Piezas políticas

Vaya por delante que cualquier castigo que caiga sobre los lomos de los muchos chorizos que se han refocilado en el pesebre de los ERE no sólo me parecerá bien, sino incluso corto, ya que yo les condenaría a la pena añadida de una ducha diaria el tiempo que pasen en prisión, una vez dotados de la más resbaladiza pastilla de jabón que se pueda encontrar en el mercado. Y en este apartado incluiría también a los intrusos que se colaron de rondón en las pólizas por el mero hecho de ser familiares y amiguetes de los que tan generosa y aleatoriamente repartieron un dinero que no era de ellos.

También estoy de acuerdo con casi todos los voceros de los partidos políticos y de la Brunete mediática en que hay que dejar trabajar a la Justicia, aunque ya me gustaría que se la hubiese dejado ejercer sin trabas desde que se inició la investigación, hace ya siete años. Porque entre las presiones de unos y las alabanzas almibaradas de otros, han conseguido que entre los fiscales y la jueza Alaya (la gran señora alabastrina) se hayan organizado un quilombo del que va a ser posible que se escabullan algunos de los implicados, empresarios sobre todo, qué causalidad, vaya por Dios.

En su afán por empurar a la Junta de Andalucía y al PSOE en general, algunos fiscales y jueces urdieron una causa universal planetaria en la que montaron 270 piezas, una por cada uno de los ERE supuestamente fraudulentos, y además pretendieron condenar el sistema por el que se concedieron las ayudas. Lógicamente, un tribunal sensato, que los hay, declaró que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, así que los que ayer se sentaron en el banquillo, acusados de urdir el procedimiento político no responderán caso por caso.

Algunos empresarios receptores de las ayudas públicas ya han alegado ante la Audiencia que ellos no pueden ser juzgados por malversación si en los procesos que se avecinan no están acusados los políticos que les dieron el dinero. Además podría suceder que el tribunal que juzga el caso admitiera la tesis de las defensas de que el sistema utilizado para conceder las ayudas es similar a los empleados por otras autonomías o por la propia administración general del Estado, que no están siendo investigados. Si así fuere, algunos de esos empresarios se irían de rositas y todo ello gracias a la inestimable colaboración de la justiciera y hierática jueza Alaya, a la que ya se le escaparon por las rendijas otros empresarios, uno de ellos el hermanísimo de la ministra Báñez, que no diré yo que fuera un delincuente pescador de subvenciones, pero vivía en los alrededores.

Al final va a resultar que tanto empeño del PP y sus satélites justicieros van a conseguir lo que pretendían, que sobre todo era cobrarse dos piezas políticas de caza mayor, Chaves y Griñán, aunque esté más que demostrado que no se beneficiaron personalmente de la trama corrupta.

El honrado PP

Todo ello no quita, como dicen los partidos de la oposición con justa indignación, para que los trapaceros purguen sus pecados y -sobre todo- devuelvan el dinero robado. Me parece bien que desde Podemos, Izquierda Unida y Ciudadanos clamen al cielo pidiendo justicia, aunque cuando veo al presidente del PP andaluz, el muy honrado Moreno Bonilla, ponerse digno exigiendo conocer la verdad, me dan ganas de decirle que si tanto amor tiene a la verdad bien podría empezar a interesarse por lo sucedido en Almería y en el Ayuntamiento de Granada durante los últimos años.

Y ya que se pone digno y curioso podría preguntarle a su antecesor y protector Javier Arenas Bocanegra por la financiación del partido al que pertenece, tanto en Andalucía como en España. Seguro que le dirá la verdad sobre las tramas Gürtel y Lezo, sobre las cuentas de la Comunidad Valenciana y sobre las ranas de Esperanza Aguirre en Madrid. Como verá, en este último párrafo me han salido muchos sobres, aunque en este aspecto es mucho mejor que sobre que no que falte, como bien podría decir un tal M. Rajoy. Aquí hay mucha verdad, aunque desde su punto de vista, no tanta como en el caso de los ERE. Sólo un tres por ciento.