Expertos rebajan el optimismo fiscal del Gobierno de la Junta de Andalucía

El Gobierno del PP vuelve a tirar de las rebajas fiscales -la prevista para 2023 sería la sexta- como seña de identidad y lo hace empleando afirmaciones categóricas para las que los expertos no siempre encuentran fundamentos. ¿Bajar impuestos genera más riqueza? ¿Y más igualdad? ¿Hay evidencias para concluir que esas rebajas fiscales son la causa de un incremento de la recaudación o solo se daría una correlación en la que influyan otros factores?

Lo primero que responden los expertos es que “habrá que esperar a la evolución de la coyuntura económica, que en estos momentos es muy incierta”, como expresa Jesús Ramos Prieto, catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Pablo de Olavide (UPO).

Manuel Hidalgo, profesor de Economía Aplicada y también de la UPO, agrega: “Si rebajo el impuesto sobre el patrimonio y ese año la economía crece, no voy a perder recaudación y puedo pensar que hay una relación de causa-efecto, pero no funciona así. ¿Qué pasa si ese año tengo recesión? Porque las comunidades autónomas que no lo bonifican también crecen en un año de expansión… Esas relaciones causales sabemos cómo identificarlas y a veces no podemos, porque no es una regla de tres”.

En esta línea, prosigue: “Si en 2023 sube la recaudación porque crece la economía en Andalucía, no puedo decir que sea por la rebaja fiscal. Puede haber gente que traslade su domicilio a Andalucía por la eliminación del impuesto sobre el patrimonio y suba la recaudación por el IRPF, pero la gran pregunta es si ese incremento compensa lo que dejas de ingresar por el impuesto que ha desaparecido”.

En cambio, no dudan de que pueda suponer un incremento de la actividad económica, pero Manuel Hidalgo matiza: “Que baje el impuesto sobre el patrimonio normalmente genera más actividad económica porque las empresas se ven liberadas de la carga impositiva. Por tanto, desde esta perspectiva, bajar impuestos genera más actividad económica. Pero la siguiente cuestión es si genera lo suficiente como para compensar la caída de los ingresos fiscales, y en España sabemos por algunos trabajos que no es así. Si caen los ingresos fiscales hay que reducir el gasto público”.

Y sigue: “Lo cierto es que no es verdad que una rebaja fiscal financie por sí misma lo que dejas de recaudar. Eso solo se ha dado en este país en casos puntuales, con tipos impositivos muy elevados y en determinados momentos. Y si en neto no supone ganancia, hay que bajar el gasto público y endeudarse más”.

La duda de la atracción de más contribuyentes

Los dos sí coinciden en otra cosa. “Suprimir el impuesto de patrimonio, como ya prácticamente se ha hecho con el de sucesiones y donaciones, podría atraer a residentes de otras comunidades autónomas. Es decir, gente con alto patrimonio que traslade la residencia en Andalucía. Hasta ahora se iban a Madrid y puede que Andalucía se convierta en polo de atracción y mediante el IRPF suba su recaudación. Eso ha sucedido en algunos casos. Porque el IRPF está cedido en un 50% y si atraes a contribuyentes de mayor renta, puedes experimentar un incremento en la recaudación por esta vía. Pero eso habrá que verlo y también cómo se actualizan los tramos en función de la inflación”, apunta Jesús Ramos Prieto.

Lo que ha ocurrido hasta el momento, con las rebajas fiscales previas, es que no se puede determinar que se haya producido este hecho a favor de Andalucía. Es más, el Gobierno del PP habla de 288.000 contribuyentes nuevos con sus rebajas fiscales. Pero la Agencia Tributaria toma nota de esos 288.000 contribuyentes que ha ganado Andalucía y recuerda que hay un número muy similar de domiciliaciones fiscales que han salido de la comunidad autónoma en el mismo periodo para instalarse en otras. El crecimiento de la recaudación en esta autonomía es parejo al crecimiento vegetativo de la economía, es decir, se debe a un aumento de trabajadores que salen de las listas del paro y no a esa mudanza fiscal.

“Sí es cierto que tenemos en España un problema por las diferencias tan grandes entre unas comunidades autónomas y otras y eso solo se puede abordar a nivel estatal”, indica Manuel Hidalgo, quien recuerda “que este tributo tiene unos inconvenientes, pero también elementos positivos, que hacen que algunos lo cuestionen y otros no”.

“No es ni blanco ni negro, sino que hay muchos grises en este tipo de medidas tributarias. Ni el impuesto sobre el patrimonio es un atraco a los ricos ni un salvavidas para los pobres”, añade Jesús Ramos Prieto. Lo que se recauda en la comunidad autónoma de media con este impuesto son unos 90 millones de euros (la previsión de pérdida del ejecutivo andaluz es de 95 millones), lo que prácticamente equivale a los presupuestos de la UPO, que lógicamente no se financia solo por las transferencias de la Junta de Andalucía, pero puede ser ejemplificador. “Con el impuesto sobre el patrimonio pagamos una universidad pequeña como esta”, describe.

Y si hay redistribución

En cuanto a una mayor igualdad y redistribución de la riqueza, Manuel Hidalgo es tajante: “Primero hay que responder a para qué sirven los impuestos. En general, si lo que planteamos es reducir impuestos a personas que no son las que tienen menor renta y menos patrimonio, no ayuda a reducir la desigualdad. No generamos recursos para una transferencia de renta de los de más capacidad económica a los de menos”.

En este sentido, Jesús Ramos Prieto también señala que “hay que verlo no solo desde la perspectiva de los ingresos, sino también de los gastos”, o la visión es parcial. “Si dejas de tener unos ingresos, como el del impuesto sobre el patrimonio que obtienes de los contribuyentes con más riqueza, ya no los tienes para políticas sociales y más distributivas. Si pese a suprimir el impuesto sobre el patrimonio, vas a obtener más ingresos por otras fuentes y los canalizas a políticas sociales, educativas, sanitarias, no tiene por qué ser una reforma regresiva, porque lo complementas con los gastos. El caso es que no se puede incurrir en análisis demasiados simplistas. Dependerá de las prioridades políticas y ya veremos por qué apuesta este gobierno”.

 En concreto, el Consejo de Gobierno de Andalucía ha aprobado la supresión del impuesto sobre patrimonio, que ya ha entrado en vigor. También la deflactación al 4,3% de los primeros tres tramos del IRPF, rentas de entre 12.450 y 35.200 euros, que arrastrará también la deflactación del IRPF en las rentas altas. El impacto de la reducción del IRPF se calcula en unos 125 millones de euros, que la Junta de Andalucía dejará de ingresar por esta vía. También eliminará con este paquete el canon del agua.