Tras los primeros intentos de IU antes de acabar la pasada legislatura, en Andalucía se están dando los pasos hacia “un régimen sancionador adecuado” contra la LGTBIfobia. Ese impulso normativo aprobado por unanimidad por el Parlamento andaluz podría desembocar en una ley similar a la que aprobó el Parlament de Catalunya hace ahora un año y publicada en el BOE del 20 de noviembre de 2014.
Los argumentos para ello, más allá de valoraciones o prioridades, residen en los datos: Andalucía acapara en los dos últimos los delitos de odio registrados por los cuerpos policiales vinculados con la orientación sexual de la víctima. Las cifras son claras: en 2014, el 37% de los delitos de odio contra homosexuales etc se registraron en Andalucía (188 del total de 513 en España). En el año anterior (2013), cuando por primera vez en España se recopilaron y publicaron cifras oficiales relativas a delitos, faltas e infracciones administrativas que pueden ser catalogadas como delitos de odio, el porcentaje andaluz fue incluso mayor, del 44% (201 del total de 452).
“Seguimos viviendo episodios cotidianos de LGTBIfobia (homofobia, lesbofobia, transfobia y bifobia) y debemos reconocer que la sociedad necesita superar prejuicios y estereotipos, anclados en el pasado, para seguir avanzando en derechos sociales”, decía el texto de la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista, apoyada por el resto de grupos políticos andaluces y refrendada por los datos oficiales, procedentes de hechos registrados por Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Mossos d´Esquadra, Policía Foral de Navarra, Policía Local y facilitados al Sistema Estadístico de Criminalidad.
Para Gonzalo Serrano, presidente de la federación andaluza Arco Iris, “en lo cotidiano, las asociaciones por los derechos LGBTI dedicamos parte de nuestra energía a 'empujar' a las instituciones para que actúen en la prevención de la homofobia, la bifobia y la transfobia. Además en los casos de discriminación o agresiones contra la comunidad LGBTI nos vemos en la obligación de acudir a los tribunales para cuestiones que podrían haberse prevenido o incluso haber sido sancionadas de forma administrativa”.
Serrano apunta que “queremos una ley que regule de forma clara y explícita estas cuestiones para que las instituciones asuman su papel autónomo de sensibilización y normalización de la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad, siempre con el consejo y guía de las asociaciones, que somos quienes tenemos la experiencia acumulada durante años de activismo”. Igualmente pide “que la administración se dote de mecanismos propios, regulados por esta ley que demandamos, que garanticen sanciones a quienes, ya sean empresas, instituciones o individuos, fomenten o practiquen la discriminación y el odio hacia nuestro colectivo”.
Movimiento contra la Intolerancia apuesta por una ley general antidiscriminación
A juicio de la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA), Mar Cambrollé, “cuando sectores sociales a los que se les ha privado de derechos civiles y sociales que les equiparen en igualdad alcanzan mediante leyes la Igualdad ”legal“, como en el caso de gays y lesbianas con el matrimonio igualitario, y las personas trans con la ley integral andaluza, el Gobierno tiene la responsabilidad de que esa igualdad legal no sea atacada desde el odio a no respetar los derechos de personas que son diversas”.
“Es una necesidad la garantía de la igualdad mediante un marco jurídico que promueva el respeto y sancione cualquier ataque verbal, físico, personal o institucional. Eso también es cumplir con las recomendaciones europeas en materia de delitos de odio”, señala también la presidenta de ATA. Precisamente, el 20 de noviembre también se conmemora el Día Internacional de la Memoria Trans en recuerdo de las personas asesinadas por transfobia.
Sin embargo, a juicio de Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, defiende dos leyes, una general antidiscriminatoria por la igualdad de trato (y no varias particulares contra las 'fobias') y una ley integral contra los delitos de odio, es decir, “una legislación que proteja en todos los campos a todos los colectivos”, la primera se correspondería con el orden civil y social, y la segunda con el orden penal que cuide como bien jurídico de la dignidad humana.
En este sentido, explica por un lado que “el delito de odio está motivado por la intolerancia al diferente” y que, por otro, la lucha contra el trato menos favorable es lo que vienen determinando las directivas europeas, que sanciona a la persona que presuntamente ha discriminado a otra. “Imagínate 17 leyes por 17 autonomías y 20 factores de discriminación distintos, no tiene sentido”.