Contratos públicos “libres de toda sospecha” en Andalucía: una guía contra un “caldo de cultivo” de la corrupción

“Los grandes casos de corrupción no vienen de golpe”. Lo dice Ricardo Puyol, magistrado con destino en la Sección II de la Audiencia Provincial de Granada que desde octubre de 2021 dirige la Oficina Andaluza Antifraude, a partir de su experiencia en la judicatura. Por eso, las “instituciones de supervisión” como la que él dirige y la del Defensor del Pueblo Andaluz han presentado este martes una 'Guía de buenas prácticas en materia de contratación' a seguir por ambos organismos que pretende servir de parapeto a posibles irregularidades o fraudes en un ámbito árido pero que es “caldo de cultivo de la corrupción”, según asegura el propio Puyol. “Es un deber moral”, ha incidido ante los medios de comunicación.

El director ha hecho hincapié en que la guía tiene la intención de extenderse “a todo el sector público andaluz” para que se vaya “implantando”, seleccionado en primer lugar aquellos “sectores más proclives” a esas posibles irregularidades que “se detectan” a lo largo de ese tipo de procedimientos administrativos. El objetivo es que se convierta en referencia entre el funcionariado que participa en las mesas de contratación para evitar cualquier tipo de fraude en las contrataciones públicas y sirva de “instrumento” con “criterios prácticos de aplicación”.

Se trata, ha argumentado Puyol, de una materia “sensible” al fraude y a la irregularidad por lo que pretenden “irradiar” el contenido de la guía de buenas prácticas a las administraciones públicas en el marco de la “ética pública” de transparencia y publicidad, y que engloba las normativas y directivas comunitarias sobre contratación pública, así como en la propia Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, aplicables en este ámbito en todos los puntos del proceso de contratación pública, fijando pautas de actuación en la fase de preparación y adjudicación.

Pilares en la lucha contra la corrupción

Para Jesús Maeztu, ambas instituciones “predican con el ejemplo” aportando la nueva publicación con la que se aspira a “cortar una fuente de sospecha” en estos procedimientos públicos y servir de “referente” en la materia. La finalidad, han coincidido, es “extrapolar” su contenido a las instituciones públicas para que el dinero público del que se sirven este tipo de contrataciones quede “libre de toda sospecha”, ha insistido el Defensor.

Puyol, preguntado por los periodistas, ha comentado que la OAAF no ha recibido “ninguna denuncia” respecto a las recientes informaciones acerca los contratos de emergencia a dedo por parte de la Junta de Andalucía con clínicas privadas que el PSOE anunció que llevaría a la Fiscalía, o las contrataciones también de emergencia vinculadas a la Consejería de Fomento, insistiendo como hace un par de semanas que ese tipo de contrataciones por parte de la administración pública son “excepcionales pero necesarias en determinadas circunstancias”.

Ya desde el punto de vista de la guía, fruto de la colaboración entre el Defensor y la OAAF, instituciones parlamentarias de control, la publicación consagra la centralidad de la contratación pública en el diseño y ejecución de las políticas públicas, así como su importancia económica. Los pilares en la lucha contra la corrupción en materia de contratación pública y que han inspirado la elaboración de la guía han sido, entre otros, la planificación de la actividad contractual, la publicidad y transparencia en todas las fases del contrato, la fijación de protocolos internos que contribuyan a coordinar a las distintas unidades implicadas en un proceso de contratación, y la profesionalización y formación del personal implicado en los procedimientos de contratación.