Ya son casi 80 los alcaldes acusados de mantener simbología franquista en las calles. No son pocos los hitos que ensalzan en España la Guerra Civil y la dictadura. Es una queja reincidente de los movimientos memorialistas y de defensa de los derechos humanos. Y una realidad penal, desde febrero pasado, ampliada ahora tras la denuncia contra otros 42 ayuntamientos por incumplir, presuntamente, la ley de Memoria Histórica.
Numerosos pueblos y ciudades conservan estos vestigios. Desde calles a plazas, honores, distinciones y monumentos, nombres de colegios o instituciones e incluso equipos deportivos. Cientos, miles… repartidos por suelo patrio. Es lo que entienden los promotores de estas querellas, representados en el abogado Eduardo Ranz: permitir los símbolos que hacen apología del fascismo significa incurrir en un delito “de desobediencia”.
Las denuncias penales “y derechos de petición” llegan esta vez (14 de abril, conmemoración de proclamación de la Segunda República) contra los ayuntamientos, y alcaldes, de Madrid, Sevilla, Valencia, Vigo, Zaragoza, Pamplona, Salamanca, Córdoba, Melilla o Santander. También Soria, Cuenca, A Coruña, Guadalajara, Gijón, Oviedo, Almería, Badajoz, Las Palmas de Gran Canaria, Burgos, Cáceres, Ávila, Cartagena, León, Huesca, Zamora, Teruel y Toledo.
O contra los consistorios y primeros regidores de Cabezón de la Sal, San Vicente de la Barquera, Cantalejo, Celanova, Hondón de los Frailes, Lumbrales, Brunete, Ciudad Rodrigo, Tarazona, Sacedón, .Buendía, Brunete y Arganda del Rey. Estos municipios, sumados a los 38 señalados el pasado 11 de febrero (aniversario de la Primera República), alcanzan la cifra de 80 denuncias de retirada de simbología franquista y más de un centenar de vestigios. Todas realizadas “a título particular”, salvo Zaragoza y Cartagena, al unísono “con los colectivos de memoria histórica de allí”.
Los alcaldes “han incumplido” la ley memorialista
Existen excepciones entre los escritos presentados en los diferentes juzgados de instrucción para formalizar las acusaciones. Caso de los alcaldes aforados, contra los que se interpone denuncia en el Tribunal Supremo. Como Juan José Imbroda (Melilla), Juan Alberto Belloch (Zaragoza), Emiliano García Page (Toledo), Manuel Blasco (Teruel) o María Elena Nevado (Cáceres), todos senadores, además del diputado nacional Antonio Román (Guadalajara).
La “fundamentación legal” de estas denuncias, expone Eduardo Ranz, “radica en que hasta la fecha los alcaldes y ayuntamientos han incumplido” la conocida como ley de Memoria Histórica. En concreto, en los artículos que refieren la retirada de símbolos y la elaboración de un mapa de vestigios.
Tampoco han aplicado, dice el letrado, “la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de otros juzgados y tribunales establecida al respecto y han hecho el más omiso de los casos del informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmado en París el 17 de marzo de 2006 y del informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición (de la ONU), Pablo de Greiff, de 22 de julio de 2014”.
El inicio de estos procedimientos de retirada de símbolos que exaltan la Guerra Civil, el periodo dictatorial o la represión fascista, está basado en la acción conjunta. Escritos que denuncian “penalmente a los alcaldes y alcaldesas de los municipios, a título particular, en base a un delito de desobediencia del artículo 410.1 del Código Penal”. Y, “subsidiariamente”, continúa, “de una falta contra el orden público”.
De forma paralela, en cada ayuntamiento se presenta un “derecho fundamental de petición” que se atiene a la Constitución Española de 1978 “en donde se solicita se proceda a la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetivos o menciones conmemorativas de exaltación de la sublevación militar y represión de la dictadura”. A cada consistorio se le solicita además “que proceda a la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la dictadura franquista”.
Madrid desestima “la retirada de simbología”
La anterior denuncia colectiva, como en este caso, lleva asociada un escrito “de queja a la Defensora del Pueblo”, Soledad Becerril. Aquella vez eran un total de 86 símbolos repartidos entre Albacete, Alicante, Almería, Astorga, Ávila, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Burgos, Ceuta, Cáceres, Córdoba, Fuentes de Oñoro, Guadalajara, Huelva, Las Navas del Marqués, Las Palmas de Gran Canaria, Lugo, Madrid, San Lorenzo de El Escorial, Medina del Campo, Melilla, Oviedo, Palencia, Palma de Mallorca, Quart de Poblet, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarifa, Tortosa, Utrera, Verín, Vigo, Villamuriel de Cerrato, Zamora y Zaragoza, así como embajadas españolas en Marruecos, Panamá y Bolivia.
Los promotores de las denuncias han recibido varias contestaciones desde entonces. La defensoría del pueblo “ha resuelto iniciar actuaciones ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Federación Española de Municipios y Provincias”, apunta Ranz. El abogado espera que el informe de esta institución “sea muy crítico con la falta de actuaciones de las administraciones”.
Respondió también el Ayuntamiento de Madrid, que desestima “la retirada de simbología por entender que son responsables los ministerios y estiman la petición de elaboración del mapa de vestigios, dando traslado al delegado de Gobierno de las Artes”. En la nueva denuncia, sí se solicita a Ana Botella el “cambio de nombre de calles” madrileñas.
Otro consistorio que ha emitido respuesta es el de Sevilla, aunque el escrito se limita a referir que la solicitud “se ha remitido a la Dirección General de Régimen Interior y a la Delegación de Urbanismo, Medio Ambiente, Parques y Jardines, para su tramitación en el ámbito de las competencias municipales”.
La resolución “de la defensora del pueblo”, esperan “se contagie al resto de las instancias locales y tribunales de Justicia, donde también hay reclamaciones” no resueltas “sobre la memoria”. Como jurisprudencia, el letrado indica la resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Bilbao, “que estima son competentes los ayuntamientos para retirar las denominaciones de las calles”. Estas acciones, junto a otras, señalan, generarían “la reparación que necesitan las víctimas y, por tanto, que se cierren las heridas”.