El Gobierno de Andalucía está convencido de que para 2018 podrá presentar unos presupuestos autonómicos expansivos, que reflejen la recuperación de la economía que cree que se está produciendo. Incluso después de tener que meterle una tajada a los ingresos modificando a la baja el impuesto de sucesiones y donaciones y el tramo autonómico del IRPF, para garantizarse el imprescindible voto de C's, y tras ajustarse a las exigencias del Gobierno de España en materia de techo de gasto y objetivo de déficit conocidas estos días.
¿Cómo? Porque espera una compensación con las entregas a cuenta y la liquidación, otros dos parámetros que marca el Gobierno de España para la elaboración de los presupuestos autonómicos. La liquidación la cifró este martes Cristóbal Montoro en 200 millones de euros más para Andalucía. Las entregas a cuenta, que son más determinantes, se revelarán a finales de mes. Hasta entonces, el ejecutivo de Susana Díaz se siente en la obligación de denunciar la “injusticia” que cree que se produce por parte del departamento que lidera Cristóbal Montoro a la hora de definir estos criterios y por la no reforma del modelo de financiación de las comunidades autónomas (CCAA).
Por eso el Gobierno de Susana Díaz ha activado toda su maquinaria para este cometido, lo que por otra parte es habitual en esta época del año, con tres hitos:
- Constitución de una comisión entre el PSOE y C's para negociar la rebaja fiscal que le garantice los votos suficientes para sus cuentas, el pasado 14 de junio.
- Propuesta en el Parlamento de Andalucía de un grupo de trabajo para un posicionamiento en torno a cómo debe ser la reforma del modelo de financiación, que se votará en el pleno que empieza este miércoles;
- Y tirar de todo el argumentario posible contra Mariano Rajoy en esta materia, con informe incluido, que se ha presentado en el último Consejo de Gobierno.
Lo ha dado a conocer la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, quien se declara “en rebeldía democrática pero legal porque la Junta de Andalucía seguirá cumpliendo” con estas decisiones, a la vez que se reconoce “optimista” pero “prudente” cuando se le pregunta si habrá presupuestos autonómicos expansivos en 2018.
El informe, con las consecuencias para Andalucía sobre todo desde la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012, ofrece datos de cinco puntos claves en una cuestión que puede sonar tan espesa como la financiación, pero que después de todo no se trata más que de conseguir que la supuesta recuperación de la economía la noten los ciudadanos con las inversiones en su territorio y con unos servicios públicos mejores. Esos puntos son: techo de gasto, objetivo de déficit, modelo de financiación, liquidación y entregas a cuenta.
Objetivo de déficit
Es el porcentaje del PIB (producto interior bruto) sobre el que se puede gastar por encima de los ingresos y que para 2020 debe ser del 0,0% en el caso de la Administración General del Estado (AGE), CCAA y consistorios, mientras que para la Seguridad Social (SS) se concede un 0,5%. En esa senda para llegar a un 0,0% como impone Bruselas, el Gobierno de España ha sido más exigente con las corporaciones locales y las CCAA, reservándose para sí más margen y aprovechando incluso el superávit que ya presentan los consistorios para mejorar sus resultados.
En la Conferencia de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de la pasada semana se conoció el objetivo de déficit para las CCAA en 2018: 0,3%, o sea la mitad que en 2017 (0,6%). Mientras, para 2019, se mantiene en la previsión de 0,0%. Eso supondrá para la Junta de Andalucía tener que renunciar a un gasto de 450 millones de euros cada uno de los dos siguientes ejercicios. Pedía mantenerlo en el 0,6% un año más y aprovechar 2019 para otra rebaja y con ello llegar a 2020 con ese 0,0%.
La Junta de Andalucía ha calculado en su informe que este calendario impuesto por el Gobierno de España entre 2012 y 2016 ha supuesto una reducción del PIB de Andalucía del 1,8% de promedio por ejercicio. También que, si la distribución del objetivo de déficit para las distintas administraciones se hiciera en función del peso que en el gasto tiene cada una, la comunidad autónoma recibiría entre 2012 y 2020 un total de 11.292 millones de euros más.
Paradójicamente, mientras el Gobierno de la Nación ha reducido un déficit poco más del 50%, las comunidades autónomas lo han hecho en un 75%. La propia Junta de Andalucía presume de haberlo cumplido desde 2013 (adecuando sus cuentas, reduciendo su deuda financiera y reduciendo su morosidad con los proveedores) y critica que no haya más margen para las CCAA que lo hacen. “El Gobierno de España que pretende dar clases sobre cómo cumplir los criterios de estabilidad incumple la parte más cómoda que se reserva a sí mismo y se apropia del superávit de los consistorios que no pueden gastarlo”, ha criticado. Igual que ha censurado que Cristóbal Montoro “se niegue a responder en función de qué criterios fija el objetivo de déficit para las distintas administraciones”.
Techo de Gasto
Relacionado con el anterior, es el tope que el Gobierno de España pone a las administraciones para gastar y se ha dado a conocer el pasado lunes. Se ha fijado de manera que para 2018 habrá un incremento del 1,3% con respecto a este ejercicio, lo que supone que se podrán gastar 1.497 millones de euros extras, pero en total en todos los ministerios. Para la Junta de Andalucía, ha sido “otro jarro de agua fría”, porque es “raquítico” si hay una mejoría de la economía. En esta línea, la consejera ha explicado que “conforme nos acercamos al objetivo de déficit, el problema es la regla de gasto”, que mal aplicada, “impide la convergencia de las regiones infra financiadas.
Entregas a cuenta
Es la cantidad que la comunidad autónoma recibe en función de su participación en la previsión de la recaudación por tributos que, por entenderse que la economía está creciendo, debe ser mayor que para el presente ejercicio. “En las entregas a cuenta esperemos que no nos encontremos con una sorpresa”, ha comentado María Jesús Montero, en referencia a una información que probablemente tenga el 31 de julio.
“Hasta que no lo sepamos, no podremos ni siquiera hacer un boceto de cómo se puedan comportar los ingresos, pero es verdad que ya partimos de una situación: -450 millones de euros. Sería inexplicable para los ciudadanos que las comunidades autónomas tuvieran que hacer un presupuesto restrictivo”, ha subrayado, por lo que confía en que con las entregas a cuenta se “compense” que Cristóbal Montoro ha “metido la pata con el déficit”.
Liquidación
Es la cantidad que sale a devolver o pagar a cada territorio en función de cómo de ajustadas hayan sido las entregas a cuenta. Va con un par de ejercicio de retraso. La de 2014, con la que se elaboraron el pasado año las cuentas de 2017, fue positiva para Andalucía, a la que correspondieron unos 900 millones de euros más sobre lo que el Gobierno de España había previsto en las entregas a cuenta. La de 2015 son esos 200 millones de euros que ha anunciado Cristóbal Montoro.
Modelo de financiación
Es la madre del cordero. La consejera ha recordado que “lleva vencido desde 2013 sin que haya ninguna intención clara de remodelarlo”. Los cálculos de la Junta de Andalucía son que el territorio ha dejado de recibir en los últimos seis años 4.672 millones de euros por la incorrecta aplicación del mismo. “La comunidad autónoma necesita con urgencia la reforma del modelo de financiación”, ha reclamado.
Todo ello está relacionado y lleva a una conclusión: “Condena a Andalucía a mantenerse alejada de la media”, es decir, veta su posibilidad de converger con el resto de territorios. De hecho, el gasto por habitante en 2016 se situó en 2.679 euros, 384 por debajo de la media.
Los dos “mantras” del PP
Todo ello ha servido para rechazar dos frases recurrentes del PP contra el Gobierno de Susana Díaz. La primera, que Andalucía es la comunidad autónoma que menos gasta en sanidad o educación por habitante. La consejera lo ha atribuido a un sistema de financiación que hace que Andalucía cada año reciba 659 euros menos que la comunidad autónoma mejor financiada, lo que la obliga a “llevar a cabo medidas innovadoras” para intentar paliar esto, como por ejemplo la subasta de medicamentos que a su vez ha sido tantas veces impugnada, sin éxito, por el Gobierno de España. “Pero imposible llegar al último piso sin tener un descansillo entre planta y planta”.
La segunda es que el PP acusa a la Junta de Andalucía de no ejecutar los presupuestos autonómicos. La consejera ha definido como “otro mantra” que el PP de Andalucía hable de 10.000 millones de euros que se han dejado de gastar entre 2012 y 2016, “pero no responden a la realidad”. Ha reducido la cantidad a 2.900 en esos cuatro años. “Es una inejecución técnica. No hay ninguna administración que ejecute el 100%”, ha puntualizado.
Ha recordado que de ese periodo hay 4.067 millones de euros de fondos europeos, que se han reprogramado hasta llegar a una ejecución del 100%. Esa necesidad de posponerlos la ha atribuido a las propias exigencias de verificación de estos fondos europeos, que no dependen de la Junta de Andalucía.
La negociación con C's
Con este panorama, la consejera ha insistido en la necesidad de esperar a las entregas a cuenta y la liquidación antes de hacer cábalas sobre la posibilidad de rebajar los impuestos como exige C's, cuyo voto ha garantizado las cuentas de 2016 y 2017 en el trámite Parlamento de Andalucía. Si ha censurado la “irresponsabilidad” del PP de Andalucía cuando hace una “campaña de deslegitimización” sobre el impuesto de sucesiones y donaciones, “con lo que pone en cuestión que el Gobierno de España no se haya pronunciado sobre este tributo”.
Sobre ello ha hablado también la presidenta en su participación en los Encuentros SER. Ha garantizado que habrá reforma fiscal porque lo ha pactado con C's para su investidura. “Lo que firmo lo cumplo. Siempre. Hay un compromiso de investidura con C's que permitió un gobierno”, ha sentenciado Susana Díaz. Pero también ha remarcado que hay que afrontar la reforma, “desde el rigor, y eso exige primero saber qué tenemos y con cuánto contamos, y en función de eso tomar, otro tipo de decisiones que no pongan en peligro jamás los servicios públicos”. Eso se sabrá, ha coincidido con la consejera, cuando se conozcan las entregas a cuenta a la comunidad autónoma: “Ya hemos conocido el primer hachazo. Veremos qué sigue”.