El descontento del campo vacía el granero tradicional de votos de la izquierda ante las elecciones de Andalucía

El mundo del campo se manifestó masivamente el pasado domingo por las calles de Madrid. Andalucía, que representa un 34% del valor agrario añadido al conjunto del país, fue la comunidad que más agricultores, ganaderos y cazadores aportó a la protesta, que reunió a más de 150.000 personas según el cálculo de la Delegación del Gobierno.

Pero esa multitud concentra realidades, problemas y reivindicaciones tan dispares como la propia fisonomía del campo andaluz: 87.600 kilómetros cuadrados –el 17% de la superficie de España– con seis sistemas agrarios distintos: la dehesa, la campiña, el olivar, el bajo Guadalquivir, el litoral y las sierras béticas, cada uno de ellos con varios ecosistemas diferentes. En total, la superficie agraria útil en Andalucía supera los 4,40 millones de hectáreas, aproximadamente el 50% de la superficie total de la comunidad.

Esta convocatoria era una mezcolanza de sensibilidades, a veces irreconciliables entre sí, que hizo caminar juntas a las organizaciones agrarias Asaja, UPA, COAG y las Cooperativas Agroalimentarias; a la Federación Española de Caza; a la Asociación de Ganaderos de Razas Selectas; a los Criadores de Toros de Lidia y a la asociación Alianza Rural.

Quizá a ojos de un burócrata de Madrid, su protesta es la misma. Para un andaluz, es como meter en el mismo saco a jugadores de fútbol del Madrid y del Barça, con jugadores de baloncesto del Estudiantes y el Unicaja, con jugadores de balonmano y saltadores de pértiga, porque todos se dedican al deporte. La protesta del campo está parcelada en mil protestas: por tipos de cultivo, por tipos de ganado, por tipos de territorio...

El campo no es de derechas ni de izquierdas. Si yo hubiera estado en Madrid ese día, me habría unido a la manifestación

¿Cómo se puede hacer una foto fija de una realidad tan heterogénea? En la manifestación de Madrid confluían problemas endémicos que arrastra la actividad agrícola y ganadera con una crisis coyuntural (o no) que infló el volumen de la protesta: por encima de todo, los precios que perciben por los productos que cultivan son de muy baja rentabilidad para quienes trabajan todo el año la tierra; la nueva Política Agraria Común (PAC) que se negocia en Bruselas ofrece pagos desiguales según cultivo y territorio, y no concilia las necesidades de todos; los costes de producción se han vuelto insostenibles a consecuencia de una inflación galopante, agravada por la guerra de Putin, los precios del carburante y de la luz disparados; el precio de los fertilizantes a los que les obliga la directriz europea en materia medioambiental; la sequía, la falta y el deterioro de las infraestructuras hídricas; el encarecimiento de materias primas fundamentales para la ganadería, como el maíz, los cereales y la soja, como consecuencia del conflicto en Ucrania; la sequía, la sequía, la sequía.

A esto se une la sensación muy generalizada entre agricultores, ganaderos y el mundo de la caza, de que les hacen responsables del cambio climático. A veces por los recelos propios del sector a adaptarse a las políticas consensuadas en Europa en materia medioambiental para hacer sostenible su actividad; otras por tropiezos discursivos del Gobierno, al abordar temas complejos como el consumo de carne, las llamadas macrogranjas, la protección del lobo, los recelos ante la cacería o los toros.

En la línea de flotación del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos prima la lucha contra el cambio climático, los retos de la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible, comprometidos en el marco de Naciones Unidas. Existe el marco mental, fomentado por Vox, y en parte también por ciertos dirigentes en el PP, de que estas políticas son incompatibles con las necesidades y demandas del mundo rural, cuando no una clara amenaza.

“La vaca no es lo que estorba”, resume, de forma simbólica, la eurodiputada socialista Clara Aguilera, vicepresidenta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural en el Parlamento Europeo. “La lucha contra el cambio climático necesita como cómplice al mundo del campo. Si en lugar de hacerlos partícipes les señalamos como culpables, no conseguiremos los objetivos marcados”, advierte.

Un sector envejecido, una “sociología extraña”

El campo andaluz es un ecosistema sociológico complejo que representa el 11% del PIB regional –244.000 explotaciones, la cuarta parte del total nacional–, y una de las patas de la economía junto con el turismo. La actividad agraria es la principal fuente de empleo en la mitad de los 778 municipios de Andalucía. El sector agroalimentario aporta el 10% del empleo en la región: da trabajo a más de 290.000 personas (246.000 sector primario y más de 46.000 en la industria) y supone en torno al 8% del PIB de la economía.

Es un sector capital que, sin embargo, está tremendamente envejecido. Nueve de cada diez agricultores son mayores de 40 años; el 70% sobrepasa los 50 y el 35% tiene más de 65 años y, con una pensión que ronda los 600 euros, sigue trabajando la tierra para complementar sus ingresos. El difícil acceso a la tierra, la escasez de ayudas y la presión fiscal son las principales trabas para el relevo generacional en el campo.

Aunque sea el Gobierno de Pedro Sánchez quien acusa el desgaste de la protesta multitudinaria del campo, muchos de los problemas y reivindicaciones del sector agrícola dependen de varias administraciones, singularmente de la Comisión Europea. La realidad política es sumamente compleja, incluso para ellos mismos. “Se ha creado una sociología extraña en el mundo rural en la que, a veces, ponen un cupo a la producción de ciertos cultivos y te pagan por no trabajar. Eso el veterano lo puede hasta entender, pero el que llega de nuevas no”, advierte Antonio Muñiz, alcalde de Aroche (Huelva), y secretario de Desarrollo Rural del PSOE andaluz.

Muñiz describe “una situación compleja que depende de los contrapesos internos de la UE, pero que a los más jóvenes les llega como en forma de cultura del subsidio y abandono del emprendimiento. Esto viene de largo, pero el actual clima de tensión social, la polarización y el discurso populista de la ultraderecha ha abonado más terreno para que todo explote.

“No son cuatro señoritos”

Para complicar aún más el retrato sociopolítico de esta protesta, los líderes de Vox y de PP se mezclaron entre la multitud e hicieron suyos el cabreo y las reivindicaciones del campo. Los representantes del PSOE, de IU, de Podemos y de otros grupos de izquierdas, tradicionalmente más ligados al mundo rural, no estaban en la protesta. Sin embargo, algunos dirigentes de estas formaciones difundieron en redes sociales la imagen de cuatro manifestantes a caballo, con la socorrida alusión al estereotipo del “señorito”, vinculando sus reivindicaciones al líder de la ultraderecha, Santiago Abascal.

Esta lectura sobre la protesta del campo se encajó mal en el PSOE andaluz, donde la preocupación por la pérdida de contacto con el mundo rural es notoria. “El campo no es de derechas ni de izquierdas. Si yo hubiera estado en Madrid ese día, me habría unido a la manifestación. Me importa un pepino que se meta allí Abascal para sacar rédito electoral. El problema de dejar un espacio vacío en política, es que enseguida te lo ocupan, y recuperarlo cuesta más. Había y hay motivos para manifestarse”, explica Aguilera.

Aguilera es una de las voces políticas de más autoridad en el mundo agrario, fue consejera de Agricultura y Pesca del Gobierno andaluz entre 2009 y 2012 –le sucedió el hoy ministro, Luis Planas–; formó parte durante 14 años de la ejecutiva socialista y el domingo, al leer a algunos compañeros y dirigentes de izquierdas sobre la protesta de Madrid, se vio “obligada” a mandar un mensaje en su cuenta de Twitter: “Quiero mostrar mi apoyo y solidaridad con agricultores, ganaderos y pescadores españoles por la difícil situación que están pasando, los costes de producción y los bajos precios que reciben hacen imposible su subsistencia”.

En el mismo mensaje, la eurodiputada alertaba del riesgo de entrar en el marco mental de Vox, esto es, enfrentar el campo con los objetivos de desarrollo sostenible: “Hay quien querrá aprovecharse políticamente de esta situación de la agricultura, pero ello no justifica que no se atiendan sus demandas, y que se sientan señalados como culpables y excluidos del debate contra el cambio climático, siendo esenciales para el mismo”.

Días después de la protesta, la eurodiputada se reafirma: “Al que me ha preguntado, le he dicho lo que pensaba: estaba indignada con la idea que se trasladaba de que son cuatro señoritos. Ahí hay mucha gente sencilla, de pueblo, que tiene verdaderos problemas de supervivencia que no podemos menospreciar”.

Monteros y realeros

En efecto, el vínculo de los socialistas con el interior rural de Andalucía, donde han gobernado 37 años ininterrumpidos, es una de sus fortalezas históricas. Aún hoy, desalojados del Ejecutivo autonómico, tienen alcaldes en el 65% de los municipios de la región y gobiernan cinco de las ocho diputaciones provinciales. Pero la preocupación por esa “desconexión entre lo urbano y lo rural” que “alimenta prejuicios” también existe en IU, con una importante implantación territorial andaluza: cerca de 70 alcaldías y más de mil concejales.

Juan Miguel Sánchez, alcalde el municipio cordobés de Carcabuey (2.500 habitantes), coincide en que “es un error no haber arropado más públicamente al campo, e incluso haber estado con ellos en la manifestación”. “La derecha y la ultraderecha han capitalizado el descontento por intereses partidistas y a nosotros nos ha dado pudor estar allí, donde nos corresponde”, dice Sánchez, que defiende la necesidad de poner en valor la Ley de Garantía Alimentaria, la reforma laboral o el refuerzo en la inspección de trabajo, “medidas importantes para el campo a las que PP y Vox votaron en contra”.

Este “sentirse perseguidos” es especialmente significativo en el sector cinegético, que sobresalía de la multitud de manifestantes vistiendo chalecos reflectantes naranjas. El mundo de la caza, muy crítico con el anteproyecto de ley de protección animal, es tan heterogéneo como el sector agrícola. Y sin embargo se ha visto retratado como “un colectivo de ricachones que organizan monterías cada fin de semana y cuelgan cabezas de ciervo en el salón de sus casas”.

Los cazadores de Teba fueron a Madrid a escuchar a sus portavoces y volvieron disgustados por ver cómo Abascal acaparaba el megáfono para defender la caza

En la caza, aparte de los monteros, están los realeros, los dueños de los perros que achuchan a los animales hacia los puestos de los cazadores, y que “tradicionalmente son muy de izquierdas”, dice Muñiz. “No son señoritos, es gente de aquí. El aficionado a la caza siente que se ataca su modo de vida. Es amante del campo, siente la naturaleza, es observador de los animales, y eso en la ciudad no se comprende”, advierte.

Teba es un municipio de 3.800 habitantes en la provincia de Málaga, con el sobrenombre de “Rusia la chica”, por su estrecho arraigo en el movimiento obrero y la izquierda: la corporación local tiene 11 concejales, nueve de IU y dos del PSOE. Su alcalde, Cristóbal Corral, cuenta que de su pueblo salieron dos autobuses para la protesta de Madrid, uno con cien cazadores, de los que 95 “eran del Partido Comunista o del PSOE”, y otro de agricultores. “La izquierda y el sindicalismo obrero de clase ha ido alejándose poco a poco del movimiento jornalero, mirando más a la industria, y ese hueco ha creado el caos en el que ahora crece Vox”, dice Corral.

Los cazadores de Teba fueron a Madrid a escuchar a sus portavoces y volvieron disgustados por ver cómo Abascal acaparaba el megáfono para defender la caza. “La protesta del campo era una amalgama de reivindicaciones inconexas entre sí con una etiqueta: el campo. Están todos y no está ninguno. Están juntos y no lo están. Sólo un partido antisistema como la ultraderecha puede encajar ahí sin hipotecar su discurso, porque le dice a cada uno lo que necesita oír”, se lamenta el regidor del municipio malagueño.

Andalucía de interior: menos votos, más diputados

En la dirección del PSOE andaluz preocupa mucho el aumento de la desconexión de su gente con el mundo rural, tradicional granero de votos de los socialistas en Andalucía, y que el malestar incrustado en el campo haya facilitado la progresiva penetración del discurso irascible de Vox.

Son los alcaldes los primeros que se han dado cuenta y han trasladado la voz de alarma. Son ellos quienes se han echado las manos a la cabeza al leer que en Madrid, incluso desde el flanco progresista de la política, se retrataba a los manifestantes como una suerte de “señoritos” que defienden “los privilegios de la derecha”. “Nos estamos equivocando con la comunicación si ha calado que el PSOE no apoya la caza”, se lamenta Ana María Romero, alcaldesa de Montoro (Córdoba), y secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca en la ejecutiva federal del PSOE.

La regidora cordobesa reconoce el “especial desgaste” de los trabajadores del campo tras la pandemia. “Primero les consideramos un sector estratégico esencial contra la Covid-19 y ahora parece que sólo causan problemas medioambientales”, avisa. Romero, que conjuga su doble faceta de alcaldesa en un municipio olivarero y miembro de la ejecutiva federal socialista, sí hace una reflexión sobre “lo urgente y lo necesario”. “Quizá hay que repensarse los tiempos del pacto verde y observar cómo la crisis energética y del transporte está aplastando al sector agroalimentario y tiene paralizado el país”, concluye.

Históricamente, las grandes formaciones han puesto todos sus esfuerzos en los territorios donde se concentraba más población. Vox ha tenido el acierto de invertir la estrategia

Las elecciones andaluzas de 2018 y, sobre todo, las generales de 2019, confirmaron a Andalucía como el principal bastión del partido de Santiago Abascal en España. Vox fue el principal partido de la derecha en Almería, Cádiz, Huelva y Sevilla, y demostró un avance importante en las otras cuatro provincias.

Su apuesta por librar una guerra cultural en el campo –la tauromaquia, la caza, la producción ilimitada de carne, el rechazo de los compromisos medioambientales de la Agenda 2030– se tradujo en una estrategia de red de voluntarios distribuidos en municipios pequeños, de más de mil habitantes, donde hacerse visibles ante el colectivo más descontento que encontraran. “Aquí los de Vox no son del pueblo, vienen de Priego de Córdoba para montar una carpa informativa que no informa de nada, pero reparten merchandising, y luego ha tenido su efecto en las elecciones”, dice la regidora del municipio cordobés.

Andalucía tiene dos realidades poblacionales y dos velocidades de crecimiento y desarrollo. Más del 80% de la población se concentra en las capitales y sus áreas metropolitanas, las ciudades medias y el litoral, todas ellas bien conectadas. Luego está la Andalucía de interior: la cordillera que va de Sierra Morena, en Huelva, a las sierras de Sevilla y Córdoba hasta Jaén, más la Alpujarra granadina y parte del interior almeriense. Abarca mucho más territorio, pero con mucha menos población.

Esto, obviamente, influye en las decisiones políticas, la inversión pública y el impacto electoral. Los alcaldes socialistas de estas comarcas consultados hablan de un “efecto paradójico”, porque los grandes partidos de Gobierno –PSOE y PP– “debieron prestar más atención a estos territorios”.

En Huelva y Jaén, las zonas más despobladas de Andalucía, el valor electoral del voto es mayor por efecto de la ley d'Hont. Un diputado en Sevilla cuesta muchas más papeletas que en Huelva. “Históricamente, las grandes formaciones han puesto todos sus esfuerzos en los territorios donde se concentraba más población. Vox ha tenido el acierto de invertir la estrategia y buscar su penetración por la Andalucía rural, en zonas más despobladas, donde se concentra el malestar del mundo agrícola y ganadero”, explica Muñiz.

Espadas reúne al sector

El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, convocó este jueves en la sede del partido, en Sevilla, a los representantes de las principales organizaciones que participaron en la protesta del pasado domingo en Madrid, con el objetivo manifiesto de “reconstruir la estabilidad en el sector” y actuar como intermediario pacificador entre ellos y el Gobierno de Pedro Sánchez. El equilibrio es complejo. Los colectivos agrarios andaluces plantean demandas al unísono que rechazan categóricamente esos mismos colectivos en Castilla y León o el Levante. Las reivindicaciones tampoco son las mismas para Granada que para Huelva, y las necesidades de quienes cultivan arroz chocan con los que plantan frutas u olivos.

Los alcaldes socialistas, que ocupan ahora una posición clave tanto en la ejecutiva de Espadas como en su estrategia de movilización electoral, le han advertido del riesgo de una mayor penetración del discurso de la ultraderecha en el mundo rural, cada vez más inflamado por los problemas que atenazan al campo.

El líder del PSOE-A acusa al PP y al Ejecutivo andaluz de Juan Manuel Moreno de fomentar “bulos” para soliviantar a un sector muy castigado, de tratar de “pescar en río revuelto”, y aprovechar el clima de descontento social para buscar el rédito electoral en el mundo rural, que históricamente ha sido receloso con la derecha. Desde la manifestación del domingo, los socialistas andaluces vienen publicando en redes sociales carteles de apoyo a agricultores, ganaderos y cazadores, desmintiendo que el Gobierno de Sánchez “quiere prohibir la caza”. Han pasado al contraataque, pero todos son conscientes de que el descontento y la desconfianza ya están instalados dentro.