Sumisa, enamorada e imputada

El juez Castro tendrá sus miedos como cualquier otro ser humano, pero desde luego no sufre de miedo escénico. Los que sostenían que no tendría bemoles para mantener la imputación sobre la hermana de Felipe VI por su implicación en el caso Aizoon están procediendo a comerse esas sentencias tremendistas dictadas en el patíbulo de las redes sociales.

Seis días después de la coronación de su hermano menor (en eso sí que habido una cierta ‘prudencia escénica’ por parte del juez), Doña Cristina sigue los pasos de su marido y se encamina hacia un juicio en el que tendrá que sentarse por su presunta cooperación en la comisión de delitos fiscales y de blanqueo de capitales que habría cometido Iñaki Urdangarín.

Nunca un jugador de Balonmano había hecho tanto por la causa de la Tercera República. El escándalo protagonizado por los Duques de Palma ha dinamitado la imagen pública de la Casa Real, pero no ha quedado demostrado en absoluto que el Poder Judicial haya estado conchabado o algo por el estilo para evitar el enjuiciamiento de la hija del rey Juan Carlos.

Podemos jugar a las conspiraciones de salón y afirmar que el juez Castro es una especie de Elliot Ness que desayuna ensaimadas mientras lucha contra la corrupción que anida en el sistema, pero prefiero quedarme con la idea de que se trata de un juez que ha tenido la honestidad y la profesionalidad de procesar a dos ya exmiembros de la Familia Real por la supuesta comisión de unos actos que, además de estar tipificados como delitos en el Código Penal, son una inmoralidad propia de dos avariciosos sacados de una novela de Charles Dickens.

El juez no se ha tragado el argumento de Corín Tellado de la defensa de la infanta según el cual Cristina de Borbón era más o menos una mujer sumisa y enamorada que hacía lo que le dijese su marido y le ha endosado la responsabilidad que presuntamente le corresponde por su participación en el saqueo de fondos públicos que habrían cometido Urdangarín y Diego Torres.

Podremos discrepar o no con el juez y con una decisión sobre la que no se ponen de acuerdo ni los más expertos, pero en cualquiera de los casos, sí se ha demostrado que estamos en un país en el que las cosas, pese a tanta corrupción desatada y tanta impunidad social, más o menos funcionan. Y si no fuera así, es que estamos todavía peor de lo que pensábamos.