“No puedo en ningún momento abdicar de mi responsabilidad de exigir lo que corresponde a Andalucía”, insiste Susana Díaz, para quien “no hay nadie, ningún economista”, que le pueda explicar por qué se ha hecho “este reparto de los fondos de convergencia”. Incide en el “atropello” que supone la aplicación del modelo de financiación. “Se quita el dinero a los andaluces para dárselo a los que tienen menos desigualdad, menos paro, menos necesidad de converger. Y lo que es peor, a los que no han hecho los deberes”.
Se ha aprobado sólo una del PP-A: el Parlamento de Andalucía muestra su más enérgica repulsa ante los casos de violencia de género acontecidos en Andalucía, a la vez que muestra su solidaridad con las víctimas, familiares y allegados e insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a situar al margen del debate político y partidista la lucha contra la violencia de género, a intensificar la labor contra la violencia machista, a favorecer la unidad y coordinación entre administraciones públicas, partidos políticos y ciudadanía, a disponer del presupuesto suficiente para la prevención, protección y asistencia integral a víctimas, así como a la ejecución íntegra de dichas partidas, a la prevención y la concienciación de manera especial a través de la Educación y al desarrollo íntegro y efectivo de la Ley 13/2007 de prevención y protección contra la violencia de género.
José Muñoz hace un alegado en defensa de la política para recuperar “la confianza de la ciudadanía” y para que estos debates “le parezcan útiles” a la gente.
IU enfada a las filas del PP-A cuando su diputada Alba Doblas les recrimina la mayoría absoluta “ilegal” con una ley electoral que discrimina