Cronología de un desencuentro
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13 de diciembre de 2011. El Consejo de Gobierno aprueba el Decreto-Ley de Medidas Urgentes en Farmacia.
1 de febrero de 2012. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía recoge la primera convocatoria pública para la selección de medicamentos que afectará a los tres grupos más consumidos: protectores gástricos, estatinas e inhibidores de la agregación plaquetaria.
19 de marzo de 2012. Salud adjudica a 11 laboratorios la primera subasta de fármacos.
30 marzo de 2012. El Ejecutivo del Gobierno central lleva el Constitucional el primer recurso sobre la adjudicación de los medicamentos y suspende la resolución de la Junta por la que se convocó el concurso.
8 de mayo de 2012. El pleno del Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso anunciado por el Ejecutivo, que entiende que la Junta invade competencias estatales al sacar a adjudicación pública algunos de los principios activos más consumidos. Por ello, anuncia la suspensión durante cinco meses de la vigencia y aplicación de las subastas.
17 de diciembre de 2012. Un auto del Tribunal Constitucional argumenta el levantamiento de las medidas cautelares en que “los intereses particulares de los laboratorios y empresas farmacéuticas no pueden prevalecer en modo alguno frente a los generales de reducción del gasto farmacéutico”. Pese a ello no se me inmiscuye en las cuestiones competenciales de fondo.
20 de diciembre de 2012. Salud publica la resolución del gerente del Servicio Andaluz de Salud por la que se iniciaba la segunda selección de medicamentos, que incluirá 330 principios activos diferentes.
26 de julio de 2012. El Constitucional admite a trámite el segundo recurso presentado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que intenta nuevamente parar la subasta. Esta vez, la impugnación del Gobierno se centra en el decreto de medidas urgentes de prestación farmacéutica aprobado por el Gobierno andaluz, que regula la convocatoria pública de medicamentos.
7 de febrero de 2013. El Servicio Andaluz de Salud firma con los laboratorios el convenio con el que se cierra la segunda convocatoria pública de selección de medicamentos, acuerdo que tiene una duración de dos años y por el que las empresas se comprometen al abastecimiento de los fármacos seleccionados.
26 de marzo de 2013. El Constitucional admite a trámite el tercer recurso interpuesto por el Gobierno central contra la nueva fase de las subastas de medicamentos de Andalucía. Sin embargo, esta admisión a trámite no supone la suspensión cautelar de la norma, ya que el Gobierno central no lo solicitó así.
22 de mayo de 2013. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Sevilla suspende el procedimiento judicial iniciado por el recurso de la Abogacía del Estado contra la Resolución de la dirección gerencia del Servicio Andaluz de Salud que aprobaba el listado definitivo de medicamentos seleccionados por convocatoria pública de la Consejería andaluza de Salud. Esta decisión conlleva igualmente, según destacó la Consejería, que no se adopten medidas cautelares sobre la selección de medicamentos y, por tanto, el procedimiento siga su curso.
5 de junio de 2013. El Gobierno aspira a prohibir por ley la subasta de medicamentos. El Partido Popular ha presentado una enmienda al Proyecto de Ley de Farmacovigilancia que modificará a su vez la Ley del Medicamento para que no se compren medicinas por debajo del precio marcado por el ministerio de Sanidad.