Cuando el PSOE y el PP intercambiaban indultos

Es un hecho que un indulto dice más de quien lo dicta que de quien lo recibe. En noviembre de 2011 José Luis Rodríguez Zapatero era presidente del Gobierno en funciones. Había perdido las elecciones, después de asegurar que España no sufriría la crisis económica, y Mariano Rajoy estaba a punto de ser investido. Zapatero sabía que todo lo que hiciera en ese breve período, antes de abandonar definitivamente La Moncloa, tendría una enorme carga simbólica, de manera que uno de sus últimos actos como presidente fue indultar a un banquero. Alfredo Sáez, consejero delegado del Banco Santander, el número dos de Botín, había sido condenado por acusación y denuncia falsas. En los años noventa, Sáez había amañado documentos para chantajear a empresarios y que pagaran una deuda contraída con Banesto, que entonces presidía. Con todo, la pena era más que llevadera: tres meses de arresto e inhabilitación. Hasta que la condena no se ejecutó, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos de Aznar y de Rodríguez Zapatero, siguió cobrando su sueldo de más de 11 millones de euros.

El PSOE le debe tantos favores a la banca que Zapatero no podía esperar a que Rajoy le indultara. No en vano, los gobiernos de Aznar habían llegado a dictar 6.000 indultos, récord hasta la fecha. Zapatero no quería perder la oportunidad, aunque fuera contrarreloj, de enviar a la banca un mensaje prístino: estamos con vosotros, muchachos, no importa cuánto delincáis. De hecho, el Tribunal Supremo se pronunció en contra de ese indulto, porque Zapatero, en un gesto de servilismo humillante, incluso había hecho que al banquero delincuente se le anularan los antecedentes para que así siguiera ejerciendo. Quizás todo esto sirva para entender la oposición feroz de los gobiernos del PSOE contra cualquier intento de reforma profunda del sistema de hipotecas y el mercado inmobiliario en general.

El PSOE y el PP, de hecho, que como en tantos otros aspectos apenas se diferencian (lo acabamos de ver con sus votos en el Parlamento sobre la ley trans), se deben mutuos favores con esto de los indultos. El gesto más conmovedor lo tuvo José María Aznar, cuando en 1998 decidió indultar a José Barrionuevo, ministro de Interior en el Gobierno de Felipe González, y a Rafael Vera, secretario de Estado en el mismo Ministerio. Aznar acababa de tomar posesión de su cargo, y Barrionuevo y Vera llevaban la friolera de tres meses en la cárcel por un delito de nada: su participación en un grupo terrorista, los GAL, que había llevado a cabo uno de los secuestros más chapuceros que se puedan recordar, el del empresario Segundo Marey, hijo por cierto de un socialista y vecino del verdadero objetivo del comando. Un error lo tiene cualquiera. Además, estábamos en Navidad, de modo que Aznar tuvo ese precioso gesto con el PSOE y mandó a casa a ambos para que no se perdieran el turrón.

Me podría extender más y mencionar otras célebres medidas de gracia, como la del golpista Alfonso Armada, al que indultó Felipe González, o la del juez Gómez de Liaño, prevaricador constante, como recogía la sentencia. Es verdad que para este último caso se contaba con un buen motivo, como adujo José María Aznar: era año jubilar, así que hubo barra libre (más de 1.400 indultos, algunos de insumisos, con los que no habían corrido tanto). Por cierto, que fue precisamente el PP, de la mano de Rajoy, quien tuvo a bien indultar en 2013 al malversador Josep María Servitje, un antiguo cargo de Pujol, en lo que fue sin duda un guiño cómplice con el nacionalismo catalán, que se ve que por esa época molaba más.

En España nueve personas cumplen penas de cárcel (y tres más están inhabilitadas) acusadas de “sedición”, algunas desde hace casi cuatro años. Estafas bancarias, secuestros violentos, golpes de Estado armados, prevaricaciones, malversación de fondos… Se diría que en este país, cuando gobiernan el PSOE o el PP, todo eso puede salir más barato que montar un referéndum. 

Es un hecho que un indulto dice más de quien lo dicta que de quien lo recibe. En noviembre de 2011 José Luis Rodríguez Zapatero era presidente del Gobierno en funciones. Había perdido las elecciones, después de asegurar que España no sufriría la crisis económica, y Mariano Rajoy estaba a punto de ser investido. Zapatero sabía que todo lo que hiciera en ese breve período, antes de abandonar definitivamente La Moncloa, tendría una enorme carga simbólica, de manera que uno de sus últimos actos como presidente fue indultar a un banquero. Alfredo Sáez, consejero delegado del Banco Santander, el número dos de Botín, había sido condenado por acusación y denuncia falsas. En los años noventa, Sáez había amañado documentos para chantajear a empresarios y que pagaran una deuda contraída con Banesto, que entonces presidía. Con todo, la pena era más que llevadera: tres meses de arresto e inhabilitación. Hasta que la condena no se ejecutó, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos de Aznar y de Rodríguez Zapatero, siguió cobrando su sueldo de más de 11 millones de euros.

El PSOE le debe tantos favores a la banca que Zapatero no podía esperar a que Rajoy le indultara. No en vano, los gobiernos de Aznar habían llegado a dictar 6.000 indultos, récord hasta la fecha. Zapatero no quería perder la oportunidad, aunque fuera contrarreloj, de enviar a la banca un mensaje prístino: estamos con vosotros, muchachos, no importa cuánto delincáis. De hecho, el Tribunal Supremo se pronunció en contra de ese indulto, porque Zapatero, en un gesto de servilismo humillante, incluso había hecho que al banquero delincuente se le anularan los antecedentes para que así siguiera ejerciendo. Quizás todo esto sirva para entender la oposición feroz de los gobiernos del PSOE contra cualquier intento de reforma profunda del sistema de hipotecas y el mercado inmobiliario en general.