La dirección de RTVA contratará a una empresa externa el cambio del nombre de Canal Sur que exigía Vox

El Consejo de Gobierno andaluz aprobó este Martes Santo el Plan de Eficacia, Eficiencia y Racionalidad de la Radio Televisión Pública Andaluza (RTVA) de 2021, que incluye algunas de las exigencias que impuso Vox al Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla a cambio de su apoyo a los Presupuestos Autonómicos de 2021. Lo mollar del documento es un recorte calculado del 10% al presupuesto de 2020 (14 millones de euros menos), que prevé detraerse de contratos con productoras externas, vestuario de presentadores, redifusión de programas ya emitidos y un ambicioso plan de prejubilaciones voluntarias en una plantilla de 1.410 trabajadores que ronda los 57 años de media.

Pero el plan recoge también una de las imposiciones del partido ultraderechista que más contrarió a los socios de Gobierno -PP y Ciudadanos- y a los propios empleados del ente público: cambiar el nombre a Canal Sur, una marca que Vox cree intrínsecamente “asociada al PSOE y a sus 37 años en el poder”. La dirección de la RTVA, que comanda el periodista Juan de Dios Mellado, recoge en su informe esta propuesta y prevé encargar a una empresa el estudio de viabilidad de una nueva marca para el ente público andaluz en el mercado audiovisual: “la RTVA procederá a encomendar la elaboración mediante contratación pública de un estudio solvente de entidad independiente relativo a la valoración social, solidez de mercado, y repercusión, arraigo y consolidación de la marca ‘Canal Sur’, así como sus ventajas competitivas y necesidades de mejoras y siendo sus conclusiones uno de los elementos de análisis que se tendrían en cuenta para estudiar la proyección de futuro de la marca”, dice el texto del plan, distribuido a los sindicatos que representan a la plantilla.

El apartado cinco del plan de eficiencia plantea, no obstante, que debe valorarse “el impacto y la repercusión económica de elevación de costes que ocasionaría un cambio de marca, su afectación en el ámbito de derechos de propiedad intelectual e industria, los efectos que ocasionaría la inherente pérdida de posición competitiva de mercado en el sector audiovisual y de la industria publicitaria y de comunicación comercial; así como los costes de posicionamiento sectorial y de divulgación y conocimiento general que acarrearía una potencial nueva marca”.

El Plan de Eficacia y Racionalidad de la RTVA, que ya tiene el visto bueno del Consejo de Gobierno, busca fórmulas para hacer viable el mantenimiento y la competitividad de Canal Sur Radio y Televisión, ente público que Vox quiere disolver desde que comenzó la legislatura. La RTVA está blindada en el Estatuto de Autonomía andaluz, que reconoce su papel de “vertebración territorial”, de modo que la Junta no puede cerrarlo sin más. La vía alternativa que ha encontrado el grupo ultraderechista que sostiene al Gobierno de Moreno Bonilla es la asfixia financiera y un permanente cuestionamiento de la profesionalidad y pluralidad de sus periodistas.

El ajuste presupuestario que contempla el plan impacta, por un lado, en la producción externa, que verá disminuida su asignación para contratación de nuevos programas: se alargará el tiempo de espacios propios sin refuerzo de personal y se tirará más de redifusión de otros programas ya emitidos; y por otro lado, una remodelación de la plantilla que pasaría por promover jubilaciones anticipadas parciales, cuyos puestos serían sustituidos con contratos de relevo (la Junta también se comprometió con Vox a no cubrir ninguna vacante de periodistas jubilados, algo que ya se venía haciendo desde la etapa socialista).

La partida de aprovisionamientos, que recoge el gasto por la compra de programas a productoras externas, ha pasado de 95,6 millones de euros en 2008 a una ejecución provisional de 37,3 millones de euros en 2020. Para el presente ejercicio se destinan 31,23 millones, 6,07 millones menos que el año pasado. La dirección de la RTVA plantea “renegociar” a la baja los contratos con productoras de programas que actualmente están en emisión o van a estarlo. La desaparición de determinados programas de la parrilla, debido al ajuste presupuestario, se suplirá con “la ampliación de tiempo de emisión de determinados programas de producción propia, preexistentes o nuevos, que conforman las parrillas de programación del año, e insertar dinámicas de redifusión”, reza el documento. Los propios responsables del ente público advierten en el plan de “las consecuencias” que tendrán estas medidas de llegar a aplicarse, “tanto en términos de audiencia por su impacto en la programación posible como en los ingresos comerciales por consiguiente mermados”.

Otra de las estrategias de abaratamiento de costes pasa por llegar a “acuerdos comerciales con empresas andaluzas del sector textil reduciendo costes en concepto de vestuario en programas de televisión”.

Sobre la plantilla, el Plan de Eficiencia plantea una “mayor racionalización en la gestión del personal”, pero sin menguar el presupuesto asignado para el presente ejercicio: 91,49 millones de euros. La dirección del ente público “requerirá la autorización” del Gobierno andaluz“ para fomentar ”jubilaciones parciales con contratos de relevo“, así como ”una proyección plurianual para ejercicios siguientes, como medida para la minoración de la edad media del personal del grupo empresarial y para optimizar la asignación de personal relevista a funciones sobre puestos de trabajo necesitados de efectivos“. Para ello, Mellado propone ”la renovación de bolsas externas de trabajo para efectuar la contratación de personal relevista“ y se pedirá también autorización a la Junta para convocar una oferta de empleo público ”en relación a aquellos puestos de trabajo que sean necesarios sobre los perfiles profesionales que deban ser dotados en todas las direcciones del organigrama del grupo empresarial“.

Vulneración de la Ley de Transparencia

El Plan de Eficacia, Eficiencia y Racionalidad de la RTVA de 2021 entró en el orden del día del Consejo de Gobierno de este martes, y fue posteriormente aprobado y publicitado en el último párrafo de una nota de prensa que encabezaba con otro asunto: la autorización de gasto de 17,4 millones de euros para la renovación tecnológica de los equipos de Canal Sur, una asignatura pendiente desde hace años y que los profesionales del ente público venían reclamando con insistencia.

Una vez aprobado el citado Plan, este periódico solicitó insistentemente y por varias vías el documento a la Oficina del Portavoz de la Junta de Andalucía, que se negó a proporcionarlo pese a tratarse de una información pública. La negativa o resistencia a proporcionar un documento recién aprobado por el Consejo de Gobierno incumple dos artículos de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía.

El artículo 22 sostiene que el Consejo de Gobierno, “sin perjuicio del secreto o reserva de sus deliberaciones, hará públicos con carácter previo a la celebración de sus reuniones el orden del día previsto y, una vez celebradas, los acuerdos que se hayan aprobado, así como la información contenida en el expediente que se haya sometido a su consideración, en los términos que se establezcan reglamentariamente”. El artículo 12 de la citada ley dice que “las administraciones públicas, las sociedades mercantiles y las fundaciones públicas andaluzas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución”. El punto 12.2 añade: “Los planes y programas a los que se refiere el apartado anterior se publicarán tan pronto sean aprobados y, en todo caso, en el plazo máximo de 20 días”.

La Consejería de Presidencia, responsable de la Oficina del Portavoz de la Junta, advierte en su página web de que “los acuerdos del Consejo de Gobierno y los documentos de los expedientes administrativos que los fundamentan se publican en la página web de la Junta en un plazo no superior a tres días hábiles desde su aprobación” (habitualmente se hace los viernes, dado que las reuniones del Consejo son los martes). Este plazo de tres días no está recogido en la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, es un margen que se ha autorizado la propia Junta alegando “dificultades” para volcar el contenido de los acuerdos aprobados en el sistema informático de la Administración. En cualquier caso, esos tres días no computan en caso de que un periodista o medio de comunicación reclame al Consejo de Gobierno un documento recién aprobado y éste se niegue explícitamente a proporcionárselo. El contenido del citado Plan de Eficacia de la RTVA, aprobado el martes, fue adelantado por el diario El Mundo un día después.