser operado, esto es: que un paciente sea atendido en el plazo legal establecido, bien por la sanidad pública o, en su defecto, derivado a la privada.
Como consecuencia de este “colapso”, en palabras de los sindicatos sanitarios, el Sistema Andaluz de Salud (SAS) prevé aprobar antes de final de año un convenio marco para concertar con la sanidad privada la derivación de pacientes de salud mental, una información que la consejera conocía, pero omitió en su informe de actuaciones presentado ante el Consejo de Gobierno [firmado por el presidente Juan Manuel Moreno], y volvió a omitir en su comparecencia y posterior debate monográfico sobre salud mental en el Parlamento, que se prolongó durante hora y media.
La información sobre los dos nuevos convenios con la sanidad privada para salud mental y pacientes pluripatológicos fue adelantada por este periódico este pasado martes, seis días después del Pleno monográfico en el Parlamento.
Fuentes de la Consejería de Salud explican a este periódico que la consejera eludió mencionar y explicar el concierto en ciernes con la sanidad privada para salud mental porque “no tiene mayor importancia” y porque “aún no está licitado”. “Ahora ya se conciertan estancias en Salud Mental en crónicos y agudos. El acuerdo marco es simplemente un cambio jurídico. Cuando se acaben los conciertos, empezará el acuerdo marco”, aseguran desde el entorno de García.
Tras la publicación de la noticia, los grupos de izquierdas en la oposición -PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía- acusaron a la consejera de Salud de “mentir y ocultar” al Parlamento andaluz unos convenios con la sanidad privada para pacientes psiquiátricos que “ya tiene muy avanzados”.
“La consejera mintió la semana pasada. Escondió estos convenios cuando vino a hablar de salud mental durante hora y media. Ocultó que van a desviar otros 30 millones a clínicas privadas para reducir las listas de espera de pacientes psiquiátricos”, aseguró José Ignacio García, de Adelante.
Los dos nuevos convenios, que el SAS pretende licitar antes de que finalice el año, superarán los 30 millones de euros, según las estimaciones de la consejería, que se suman a los 734 millones de euros ya licitados y presupuestados para concertar operaciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas con varias clínicas privadas durante un periodo máximo de cuatro años.
El informe sobre las políticas en materia de salud mental que la consejera presentó al Consejo de Gobierno, al que ha tenido acceso este periódico, contabiliza todas las actuaciones emprendidas desde 2019, poniendo énfasis en que la “sanidad pública debe ser el eje nuclear sobre el que se articule el catálogo de acciones”. “Es esencial que el Sistema garantice un servicio eficaz, gratuito y de calidad”, reza el texto.
La documentación que García presentó en el Parlamento, que deriva también de ese informe, recopila las fortalezas del sistema -siempre en comparación con el último año del Gobierno del PSOE, en 2018-, pero omite las debilidades que aparecen en la exposición de motivos del convenio para derivar a pacientes de salud mental a clínicas privadas.
Por ejemplo, los efectos de la pandemia en la población juvenil andaluza, que ha obligado a trasladar a pacientes fuera de Andalucía por falta de camas hospitalarias. El suicidio es la primera causa de muerte violenta en Andalucía: de más de 5.000 tentativas registradas en Urgencias hospitalarias el año pasado, 392 eran menores de edad.
El SAS cuenta con 253 plazas de hospitalización para jóvenes con problemas de salud mental en Andalucía (12 en Almería, 15 en Jaén, 16 en Huelva...) y el año pasado de vio obligado a ingresar a adolescentes en clínicas próximas de Castilla-La Mancha. Con el nuevo convenio marco para Salud Mental, el Gobierno andaluz quiere concertar, sobre todo, estancias para pacientes en hospitales o clínicas privadas que dispongan de un ala habilitada para la atención psiquiátrica (con sistemas y personal de seguridad, ventanas con cierre, etc.)
Los recursos y el personal especializado en Andalucía han crecido en los últimos años, pero el impacto de la pandemia ha demostrado que el gasto movilizado no era suficiente, advierten los sindicatos sanitarios. Entre 2021 y 2022, se han autorizado 212 plazas más de profesionales de salud mental (que no han sido cubiertas en su totalidad), 104 de psicólogos clínicos.
Actualmente hay 26 Unidades de Gestión Clínica de Salud Mental en la comunidad, que cuentan con 592 psiquiatras, 318 psicólogos clínicos y 220 enfermeras especializadas. En total, 152 centros en los que prestan atención sanitaria más de 2.800 profesionales.
Esta plantilla sitúa la tasa asistencial andaluza, para una población de 8,5 millones de habitantes, muy por debajo de la media nacional y europea. Andalucía dispone de 4,56 profesionales de psicología clínica por cada 100.000 habitantes, frente a los seis que existen de media en España; 15 en Francia o 41 en Alemania; y 6,70 psiquiatras por cada cien mil habitantes, mientras que la media española es de 15 profesionales; según datos de la Federación Andaluza de Salud Mental.
La intervención de la consejera de Salud sobre salud mental en el Parlamento duró 40 minutos, más otros 20 minutos para cerrar el debate y dar la réplica a la oposición. García admitió el problema por el aumento de pacientes con diagnóstico de depresión, ansiedad u otras dolencias emocionales, mentales y conductuales, que ha saturado la asistencia clínica especializada tras la pandemia.
Los grupos de izquierdas sí sacaron a colación los 734 millones que el SAS acaba de licitar para derivar operaciones y pruebas con clínicas privadas, una información hecha pública días atrás.
Pero en el relato pormenorizado de todas las políticas, inversión, planes y protocolos puestos en marcha por su departamento para abordar los problemas de salud mental, García decidió omitir el nuevo convenio en ciernes pensado para desatascar las listas de espera expresamente en esta especialidad, que sufre un déficit estructural desde hace años.
La portavoz del PSOE-A, Ángeles Férriz, le afeó que “no dijera ni mu de su plan de privatización de la salud mental”. “Tienen a los trabajadores de Faisem quejándose por falta de recursos y destinan 30 millones de euros a más conciertos con clínicas privadas”, censuró, tras subrayar que “el pacto que firmó el presidente Moreno con los sindicatos, antes de las elecciones, no se ha cumplido”. “Este plan de choque contra las listas de espera se ha hecho de espaldas a los sindicatos, es un desprecio a la mesa sectorial”, apuntó.
Rafael Segovia, diputado de Vox, también cuestionó la suficiencia de recursos para luchar contra “la epidemia de la salud mental”, defendió los conciertos con la privada, pero matizó que debían hacerse “de forma coyuntural, no estructural”.
Inma Nieto, de Por Andalucía, hizo una denuncia más global contra los “casi 800 millones” que la Junta destinará a las clínicas privadas para que asuman parte de las listas de espera de la pública. “Esto es una espiral perniciosa: cuanto más dinero público derivamos a la privada, menos oportunidad le damos a la pública”, dijo.
Nieto también denunció que “las listas de espera están disparadas en todas las provincias” y habló de “colapso de la sanidad pública”. “La única baza para pisar el acelerador en la privatización es que los números de personas en espera se estuviesen reduciendo. Entonces, podríamos dar por bueno el argumento de la Junta para concertar, pero es que los números no le avalan”, sentenció.
La Consejería de Salud no hace públicas las listas de espera desde junio de 2022 aludiendo a “un problema técnico” y, por tanto, la presentación de este “plan de choque contra las listas de espera” llega sin que la opinión pública pueda dimensionar el alcance del problema.
Hasta hoy, el único dato actualizado es el que el Gobierno andaluz remitió al Ministerio de Sanidad en junio del año pasado -casi 172.000 pacientes en espera de una intervención quirúrgica y 906.000 aguarda consulta con un especialista, la tasa más alta de España- pero son cifras globales de toda la comunidad que no retratan la situación por provincias y centros.
Esta semana, la consejera de Salud ha comparecido de nuevo en comisión parlamentaria, y ahí ha vuelto a negar tajantemente que los nuevos convenios marco para derivar a pacientes en lista de espera a la sanidad privada sean “un modelo encubierto de privatización”, como denuncia la izquierda. “Ustedes lo hacían concertando con las clínicas privadas, nosotros usaremos un convenio marco, que es otra figura jurídica distinta, más ágil, pero con la misma razón de ser que los conciertos”, ha explicado.
García presentó en el Parlamento andaluz el porcentaje de gasto sanitario dedicado a concertar con clínicas privadas en los últimos diez años, comparando la última etapa de gobiernos socialistas con los años del mandato de Moreno. En 2010, el gasto en concertación con la sanidad privada representaba el 4,58% del presupuesto del SAS, en 2011 el 4,60%; en 2012 el 4,58%; en 2013 el 4,83%; en 2014 el 5,05%; en 2015 el 4,46%; en 2016 el 4,24%; en 2017 el 4,22% y en 2018 el 4,19%.
A partir de 2019, primer presupuesto con Moreno de presidente de la Junta, el presupuesto para conciertos con la sanidad privada es del 3,98%, en 2020 el 4,15%; en 2021 el 4,08%; en 2022 el 5,02% [“sube porque la deuda con las empresas Pascual se mete dentro del presupuesto de conciertos”] y en 2023 el 4,03%.
García explicó en el Parlamento que “Andalucía es la tercera comunidad que menos porcentaje destina a gasto en sanidad en medios ajenos con respecto al presupuesto de las comunidades en 2023, un 1,22%”, y que “también es la tercera comunidad con menos gasto de sanidad en medios ajenos por habitante, con 64,89 euros”.
“Los conciertos con entidades privadas siempre se han utilizado en el Sistema Sanitario Público Andaluz, porque siempre hemos necesitado esa ayuda para cumplir los decretos de garantías” de plazos máximos para ser operado“, ha vuelto a defender García este jueves, en Córdoba, aludiendo al ”20% más de pacientes“ que en 2018.
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