La normativa en materia de consumo es amplia y extensa. Para comprobar su cumplimiento, la Administración tiene entre sus funciones la de vigilar el cumplimiento de la normativa de aplicación, una labor encaminada a garantizar a las personas consumidoras y usuarias que los bienes y servicios puestos a su disposición se produzcan, suministren y ofrezcan en unas condiciones adecuadas para que puedan disponer de productos seguros y de calidad.
Para llevar a cabo esta labor, la Junta de Andalucía cuenta con un equipo de inspectores e inspectoras que operan desde los ocho servicios provinciales de Consumo con los que cuenta en el territorio. Este personal de inspección está compuesto por funcionarios y funcionarias, que cuentan con la condición de agentes de la autoridad, y actúan de forma independiente e imparcial.
La actividad de inspección se desarrolla principalmente en la fase de comercialización de los productos y servicios, para comprobar que se cumple con la normativa de protección a las personas consumidoras y usuarias. Estas inspecciones se pueden realizar como consecuencia de una denuncia presentada en Consumo, o bien directamente a iniciativa de la propia Administración, que programa cada año diferentes campañas de inspección para controlar el mercado, y que también colabora con campañas programadas a nivel nacional, en las que participan también otras Comunidades Autónomas.
El Plan de Inspección de Consumo
Cada año, la Junta de Andalucía pone en marcha un Plan de Inspección de Consumo, en el que se programan diferentes campañas de inspección y control para comprobar que los productos y servicios a la venta en Andalucía, así como los establecimientos que los comercializan, cumplen con la normativa vigente.
En la elaboración de este Plan de Inspección participan cada año los diferentes agentes implicados en el ámbito del consumo en Andalucía, como son las organizaciones de personas consumidoras y usuarias, el tejido empresarial, y la propia Administración. Además, a la hora de definir las campañas a realizar se tienen en cuenta los resultados e incumplimientos detectados en campañas anteriores, así como la información sobre las quejas y reclamaciones recogidas en los servicios de Consumo, y la nueva regulación que se haya podido producir en un determinado sector o ámbito de actividad.
En este Plan de Inspección de Consumo, son objeto de una especial vigilancia, control e inspección los bienes de primera necesidad, como los alimentos, y los servicios esenciales para la comunidad, así como los productos orientados a la población infantil, por ser un colectivo especialmente vulnerable.
Para ello, las actuaciones de control se organizan en tres bloques: productos alimenticios y alimentarios, productos no alimenticios y servicios. En concreto, el Plan de Inspección de Consumo 2017 comprende un total de 27 campañas, cuyo desarrollo supondrá más de 8.000 controles y la toma de aproximadamente 300 muestras en los diferentes establecimientos que se inspeccionen.
Si se detectan irregularidades
En el caso de que el personal inspector detecte algún tipo de irregularidad durante las actuaciones de control, se levanta un acta positiva, y se ponen en marcha los mecanismos habilitados para tomar las medidas oportunas.
Si se detectan irregularidades en los artículos que puedan afectar a la seguridad de las personas consumidoras, se valora el riesgo y, en su caso, se incluye el producto afectado en la Red de Alerta de Productos de Consumo, un sistema de intercambio rápido de información que funciona a nivel europeo y cuyo objetivo es detectar, de la manera más ágil posible, artículos inseguros con la finalidad de poder adoptar medidas que impidan la comercialización de estos productos, ya sea a través de la inmovilización o la destrucción de los mismos. Se excluyen del ámbito de aplicación de esta Red los productos que se regulen por una normativa específica que tenga el mismo objeto, quedando expresamente excluidos los alimentos, los medicamentos y los productos sanitarios.
Tanto en el caso anterior como si se detectan otro tipo de irregularidades, como por ejemplo las de tipo informativo, se inicia el correspondiente procedimiento sancionador ante la empresa por el incumplimiento de la normativa. La Ley 13/2003 de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía establece sanciones que pueden oscilar entre los 200 y el millón de euros en función de la gravedad de las infracciones.
Si sigues teniendo dudas sobre este tema, puedes ponerte en contacto con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder de forma continuada a través del número de teléfono 900 21 50 80, de la página web www.consumoresponde.es, del correo electrónico consumoresponde@juntadeandalucia.es o del perfil de Twitter @consumoresponde.
