Andalucía reabre el curso político: los conservadores se reagrupan, las izquierdas se distancian
El nuevo curso político ha arrancado esta semana a dos velocidades en Andalucía: en el plano urgente, la Consejería de Hacienda ha convocado a Vox a una primera reunión para trazar las bases de la negociación de los Presupuestos Autonómicos de 2020, los primeros que estarán íntegramente diseñados por el nuevo Gobierno de PP y Ciudadanos. El anteproyecto de ley debe llegar al Consejo de Gobierno antes del 31 de octubre. La hoja de ruta está dibujada en el acuerdo alcanzado por las tres fuerzas conservadoras el pasado mes de junio: 34 puntos que empiezan a redefinir Andalucía fiscalmente, socialmente y desde el punto de vista del modelo productivo. Las cuentas de 2019 fueron parcialmente heredadas del último Ejecutivo socialista, pero las siguientes supondrán el número cero del nuevo ciclo político andaluz.
La formación de Santiago Abascal ha reaparecido esta semana en el Parlamento con el pacto presupuestario en las manos, señalando el encabezado donde aparecen juntos los logotipos de PP, Ciudadanos y Vox. “La piedra base del Gobierno andaluz es este pacto, no el acuerdo a dos de dos fuerzas que no suman”, ha advertido su portavoz, Alejandro Hernández. El partido de extrema derecha, llave para la estabilidad del Ejecutivo autonómico, condiciona su apoyo a las cuentas de 2020 al cumplimiento exhaustivo del pacto firmado en junio. Vox tendrá un papel mollar en la negociación presupuestaria. Ya ha empezado a hablar en términos de vetos y ultimátum que los socios, PP y Ciudadanos, tendrán que sortear como campo de minas para garantizarse las cuentas del próximo año. Pero todas las fuentes consultadas rezuman optimismo. “Hay más confianza y serenidad”, dice un portavoz de Hacienda.
La reciente decisión de Vox de apartar a su líder, Francisco Serrano, de la comisión de Igualdad se ha interpretado en la Junta como un intento de allanar la relación con sus socios. Serrano ejercía una pugna visceral contra las políticas de género de la Consejería de Igualdad, una obsesión personal y política que ha dado lugar a los episodios más conflictivos del nuevo Gobierno y las armas más sólidas a la oposición de izquierdas (la solicitud de los nombres de empleados públicos contra la violencia de género, la negación de la brecha salarial entre hombres y mujeres...).
Las políticas de género, en el huracán
Serrano se aparta, aunque el negacionismo de Vox respecto a las políticas de género y sus ataques al “feminismo progresista, iracundo e irracional” no decaen. El mismo portavoz del grupo, este miércoles, afeó a Ciudadanos que hubiera llevado a la comisión de Igualdad una proposición no de ley en defensa de las políticas contra la violencia de género. Una iniciativa, dijo, que “vulnera” el pacto presupuestario, en tanto que éste exige borrar el concepto “género” del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). La formación naranja terminó retirando su iniciativa, sin previo aviso, asegurando que volverán a presentarla “más completa”.
El optimismo con el que PP y Ciudadanos encaran el nuevo curso político ha contagiado a los agentes sociales -patronal de empresarios y sindicatos- que esta semana han comparecido junto al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, para reconocerle una “estabilidad política” que representa “el principal activo” de Andalucía para generar riqueza y empleo. Moreno va a citarse con las líderes de UGT y CCOO y con el presidente de la CEA cada seis semanas. Su intención es mantener un lazo corto y un diálogo permanente con ellos para evitar la conflictividad social que podría entorpecer la puesta en marcha de su modelo económico, un giro copernicano tras 37 años de políticas socialistas. Los sindicatos y los empresarios le han tendido la mano, y con ese gesto han dejado varada a la ex presidenta Susana Díaz, que se resiste a pensar que tiene por delante una legislatura larga y un Gobierno estable.
Elecciones a la vista
En otro plano, menos acelerado, la actividad parlamentaria seguirá sujeta a la provisionalidad hasta el 23 de septiembre, cuando se resuelva si finalmente se forma un Gobierno progresista en España o se precipita otra repetición electoral. Una de las estrategias ya visibles de la Junta pasa por atizar a diario a Pedro Sánchez para exigirle el dinero de las entregas a cuenta pendiente para cuadrar el Presupuesto de 2020 -más de 1.300 millones de euros- y la reforma del modelo de financiación autonómica. Son dos poderosas armas del Ejecutivo PP y Cs por varias razones. La principal: que los populares tuvieron el acierto, en la pasada legislatura, de arriesgarse a firmar un pacto insólito con PSOE y Adelante Andalucía con una propuesta de reforma de la financiación autonómica que proponía inyectar 16.000 millones de euros más a las comunidades, de los cuales 4.000 millones serían para Andalucía.
El diseño de aquel modelo fue de la entonces consejera de Hacienda y hoy ministra, María Jesús Montero, y el PP andaluz tiene la fortísima legitimidad de exigirle ahora algo que ya firmaron estando en la oposición, cuando el remitente en Madrid era el presidente Mariano Rajoy. Esta línea de confrontación entre el Gobierno central (PSOE) y el andaluz (PP-Cs) a cuenta de la financiación será, previsiblemente, pauta común de todos los debates que están por venir en el Parlamento. Empezando por el Presupuesto de 2020, que si acoge ajustes en el gasto, la Junta responsabilizará de ellos a Moncloa y la “asfixia financiera” a la que somete a Andalucía.
El riesgo: la experiencia andaluza
La incertidumbre por la falta de Gobierno en España marca a todos los partidos andaluces, pero en especial a los grupos de izquierda que mantienen un diálogo preferente en Madrid para formar Gobierno: PSOE y Unidas Podemos. En la capital, la desconfianza y el rencor mutuo que se profesan sus líderes parece abocar a unas elecciones en noviembre, aunque la presión externa es muy fuerte para evitar ese escenario. El riesgo, dicen los más cautos, es que a Pedro Sánchez le fallen los cálculos electorales como le fallaron a Susana Díaz el pasado 2 de diciembre: que el bloque conservador sume o se haga más fuerte y la gobernabilidad de la izquierda se haga más difícil o imposible.
Desde Andalucía, el PSOE regional y la líder de la formación morada, Teresa Rodríguez, tendrían mucho que advertir al respecto a sus jefes en Madrid (la gaditana se reincorpora a su puesto esta próxima semana, después de su permiso por maternidad). Pero las líderes andaluzas están descolgadas del centro de mando de sus partidos a nivel estatal, no tienen la confianza de sus dirigentes nacionales y, lo más importante: la desconexión de los dos grupos de izquierda en Andalucía, que ahora comparten oposición, es notablemente mayor que en Madrid. No hay diálogo, no hay estrategia común para fiscalizar al Gobierno conservador de Moreno y contrarrestar con propuestas progresistas. Es más, en los primeros meses de legislatura, la coalición Adelante Andalucía (Podemos-IU) ha ejercido un papel de oposición dual contra el Gobierno actual de PP y Cs, y contra el Gobierno anterior del PSOE, a quien responsabilizan de la “deriva conservadora de Andalucía”. Ni Díaz ni Rodríguez van a recomendar a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que limen sus diferencias y formen un Ejecutivo de coalición.
Si estas dos líderes están de acuerdo en algo es en que deben mantener distancias el uno del otro y, a lo sumo, pactar un acuerdo programático para un Gobierno en solitario del PSOE fiscalizado desde fuera por Podemos. Era el plan de Teresa Rodríguez antes de que las elecciones andaluzas del 2 de diciembre le negaran esa posibilidad aritmética y el bloque PP-Ciudadanos-Vox superase al bloque PSOE-Adelante Andalucía. La gaditana tenía muy presente el “fracaso” del Gobierno de coalición de PSOE e IU hace dos legislaturas, y no quería repetir un formato que, a la luz de los resultados, vigorizó a los socialistas y aplastó a los comunistas (pasaron de 12 a cinco diputados).
Tras los comicios, Rodríguez admitió que había sido un error estratégico adelantar en campaña que su intención era facilitar un Gobierno en solitario de Susana Díaz, y fiscalizar desde fuera un acuerdo programático. Esa doble faceta de ser Gobierno y oposición a la vez es, en suma, la principal razón que esgrime Sánchez para negarle a Iglesias la entrada en el Consejo de Ministros.
Críticos en el PSOE
En el plano interno, la dirección del PSOE andaluz ha sellado una paz fría con Ferraz -ocupada en los entresijos gubernamentales- pero también ha dejado emerger una corriente crítica ajena al sanchismo. Díaz ha hecho cambios profundos en el grupo parlamentario, relegando a personas que no hace ni dos meses había promocionado para encarar una supuesta renovación. El cese como portavoz parlamentario de Mario Jiménez -otrora hombre fuerte del grupo y portavoz de la gestora que pilotó el PSOE federal tras la dimisión forzada de Sánchez- y la retirada de atribuciones a diputadas emergentes, como la jiennense Ángeles Ferriz (nombrada portavoz hace seis meses, pero sin apenas espacio público) o la onubense María Márquez (Jaén y Huelva fueron las provincias que pactaron las listas electorales de las generales con Ferraz sin mayor sobresalto).
Todos estos cambios, que la dirección regional enmarca en la normalidad estratégica del partido, han desatado un malestar indisumulado en las filas del PSOE. Un malestar que está latente y que seguirá así, sin cristalizar en un movimiento crítico con nombres y apellidos mientras no se forme Gobierno en España. Si finalmente Sánchez es investido presidente, Ferraz puede reabrir el escenario orgánico y los críticos a Susana Díaz tendrán que decidir si se miden con ella en un congreso para arrebatarle el liderazgo.
