Morir de hambre, pero sin molestar y con decencia

Toda campaña electoral que pretenda vender el trabajo como forma de mejorar nuestras vidas, como la manera más legítima de acceder a la renta, demostrará que desconoce la realidad social del territorio, especialmente golpeada desde la crisis de la Covid. Andalucía no es una excepción en el conjunto del Estado, antes al contrario, y el paro estructural de la región ronda el 20%. Pero eso son solo cifras, así que me voy a permitir poner rostro a los fríos datos: en concreto, el de mi amiga Leticia, como la llamaré aquí, y el de su hija y su hijo, ahora ya mayores de edad.

Leticia ya conocía España cuando en 2019 llegó con sus hijos desde Colombia en calidad de refugiada política. Había venido en numerosas ocasiones como miembro de una ONG colombiana y, de hecho, el Gobierno español había financiado alguno de sus programas para trabajar con mujeres de las zonas en conflicto armado. Ahora, sin embargo, esa misma administración comenzó a tratarla como una paria, una apestada, una sin papeles, en definitiva. ¿Se acuerdan del confinamiento, verdad, aquellos cien días de reclusión domiciliaria? Ella los pasó con sus dos hijos en la explanada del parking de una iglesia situada en uno de los barrios más castigados de Málaga, donde les dejaron meterse en el galpón que la parroquia usaba como almacén y en el que tenían instaladas algunas literas. Habían vencido los doce meses que duraba su programa de refugiada, y ahora, aunque con el asilo concedido, sencillamente quedaba fuera. En plena pandemia, en pleno confinamiento. Con dos hijos. A un parking.

Después comenzó su pesadilla kafkiana por las administraciones local, autonómica y estatal: trabajadores sociales que invariablemente le decían que se olvidara de mejorar su currículo académico, que jamás obtendría beca alguna para estudiar en España, que de nada le valían sus títulos universitarios colombianos, que lo que le correspondía, como mujer latinoamericana, era cuidar de ancianos y dependientes de pura cepa española. Cuanto antes lo aceptara, mejor para todos. Como su ánimo es inquebrantable, se puso a estudiar y montó incluso una asociación de mujeres colombianas (que en estos meses ha prestado en frontera ayuda a refugiados ucranios, por cierto). Acabó, claro, cuidando a ancianos y dependientes de DNI español, casi siempre en condiciones de semiesclavitud y clandestinidad, pero no dejó de agotar todas las vías burocráticas.

Esto de los plazos que caducan es una cantinela recurrente: todas las administraciones le exigen costosos documentos que debe conseguir, a través de intermediarios, en Colombia, para luego ser sellados en La Haya

El descubrimiento fue atroz: nuestra burocracia no está diseñada para ayudar a los sectores vulnerables, sino precisamente para obstaculizarles el acceso a toda ayuda. De hecho, resulta tan intricada que a veces sus propios gestores ni siquiera la conocen del todo, si es que no se ven impotentes o actúan de forma caprichosa. Ahora mismo, el bono municipal que, por 14 euros, le da derecho a llevarse 50 euros en alimentos de un lejano economato, le ha caducado por la desidia funcionarial. Es solo un ejemplo: en estos tres años le han denegado sistemáticamente todo subsidio con argumentos tan peregrinos como que su expediente se había quedado en la mesa de un funcionario que ahora estaba de baja, y por tanto ya había caducado.

Esto de los plazos que caducan es una cantinela recurrente: todas las administraciones le exigen costosos documentos que debe conseguir, a través de intermediarios, en Colombia, para luego ser sellados en La Haya. Suelen contar con una validez de tres meses, pero las citas en la administración se demoran tanto que, en el momento de acudir, ya han vencido. Y vuelta a empezar.

No sé si lo saben, pero a todos los refugiados políticos les retiran el pasaporte una vez concedido el asilo. De hecho, esa es la mejor prueba de que no han podido salir del país

Evidentemente, el famoso Ingreso Mínimo Vital, que como comenté en otra ocasión, tiene la misma existencia que los unicornios (a pesar de las mejoras introducidas este año), ya se lo han denegado en tres ocasiones. No hay ninguna razón objetiva para algo así, puesto que Leticia y sus hijos, uno de ellos ahora con serios problemas psicológicos derivados de este trato, son exactamente el perfil para el que, en principio, se diseñó esa limosna.

A Leticia le dicen que no puede demostrar que lleva más de un año residiendo en España. A Leticia le dicen que, vale, que desde 2019 está registrada como exiliada, que desde 2019 tiene empadronamiento en Málaga, que desde 2019 figura como demandante de empleo y que incluso dispone de un contrato de alquiler de vivienda. Pero, ¿cómo puede demostrar que en realidad no sea todo una añagaza, un fraude? Ninguno de esos papeles prueba que ella no haya pasado buena parte de este tiempo por ahí, fuera del país. Si se presentase en la oficina con su pasaporte, para que así la Seguridad Social comprobara que, en efecto, nunca ha salido del país, pues igual se podía hacer algo. Mientras tanto, sin ese pasaporte, adiós al Ingreso Mínimo Vital. No sé si lo saben, pero a todos los refugiados políticos les retiran el pasaporte una vez concedido el asilo. De hecho, esa es la mejor prueba de que no han podido salir del país.

La semana pasada, como ahora toca hacer campaña, la candidata de Por Andalucía participó en un foro organizado en la Facultad de Ciencias del Trabajo de Córdoba sobre nuevos derechos laborales. Estuvo acompañada, entre otros, del representante más conspicuo de eso que se ha dado en llamar el “rojipardismo”: una corriente de pensamiento, que el propio Anguita promovió, según la cual el internacionalismo constitutivo de la clase obrera es de bienpensantes blanditos, que lo que de verdad cuenta es la clase nacida y pacida en territorio patrio. “Trabajo decente para transformar un país”: ese era el subtítulo del foro.

Para transformar un país hay que garantizar el acceso a la renta, eso es lo único decente. Con el paro estructural y el aumento de desempleo de larga duración desde la crisis de la Covid solo hay una vía: revisar a fondo la política de subsidios y ayudas, algo que ahora figura tímidamente en la agenda del Ministerio de Trabajo. Desde luego, resulta ineludible abordar sin prejuicios y con rigor una medida como la renta básica.

Toda retórica trabajista que se use para soslayar esta realidad únicamente servirá para que haya más Leticias. Aunque en campaña no las quieran ver.

Toda campaña electoral que pretenda vender el trabajo como forma de mejorar nuestras vidas, como la manera más legítima de acceder a la renta, demostrará que desconoce la realidad social del territorio, especialmente golpeada desde la crisis de la Covid. Andalucía no es una excepción en el conjunto del Estado, antes al contrario, y el paro estructural de la región ronda el 20%. Pero eso son solo cifras, así que me voy a permitir poner rostro a los fríos datos: en concreto, el de mi amiga Leticia, como la llamaré aquí, y el de su hija y su hijo, ahora ya mayores de edad.

Leticia ya conocía España cuando en 2019 llegó con sus hijos desde Colombia en calidad de refugiada política. Había venido en numerosas ocasiones como miembro de una ONG colombiana y, de hecho, el Gobierno español había financiado alguno de sus programas para trabajar con mujeres de las zonas en conflicto armado. Ahora, sin embargo, esa misma administración comenzó a tratarla como una paria, una apestada, una sin papeles, en definitiva. ¿Se acuerdan del confinamiento, verdad, aquellos cien días de reclusión domiciliaria? Ella los pasó con sus dos hijos en la explanada del parking de una iglesia situada en uno de los barrios más castigados de Málaga, donde les dejaron meterse en el galpón que la parroquia usaba como almacén y en el que tenían instaladas algunas literas. Habían vencido los doce meses que duraba su programa de refugiada, y ahora, aunque con el asilo concedido, sencillamente quedaba fuera. En plena pandemia, en pleno confinamiento. Con dos hijos. A un parking.