Las fosas del franquismo en Andalucía, una cuestión incómoda para el Gobierno de derechas

Es bastante probable que no me aleje mucho de lo cierto si afirmo que una fosa común puede que sea una de las evidencias más notables de las violaciones masivas contra los derechos humanos. Y son las fosas comunes españolas la mayor constatación de la barbarie franquista. Miles de víctimas siguen desaparecidas, sin que la democracia española, casi medio siglo después, haya sido capaz de reparar el dolor de familiares que aún no han cerrado el duelo. Familiares directos que ven con desesperanza el paso de los años y los gobiernos, y miles de nietos y nietas, segundas y terceras generaciones, que han cogido el testigo de la Verdad, la Justicia y la Reparación. 

Los protocolos que regulan los procesos de exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil, la posguerra o de la dictadura franquista, fijan esta responsabilidad pública, y establecen las fases que lo definen. Es una cuestión de Estado, y por eso son las instituciones las responsables. Así lo indica también el derecho internacional de protección de los derechos humanos, y sentencias de las más altas instancias judiciales nacionales e internacionales (sentencia de marzo de 2012 del Tribunal Supremo en referencia al Recurso nº 20380/2009, por ejemplo). Todas ellas avalan la responsabilidad pública de este tipo de actuaciones.

De esta forma queda también recogido en el “Protocolo andaluz de actuaciones en exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la posguerra” (Orden de 7 de septiembre de 2009) o en el “Protocolo estatal de exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura” (Orden PRE/2568/2011, de 26 septiembre). 

Procedimientos que definen claramente las fases técnicas de intervención especializada que comprenden los trabajos en fosas para la recuperación de los cuerpos de las víctimas del franquismo. Y en los que queda claramente señalado que toda actuación, que vaya más allá de la solicitud inicial de búsqueda e identificación formulada por los propios familiares, es y debe ser una ineludible responsabilidad de las administraciones públicas. Actuar al margen de estos procedimientos supondría un grave incumplimiento, tanto del derecho internacional, como de las leyes española y andaluza.

Con la aprobación en 2017 de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía se dota de garantías jurídicas a las exhumaciones en nuestra tierra, y lo que es más importante, con presupuesto propio. En solo dos años se aceleraron las intervenciones en fosas en nuestra Comunidad, situándonos a la cabeza en todo el territorio nacional.

Con la llegada del gobierno de las derechas a Andalucía a principios de 2019, gran parte de estas intervenciones ya aprobadas se paralizan. Se recorta el presupuesto para exhumaciones y para investigación preliminar, y lo que es más grave, se frena casi por completo la ejecución, facilitando con ello el incumplimiento de estas políticas que permiten la protección de los derechos humanos y la reparación de las víctimas y sus familias.  

En este escenario, la Junta de Andalucía pretende llevar a cabo ahora un cambio de criterio para solicitar una búsqueda, haciendo recaer la responsabilidad total o parcial de las exhumaciones en los familiares. Un despropósito mayúsculo, habida cuenta del insostenible coste económico y de recursos especializados que implica, aparte del incumplimiento normativo anteriormente expuesto.

Las políticas de Memoria son una competencia pública, que debe abarcar desde la investigación preliminar de localización de fosas, hasta la identificación y dignificación de los cuerpos de las víctimas que pudieran ser recuperados. No cumplir con estos preceptos, no sólo supondría un grave incumplimiento de obligaciones públicas, sino, además, la demostración de no estar a la altura de las exigencias de una sociedad democrática moderna ni, por supuesto, de los dictados del derecho internacional de protección de los derechos humanos.

En esta línea se expresó el Relator Especial del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU en su Informe de julio de 2014 en el que, en cumplimiento de los objetivos para implementar las recomendaciones formuladas para España por parte de distintos organismos internacionales de derechos humanos y, en particular, las emitidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, se debe adoptar un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas, así como la coordinación de las actividades de exhumación e identificación y actualización permanente de los mapas de fosas de acuerdo a la Ley de Memoria Histórica de 2007.

Los últimos gobiernos nacionales de derechas no sólo no cumplieron con estas recomendaciones internacionales, sino que obviaron el mandato legal de la Ley de 2007, sepultándola a través de una inanición presupuestaria. Carecían de la suficiente valentía política para derogarla o, quizás, no tenían seguridad jurídica suficiente para tomar esta decisión tras la sentencia del Tribunal Supremo.

Al mismo tiempo, aquellas advertencias de la ONU también dejaron en evidencia en nuestro país la precaria resolución que ha recibido la generalizada existencia de una judicatura que no termina de interpretar correctamente la Ley a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, creando a su vez un patrón de impunidad para los casos de desapariciones forzadas ocurridas durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Claro ejemplo de interpretación sesgada, errónea y contraria al Derecho internacional es la aplicación actual de la conocida como Ley de Amnistía, cuya aprobación tuvo como objetivo para los legisladores restaurar los derechos políticos, sindicales, sociales y laborales de miles de víctimas represaliadas por el franquismo -muchos de los cuales necesitaron esa Ley para salir de las cárceles en las que se encontraban- y no la de proteger a los verdugos y victimarios. Escenario perfecto para que campe a sus anchas la falta de voluntad política de trabajar en favor del conocimiento de la Verdad y la Reparación de las Víctimas del franquismo.

Cabe preguntarse entonces si debemos dejar en manos de las familias la reparación de su memoria y su consiguiente dignificación a través de la recuperación e identificación de los cuerpos o, por el contrario, es la administración quien debe dar cumplimiento inexcusable y definitivo a estas obligaciones humanitarias.

La reparación individual de las víctimas contribuye, sin lugar a dudas, a una reparación de la Memoria colectiva, al fortalecimiento de nuestras instituciones y de nuestra democracia. Un ejercicio de madurez: saldamos con ello una deuda de pasado, de presente, pero sobre todo de futuro. 

Comienza un año de esperanza, confiamos en que la futura Ley de Memoria Democrática que prepara el Gobierno de España, y que en breve comenzará su tramitación parlamentaria, traiga consigo importantes avances decisivos. Entretanto, respiramos aliviados con el plan de exhumaciones puesto en marcha por el Estado, y que en Andalucía se materializa, por ejemplo, en las fosas de Córdoba, en Pico Reja en Sevilla, en Nerva, y en otras tantas. Confiamos igualmente, en que esta acción estatal sea palanca de cambio para un gobierno andaluz que se resiste a la Memoria. Un gobierno que sigue instalado en un discurso lastimero con las víctimas, a las que acompaña en su duelo, mientras las abandona en la acción política de la que es responsable.

No entendemos por qué las derechas eluden esta cuestión, poniéndose continuamente de perfil ante competencias reguladas en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, ahondando con esta falta de voluntad política en la desesperanza y el desasosiego de las víctimas y sus derechos, y dilatando así su reparación.

España merece instituciones a la altura, porque sólo con instituciones sensibles, justas y solidarias será posible la reparación de las víctimas y la denuncia de la represión del franquismo en nuestra tierra. No tiene justificación alguna la actitud esquiva del gobierno de las derechas ante semejante atropello al derecho humanitario y al dolor ajeno, como tampoco es honesto mirar para otro lado, cuando la herencia política o personal de cada uno haga de ésta una cuestión incómoda.

Es bastante probable que no me aleje mucho de lo cierto si afirmo que una fosa común puede que sea una de las evidencias más notables de las violaciones masivas contra los derechos humanos. Y son las fosas comunes españolas la mayor constatación de la barbarie franquista. Miles de víctimas siguen desaparecidas, sin que la democracia española, casi medio siglo después, haya sido capaz de reparar el dolor de familiares que aún no han cerrado el duelo. Familiares directos que ven con desesperanza el paso de los años y los gobiernos, y miles de nietos y nietas, segundas y terceras generaciones, que han cogido el testigo de la Verdad, la Justicia y la Reparación. 

Los protocolos que regulan los procesos de exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil, la posguerra o de la dictadura franquista, fijan esta responsabilidad pública, y establecen las fases que lo definen. Es una cuestión de Estado, y por eso son las instituciones las responsables. Así lo indica también el derecho internacional de protección de los derechos humanos, y sentencias de las más altas instancias judiciales nacionales e internacionales (sentencia de marzo de 2012 del Tribunal Supremo en referencia al Recurso nº 20380/2009, por ejemplo). Todas ellas avalan la responsabilidad pública de este tipo de actuaciones.