¿Brotes verdes? Los datos más recientes sobre demandas por despido presentadas en los juzgados de lo Social andaluces no los representan. Entre enero y marzo de este año se interpusieron 6.596 demandas por despido, un 16,3 % más que en el primer trimestre de 2012. Dicho de otra forma, en Andalucía se interponen 73 demandas por despido cada día.
“Ahora hay mayor facilidad para el despido, es más barato”, indica Antonio Reinoso, representante del Poder Judicial en Andalucía Occidental y presidente de la Sala de lo Social del TSJA en Sevilla. “Las empresas se aprovechan”, dice mientras revisa papeles en su despacho del Palacio de Justicia, donde contabiliza 28 despidos colectivos en los seis primeros meses de 2013, “alguno de hasta 800 trabajadores”. “La reforma laboral admite ahora esta posibilidad”, recuerda Reinoso.
Una reforma que celebra este viernes su primer aniversario desde su aprobación definitiva, “una reforma para el empleo estable” y que pretendía “facilitar al máximo la contratación”, en palabras de la ministra Fátima Báñez y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Cumple un año pero no cumple objetivos. En 2012 se batió el récord de demandas por despido en Andalucía, con 24.836, y un trimestre también récord, el último entre octubre y diciembre, con 6.694 demandas.
Las declaraciones de Báñez y Santamaría son de la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del 10 de febrero de 2012. La reforma laboral entraba en vigor dos días después con su publicación en el BOE. Después, el 28 de junio, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobaba su versión final tras la incorporación de 85 enmiendas de todos los grupos parlamentarios.
Un aumento del 24,3% entre 2011 y 2012
Según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la evolución anual completa entre 2011 y 2012 del número de demandas por despido (19.981 y 24.836, respectivamente) en los 56 juzgados de lo Social de Andalucía refleja un aumento del 24,3%. El porcentaje es bastante superior al interanual 2010-2011, cuando se incrementó un 8,8%. Esta estadística se disparó al inicio de la crisis (2007-2008), momento en el que se contabilizó un aumento del 62,8%.
Son demandas registradas en los juzgados de lo Social donde se incluye, asimismo, la extinción por causas objetivas y la impugnación de modificación de condiciones de trabajo o traslados individuales. “Es una consecuencia directísima de la crisis”, opina el representante judicial, que ejemplifica la situación con las pymes: “Las pequeñas empresas no tienen entrada económica y tienen que echar a algún trabajador”.
En el caso de los despidos colectivos, cuya resolución en las tres salas de lo Social de Andalucía (Granada, Málaga y Sevilla) tiene carácter preferente, “las reglas del juego han cambiado”, señala Antonio V. Sempere, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, quien de cualquier forma considera “equivocada la idea de que la empresa puede unilateralmente reducir salarios, suspender contratos o despedir trabajadores”. “No existe seguridad matemática de cuál será el criterio de los tribunales respecto de un caso concreto”, añade.
“Buenas dosis de sentido común siempre son recomendables en este tema: ni una pequeña caída de ventas puede justificar una drástica minoración de plantilla, ni una situación compleja debe impedir que se ajuste su volumen”, señala Sempere, quien entiende que “los propios tribunales van evolucionando a medida que conocen mayor número de casos”.
En opinión de la secretaria de Empleo e Institucional de CCOO-A, Nuria López, los datos de demandas por despidos son “una causa directa de la reforma laboral” que constatan el “fracaso” de la misma en sus principales objetivos, ya que ha conllevado “precarización de las condiciones laborales, aumento de mano de obra barata y facilidad para la salida de los empleados de las empresas”. “Se ha acabado con la dualidad de las contrataciones, sí, pero a favor de la temporalidad”, porque “el que tenga un contrato indefinido, que lo ponga en un marco”.
Una esperanza en los tribunales
A su juicio, “la reforma ha permitido que los empresarios enjuaguen sus plantillas de forma rápida y fácil” y ha servido para “abrir la puerta a los despidos”. López advierte, de cualquier forma, una “ventana” al optimismo en la posición de los tribunales, que “están echando para atrás” los despidos colectivos. Ante ello, también espera “sentencias que sienten jurisprudencia clara” al respecto y la resolución de los recursos de inconstitucionalidad presentados en este sentido.
“La reforma laboral sirve para despedir a la gente”, dice contundentemente María del Mar, secretaria de Relaciones Laborales de UGT-A. “Las perspectivas de trabajo son nulas y ahora es fundamental pelear el puesto de trabajo”, por eso la gente acude a los juzgados a reclamar su despido, “porque el sentido de injusticia es ahora mayor entre los trabajadores”.
“Los empresarios están haciendo ese uso de la reforma”, porque “no les cuesta echar al empleado” si después pueden contratar a “alguien con menos salario” que va a aceptar el trabajo “porque no le queda otra”, lo que genera por otra parte una “tensión general en los empleados de cualquier empresa”
Por su parte, desde la Confederación de Entidades Para la Economía Social de Andalucía (Cepes-A), su vicepresidente, José María Algora, se indica que con la reforma “no se constata nada en positivo ya que no ha conseguido ni crear empleo ni frenar la disminución del mismo”.
También destacó que por primera vez los beneficios hayan superado a los salarios, algo que consideró “una situación preocupante, como preocupante es que las reformas no estén orientadas al mantenimiento de la actividad sino todo lo contrario”.
Despidos, reclamaciones de cantidades o reclamaciones en materia de Seguridad Social se dirimen en unos juzgados de lo Social de Andalucía, Ceuta y Melilla ya de por sí bastante saturados. Un cóctel muy completo con el añadido el último año de los efectos de la reforma laboral. Antonio Reinoso admite retrasos de un año, “una rémora proviene desde la inauguración de la Sala, allá por 1985”. Y es que “entran más asuntos de los que se resuelven”, una mal endémico de los tribunales.
Bajo jurisdicción del TSJA hay 56 juzgados de lo Social. En el pasado año estos órganos ingresaron 73.482 asuntos (7% más que en el año 2011) y resuelto 66.286 asuntos (8% más que en el año 2011), quedando pendientes a final de 2012 un total de 59.522 asuntos (7.468 asuntos más que en el año 2011), lo que supone un incremento de la pendencia (asuntos pendientes de resolución) en un 14%.
La forma en la que terminaron los asuntos resueltos fue en un 53% de los casos por sentencia, en un 17% por conciliación y en un 23% por desistimiento, dictándose un total de 30.441 sentencias (65% estimando la demanda). Además, se han devuelto 8.507 recursos de suplicación, el 76% confirmando la sentencia, el 15% revocándola totalmente, el 6% revocándola parcialmente y el 3% restante anulándola.
La carga de trabajo en vigor, de forma experimental, para los juzgados de lo Social se sitúa en una orquilla de 670 a 800 asuntos (los años precedentes estaba fijada en 850 asuntos), según marca el CGPJ. La tasa de asuntos ingresados es superior a ese módulo referencial en todos los juzgados, excepto en Ceuta y Melilla, al igual que en los órganos mercantiles. Esa superación es amplia en los partidos judiciales de Almería, Algeciras, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga, y Sevilla, que doblan el máximo permitido y atienden en torno a los 1.600 asuntos. Esta circunstancia, junto a la consideración de media de asuntos ingresados en los últimos años, pone de manifiesto la necesidad crear nuevas plazas judiciales en todos ellos, según la última memoria del TSJA.
Por materias, los asuntos registrados en los juzgados de lo Social de Andalucía, Ceuta y Melilla se distribuyen en 37% de reclamaciones de cantidades, 34% de despidos y 20% de reclamaciones en materia de Seguridad Social. Los conflictos colectivos, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, impugnación de actos administrativos en materia laboral y social y los derechos fundamentales y libertades públicas no llegan al 1% del total de ingresos.
“Es una jurisdicción con un número de entrada muy superior a lo previsto por el CGPJ”, lamenta el juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero “y que cada año va aumentando”. “Entran más asuntos de los que se pueden resolver” y “la solución pasa por tener más jueces de lo Social”, reclama el decano.
Actualmente, dos magistrados en comisión de servicio y sus correspondientes secretarios judiciales tratan de paliar la situación en los juzgados sevillanos. “Quizá sea un sistema cercano a lo que entendemos debe ser el futuro, ya que no comporta un incremento radical de funcionarios”, explica, reconociendo que suponen “cierto apoyo” a aliviar la carga judicial.
Antonio Reinoso es de otra opinión y su preferencia es la de nuevos “juzgados volantes”, provisionales, que ayuden temporalmente a limpiar los juzgados de asuntos, aunque después se disuelvan, pero que se creen de forma “integral, con su personal, su secretario judicial, su juez”.