Ante el juez por prevaricación dos exconcejales del PP en Córdoba
El próximo mes de abril dos exconcejales del PP en el anterior gobierno municipal del Ayuntamiento de Córdoba están llamados a declarar ante un juez “en calidad de investigados” –el término que sustituye ahora a ‘imputado’- por un presunto delito de “prevaricación administrativa”. De un lado, el exconcejal Rafael Navas –delegado de Turismo con el anterior gobierno municipal popular- está citado para declarar ante el juez el próximo 22 de abril, mientras que su excompañero del anterior gobierno municipal Miguel Reina –exconcejal de Deportes y padre del portero de la selección española de fútbol Pepe Reina- deberá hacer lo propio el día 25 de abril.
Así lo ha determinado el titular del juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba en sendas providencias –a las que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia- que vienen a investigar a los dos exconcejales populares tras la denuncia interpuesta por el sindicato CTA en octubre del año pasado.
La denuncia del sindicato apuntaba a la presunta prevaricación cometida por ambos exconcejales en contratos del Instituto Municipal de Deportes –presidido por el exconcejal de Deportes, Miguel Reina- y en el Alcázar de los Reyes Cristianos, que dependía del exconcejal Rafael Navas, responsable entonces del área de Turismo. Ahora, en base a la investigación llevada a cabo tras esa denuncia, los indicios apuntan a que ambos exconcejales hubieran cometido un presunto delito de prevaricación.
De un lado, se investiga el fraccionamiento de manera irregular de un contrato con el despacho de abogados Cuatrecasas, fraccionamiento que según denunció el sindicato CTA eludió así el máximo económico establecido en 30.000 euros para ese tipo de contrato y, dividido en los dos contratos que se hicieron sumaban realmente más de 36.000 euros. Y a esos contratos se sumaron posteriormente otros dos con el mismo despacho de abogados, que también superaron el límite legal.
De otro lado, el escrito del juez apunta a Rafael Navas también como “investigado” por otro delito de “prevaricación administrativa” que tiene que ver con la gestión del Alcázar de los Reyes Cristianos. La denuncia CTA tomada ahora en consideración alertaba sobre la misma práctica de fraccionamiento de contratos menores en lugar de un único contrato por una cantidad no establecida en los límites legales.
La empresa contratada en este caso sería EMTE, a quien el anterior gobierno municipal encargó la gestión del monumento y el espectáculo de luz y sonido que se desarrolla en su interior. Una contratación que se prorrogó por el anterior gobierno del PP pese a que expresamente no podía hacerse según establecía una cláusula del contrato, algo que fue denunciado públicamente por el nuevo equipo de gobierno a su llegada al Ayuntamiento junto a varios informes de técnicos municipales que alertaban de lo ocurrido.
