Consultas populares: ¿por qué te pregunta tu alcalde?

La convocatoria de “consultas populares” se ha convertido en un reclamo a la participación ciudadana por parte de un buen número de alcaldes de las grandes ciudades, pero en ningún caso se ajustan a los criterios que marca la ley para que puedan ser denominadas como tales, y no dejan de ser encuestas sobre la opinión pública sin carácter vinculante y donde el respeto a lo votado por la ciudadanía depende de la voluntad del equipo de gobierno de turno. 

De hecho, desde que se reguló esta figura en 1985, el Gobierno de la Nación ha autorizado 45 consultas populares en el sentido legal de la denominación, pero siempre en municipios más pequeños, si bien, como en el caso de las preguntas planteadas por las grandes ciudades, responden a los temas más variopintos.

De este modo, ninguna de las 50 mayores ciudades del país ni ninguna de las capitales de provincia -no coinciden totalmente los dos listados- ha usado la fórmula regulada por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Ésta establece la posibilidad de que los alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del pleno y autorización del Gobierno de la Nación, “podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de su competencia y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la hacienda pública”. Igual que prevé también que los vecinos podrán pedir la consulta popular cumpliendo determinados requisitos.

El hecho de que no las convoquen con todos los requisitos de la ley está muy relacionado con las exigencias que esta fija para que le proceso “tenga todas las garantías”, como explican desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que huye de calificar como consultas populares a este tipo de convocatorias. “No lo son. Para que haya una consulta popular, la ley fija muy claramente los criterios que hay que cumplir, de manera que el proceso sea absolutamente garantista”, exponen desde este departamento.

Previstas en grandes ciudades: 8

De momento, esta autorización del Gobierno de la Nación no la tienen las ocho grandes ciudades que han prometido “consultas populares” este año: Madrid que la acaba de estrenar, entre otras cosas para decidir la posible unificación de los bonos de transporte público; Valencia, sobre la remodelación de la Plaza de la Reina; Málaga, sobre los destinos de los terrenos de la antigua Repsol; Vitoria, sobre si hay o no toros en La Blanca; Oviedo, sobre el color de la flota de autobuses urbanos; Santa Cruz de Tenerife, sobre en qué plaza habilitar un área para perros; Getafe, sobre si se derrumba o no la plaza de toros, por problemas estructurales; y Cádiz sobre las barbacoas en el Trofeo Carranza.

Por su parte, el Ayuntamiento de San Sebastián propuso una encuesta sobre la eliminación de los festejos taurinos. Pero ha sido suspendida por el Juzgado número 2 de lo Contencioso Administrativo de San Sebastián, que ha estimado el recurso interpuesto por la Delegación del Gobierno, por incumplir precisamente con los requisitos de la ley. No es habitual que se recurran, pero ha ocurrido en este caso con un tema tan sensible como los toros. Por cierto, propuestas antitaurinas que también han sido debatidas en los plenos de Alicante y Bilbao, pero que no han llegado a prosperar.

Celebradas en grandes ciudades: 5 

En cambio, no han tenido problemas para celebrarse estas encuestas -erróneamente llamadas consultas populares- en Sevilla, a finales del pasado año sobre la fecha de la Feria de Abril, y también en 2016, en Alcalá de Henares (usos de la superficie del parking de las Eras del Silo) y en Castellón (ubicación de seis parques infantiles). En 2015, hubo una en Las Palmas de Gran Canaria (denominación de la calle Juan Rejón). Y en 2013, en Segovia (palacio de congresos en Palazuelos de Eresma).

Con éstas se completa el listado de grandes ciudades que han recurrido a este tipo de fórmulas, dado que el Ayuntamiento de Valladolid prometía una sobre el soterramiento del ferrocarril pero ha acabado desistiendo.

En este sentido, desde el Ayuntamiento de Sevilla reconocen, tras el “exitoso” proceso para decidir las fechas de la Feria de Abril, que “organizar una consulta popular como marca la ley tiene un coste muy elevado”, porque “entre otras cosas hay que darle una determinada publicidad, colocar tantas mesas electorales, cumplir unos plazos, etcétera”. En cambio, defienden desde el equipo de gobierno liderado por Juan Espadas (PSOE), en este caso se ha optado por “una plataforma ágil y muy económica y que puede ser usada para otros procesos”, en referencia a la aplicación empleada para consultar a la ciudadanía.

Una figura poco usada

En este contexto, el profesor José Luis Martínez-Alonso (Universidad de Barcelona) recopiló entre 1985 y 2010, en su estudio 'Las consultas populares municipales: consideraciones sobre el marco normativo y su identificación como referéndum', un total de 28 autorizadas por el Consejo de Ministros y 63 denegadas, a las que hay que sumar las 17 aceptadas y las ocho rechazadas desde 2010 hasta la fecha, según la información recabada por eldiario.es/andalucia. Esto hace un total de 45 autorizadas y 71 rechazadas, sobre todo porque preguntaban por cuestiones que excedían las competencias del consistorio o afectaban a otras poblaciones.

“Se trata de una cifra extraordinariamente baja de consultas populares si se atiende tanto al tiempo transcurrido desde su habilitación legal [...] como al elevado número de municipios en España”, reflexiona José Luis Martínez-Alonso, tras estudiar 25 años de la ley correspondientes a siete mandatos en las administraciones locales. Hay que unir a esto que mucha de las que son autorizadas no terminan desarrollándose porque los municipios renuncian a ello.

En las autorizadas la última década, destaca que la provincia más activa en la materia, ha sido Guipúzcoa, con vía libre para siete municipios, sobre todo para consultas populares en materia de gestión de residuos. La gestión del agua, como en el caso de la consulta popular autorizada para Galaroza (Huelva); la limitación de la velocidad en determinadas calles, para Pinoso (Alicante); y, sobre todo, las fiestas patronales, en Massamagrell y Alcublas (Valencia), Torrelodones (Madrid) y recién autorizada para Fuente de Pedro Naharro (Cuenca), han sido otros temas recurrentes.