Un trimestre es una tercera parte del curso escolar. Un trimestre después, los 44 alumnos de primer curso de la Escuela de Hostelería de La Cónsula recibieron sus primeras clases. Durante estos tres meses, algunos pensaron que el momento de abrir los libros y ponerse a los fogones no llegaría; muchos han pagado un alquiler porque no tenían residencia en Málaga; otros dejaron un trabajo. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, había anunciado el pasado 29 de diciembre que las clases empezarían “con total normalidad” el 7 de enero. Comenzaron el jueves 8, y la falta de servicio de limpieza, de material y de comida les impide, de momento, recibir clases de cocina. Faltan profesores, el trimestre perdido no se recuperará y las prácticas están en el aire. En el resto de escuelas de formación profesional no hay actividad y no se sabe cuándo la habrá, aunque Educación asegura que será cuando justifiquen las subvenciones recibidas. Hay profesores a los que se les adeudan diez mensualidades.
Los alumnos de primero, que debían haber comenzado el curso el 22 de septiembre, se presentaron el miércoles por la mañana en La Cónsula. No estaban convocados. Ni la escuela ni la Delegación de Educación les habían comunicado nada, pero ellos habían leído unas declaraciones de la presidenta en las que anunciaba que el miércoles 7 de enero empezarían las clases. “Hemos venido por nuestra cuenta”, decía Beatriz González, que se temía una nueva decepción.
Es alumna de primero, viene de Cabra (Córdoba), rechazó renovar un trabajo que ocupó durante el verano y alquiló un piso en Málaga. A las 9.30, el jefe de estudios reunió a los chicos, les anunció que las clases empezarían al día siguiente y les mostró las instalaciones. Así que de ese encuentro salieron aliviados. El jueves recibieron sus primeras clases teóricas.
Ahora se les plantean otras dificultades: los meses perdidos no se trasladarán a final de curso, de modo que el fin de su formación está previsto para julio de 2016. Tampoco hay certeza de qué ocurrirá con las prácticas, inicialmente programadas para los meses de verano. “Evidentemente, ahora tenemos un retraso en nuestra formación…”, lamentaba González. No habrá clases prácticas en cocina, de momento, porque no hay servicio de limpieza. Y faltan profesores, aunque la dirección del centro anticipó que esa carencia se solucionará durante esta semana. Los alumnos de segundo sí iniciaron el curso en septiembre.
Cambio de sistema
La Cónsula es la única de las 11 escuelas de formación profesional de la Junta de Andalucía que funciona actualmente. Todas están en proceso de transición a un nuevo sistema, que debía ser aplicable desde este mes. El modelo implica la disolución de los consorcios, en los que hasta ahora participaba la Junta con los municipios, y que los centros dejen de depender de subvenciones anuales. El viejo sistema había sido criticado con dureza por la Cámara de Cuentas en un informe de enero de 2013. En abril de ese año las competencias de formación profesional pasaron de la Consejería de Empleo a la de Educación, que a mediados de 2014 anunció que las escuelas y su personal pasarían a depender de la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación, un nuevo nombre (y forma jurídica) para el antiguo ISE.
Sin cobrar
La lentitud en la aplicación del cambio administrativo está desesperando a profesores y alumnos. Llegado enero los centros siguen inactivos (a excepción de La Cónsula) y varios de ellos acumulan meses de impago de las nóminas y a los proveedores. Los 19 trabajadores de la Escuela del mármol de Almería aseguran que cobraron su último salario en febrero de 2014 y que también se les adeudan tres pagas extras. Acuden a trabajar a diario, pero sin alumnos ese trabajo tiene poca o ninguna eficacia. “Se supone que adelantamos trabajo adaptando la programación, pero probablemente no valga para nada porque no nos han dado la oferta formativa. Es trabajar por trabajar”, revela Antonio Romero, su delegado sindical. A los trabajadores que no cobran, la cuestión burocrática les desespera: “Estamos hartos de que nos hablen de competencias, traspasos de una consejería a otra o incluso a otra agencia”.
El 18 de diciembre, Educación anunció que ingresaría parte de las subvenciones pendientes a la Escuela de Hostelería de Cádiz, la Escuela de la Madera de Encinas Reales de Córdoba, el Consorcio Escuela de Joyería de Córdoba, el Consorcio Escuela de Artesanos de Gelves de Sevilla, el Centro de Artesanía, Restauración y Rehabilitación del Patrimonio Albayzin de Granada, el Consorcio Escuela de Hostelería de Islantilla de Huelva y el Consorcio Escuela de Hostelería La Cónsula de Málaga, una vez verificado el estado de sus cuentas. El ingreso debería servir para saldar las cuentas con los trabajadores.
De momento, ha confirmado el pago a las escuelas de Cádiz, Gelves, Islantilla, Encinas Reales y Granada. Pero en la Escuela de Hostelería de La Fonda (Benalmádena) llevan siete meses sin cobrar sus salarios, el Centro de Industrias del Ocio de Mijas sigue paralizado y debe rescindir el contrato con la empresa que lo gestionaba y la Escuela de Hostelería de Baeza es el ejemplo paradigmático de la incertidumbre: cerró el hotel, el restaurante y el spa que gestiona. Sus trabajadores no cobran sus salarios desde abril, aunque el jueves recibieron de la delegada de Educación la promesa de que se agilizarán sus expedientes.
Retomarán la actividad “progresivamente”
Fuentes de la Consejería de Educación explican que las escuelas retomarán su actividad “progresivamente”, conforme queden fiscalizadas “al 100%” las subvenciones recibidas hasta ahora, según los nuevos criterios. Aplican las recomendaciones de la Cámara de Cuentas. Sin excepciones, recalcan. Es aquí donde han surgido los problemas. “Es surrealista”, lamenta Romero; “justificamos de 2007 a 2012 según lo que ellos nos decían. Con sus condiciones. Ahora retroactivamente Educación nos dice que hemos justificado mal, como si nosotros fuéramos delincuentes... ¿Cómo vamos a devolver un dinero de una subvención que hemos gastado y justificado?”. Romero asegura que los requerimientos de justificación les llegan periódicamente, lo que alarga un proceso al que no se ve final; también, que Educación rechaza gastos como los seguros de coches y furgonetas o la mutua de los trabajadores.
Hay otra queja, coincidente con la de los alumnos de La Cónsula: el “silencio absoluto” por parte de las autoridades. “No cobramos y nadie dice nada”. Teóricamente, deberían convertirse en personal laboral de la nueva agencia, pero eso no puede ocurrir mientras no queden disueltos los consorcios (previa publicación en el BOJA), lo que de momento no ha ocurrido. “No sabemos ni cómo estamos: ni disueltos, ni nos han pagado…”. La maraña burocrática tiene enredados a profesores y alumnos, mientras la Junta pide más papeles para la fiscalización recomendada por la Cámara de Cuentas.