Muface, otro privilegio con dinero público

La polémica suscitada sobre la renovación del convenio de Muface con la Administración pública ha puesto sobre la mesa, una vez más, que en España aún perduran varias anomalías estructurales herederas del franquismo o, en el mejor de los casos, de los parches provisionales que se pusieron en el inicio de la democracia. La anomalía más evidente, como estamos sufriendo con tanta crueldad ante la inacción de los poderes, es el caso de la vivienda, que desde el franquismo se entiende como un bien sujeto a las leyes del mercado, de donde derivan las barbaridades especulativas de la actualidad. La otra anomalía, uno de esos parches provisionales, es la educación concertada, una aberración, como ya comenté en otra ocasión, difícilmente justificable por motivos parecidos a los de Muface.

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado surgió en pleno franquismo para garantizar que esos funcionarios pudieran tener acceso a servicios sanitarios de calidad, algo que, por entonces, no estaba ni mucho menos al alcance de todas y todos los trabajadores. Por eso los sindicatos mayoritarios consideran, con razón, que se trató de un logro. Evidentemente, con la democracia, el (endeble) Estado de bienestar y la universalización de la Seguridad Social, dejó de tener sentido. Hoy día, simplemente se trata de un privilegio: un seguro médico privado pagado con dinero público.

Los funcionarios más jóvenes, que han crecido ya con un Sistema Nacional de Salud consolidado, rechazan cada vez más este privilegio, de hecho. Además, como es obvio, las aseguradoras privadas solo buscan el negocio, de modo que sí, las pruebas diagnósticas e intervenciones menores se realizan en plazos muchos menores de aquellos a los que obligan las listas de espera de la Seguridad Social. Luego, cuando se trata de intervenciones costosas, derivan a los pacientes al sistema público, o los propios pacientes toman esa decisión, porque ni ellos mismos se fían de la privada. Es una realidad asentada que, sin paños calientes, describe un valioso informe emitido por el Ministerio de Sanidad, que además reconoce que esta mutualidad no tiene sentido. Es la primera vez que un gobierno, sea del color que sea, abre este melón. Punto para Mónica García.

El disparate llega a tal extremo que las aseguradoras se han plantado, porque afirman que la subida del 17% de la prima que les propone el gobierno no les alcanza para cubrir gastos. Exigen un 40% de subida o, amenazan, Muface llegará a su fin. La paradoja es evidente: el cuestionamiento más firme a este sistema perverso no ha venido desde los sindicatos ni estamentos públicos, sino de Adeslas, Asisa y DKV, que quieren trincar más. Dicen que la ocasión la pintan calva, así que, por paradójica que resulte, esta viene que ni de encargo.

Habría que destinar a la seguridad social los 2.700 millones de euros previstos para la prima de Muface de los próximos dos años. Además, si bien las competencias están derivadas a las Comunidades, habría que establecer mecanismos mucho más estrictos que brindaran la sanidad pública en todo el territorio.

Se trataría de que el sistema público absorbiera al millón y medio de funcionarios acogidos a Muface, algo que se suele esgrimir como el principal escollo para acabar con esta mutualidad, incluso la patronal de la sanidad privada, oh sorpresa, habla de “colapso”. Por el contrario, el informe del Ministerio de Sanidad (que, por otro lado, no tiene la competencia para la decisión final) estima que supondría un aumento de usuarios de alrededor de un 2% y que se podría llevar a cabo de manera escalonada.

Por de pronto, a mí se me ocurre que habría que destinar a la seguridad social los 2.700 millones de euros previstos para la prima de Muface de los próximos dos años. Además, si bien las competencias están derivadas a las Comunidades, habría que establecer mecanismos mucho más estrictos que brindaran la sanidad pública en todo el territorio, y evitar así desmantelamientos como los que estamos viviendo, de forma tan acelerada, en Andalucía. 

Ojalá me equivoque, pero con el actual Consejo de Ministros nada de eso va a suceder. No puede suceder, de igual modo que no vemos cambios en política de vivienda: porque la ministra a cargo es ella misma multipropietaria. No puede suceder, de igual modo que, en la legislatura pasada, la reforma de la educación concertada quedó en casi nada: porque la ministra a cargo había llevado ella misma a sus hijas a una de esas escuelas, concertada y catoliquísima. Parece de locos que quienes decidan sean jueces y parte. La realidad es más prosaica: simplemente se trata de décadas de puertas giratorias en el seno del PSOE.

La polémica suscitada sobre la renovación del convenio de Muface con la Administración pública ha puesto sobre la mesa, una vez más, que en España aún perduran varias anomalías estructurales herederas del franquismo o, en el mejor de los casos, de los parches provisionales que se pusieron en el inicio de la democracia. La anomalía más evidente, como estamos sufriendo con tanta crueldad ante la inacción de los poderes, es el caso de la vivienda, que desde el franquismo se entiende como un bien sujeto a las leyes del mercado, de donde derivan las barbaridades especulativas de la actualidad. La otra anomalía, uno de esos parches provisionales, es la educación concertada, una aberración, como ya comenté en otra ocasión, difícilmente justificable por motivos parecidos a los de Muface.

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado surgió en pleno franquismo para garantizar que esos funcionarios pudieran tener acceso a servicios sanitarios de calidad, algo que, por entonces, no estaba ni mucho menos al alcance de todas y todos los trabajadores. Por eso los sindicatos mayoritarios consideran, con razón, que se trató de un logro. Evidentemente, con la democracia, el (endeble) Estado de bienestar y la universalización de la Seguridad Social, dejó de tener sentido. Hoy día, simplemente se trata de un privilegio: un seguro médico privado pagado con dinero público.