Jamoneros de Trevélez y Serón cargan contra la Junta de Andalucía por “alinearse con las grandes empresas” en la batalla por el serrano

La batalla por el jamón serrano de España sigue su curso. Los jamoneros de Trevélez, en Granada, y Serón, en Almería, luchan desde hace más de dos años por evitar que el Ministerio de Agricultura, a petición de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE), cree la Indicación Geográfica Protegida (IGP) a nivel europeo que denominará jamón serrano a todos los jamones, independientemente de cómo se produzcan, a excepción de aquellos con Denominación de Origen Protegida (DOP). Un proceso en el que los productores acaban de recibir el revés de que la Junta de Andalucía les retire su apoyo explícito.

Los jamoneros se han encontrado con que la Consejería de Agricultura de Carmen Crespo ha pasado de mostrarles su respaldo para proteger la identidad del jamón serrano, que por sus características específicas en nuestro país solo se realiza en Andalucía, a alinearse a su vez con los intereses de la ANICE, según denuncian desde Trevélez y Serón. A través de un escrito, al que ha tenido acceso este medio, el Gobierno andaluz opta por no decantarse por ninguna de las dos partes con el fin de “velar por el interés general de todo el sector agroalimentario andaluz, que incluye tanto a los operadores acogidos a la IGP ”Jamón de Trevélez“, como también a los productores andaluces que elaboran jamón serrano”.

El documento, con fecha del pasado 10 de julio, es la respuesta de la Consejería de Agricultura a los jamoneros que le pidieron, hace ahora un año, apoyo para presentar una demanda contra el Ministerio de Agricultura y frenar la tramitación de la IGP. Según explican los jamoneros, dado que el Gobierno andaluz no se había pronunciado, decidieron iniciar el proceso judicial en febrero, unos meses después de que fracasase el anterior recurso presentado ante un juzgado de Madrid y que también había logrado parar la tramitación de la IGP.

Jamón curado frente al serrano

A grandes rasgos, lo que ocurre en este caso es que de un lado están los productores de Trevélez y Serón, y de otro el Ministerio de Agricultura y la ANICE. Estos últimos piden que se cree la IGP Jamón Serrano con unas nuevas características más laxas y que permitirían la elaboración de este producto en industrias de alta producción como las que tienen grandes empresa como El Pozo o Campofrío. Su argumento es que así protegen para España la producción del jamón serrano frente a la competencia que empiezan a realizar países como Italia o Portugal que no podrían seguir utilizando esta denominación.

Sin embargo, los productores de Trevélez y Serón se oponen a esta propuesta, que debe pasar por la Unión Europea, porque entienden que “empeora la calidad del producto que reciben los consumidores” y se genera “competencia desleal”. Entienden esto porque, hasta ahora, para elaborar la IGP Jamón Serrano había que hacerlos en serranía -de ahí el nombre-, en condiciones muy estrictas de frío y humedad, los cerdos han de ser blancos y su curación debe ser natural de al menos 7 meses. Características que desaparecerían si se llevase a cabo el nuevo etiquetado propuesto por ANICE. A partir de ahora, cualquier jamón elaborado en España, salvo los de denominación de origen, sería considerado “serrano” en lugar de ser el jamón común con el que están catalogados actualmente bajo la Especialidad Tradicional Garantizada (ETG) que desaparecería.

“Es absurdo que el jamón serrano sea solo español”

Pilar Álvarez, presidenta de los jamoneros de Trevélez, dice que están “decepcionados” por la decisión de la Junta de Andalucía de dejar de respaldarles explícitamente. Cabe recordar que la consejera Carmen Crespo llegó a mostrar su apoyo directo a los productores de Trevélez y Serón cuando la polémica emergió en 2021. “Un jamón curado allí es especial no solo por cumplir con las normas, sino porque la zona le aporta unas cualidades”, llegó a argumentar la representante del Gobierno andaluz en Agricultura. Ahora, por el contrario, desde la Junta se niegan a personarse en el procedimiento judicial, pero al mismo tiempo afirman que estarán “vigilantes” a través del Consejo Regulador de que se respeten los derechos de la IGP de Trevélez -y por extensión la de Serón- durante la tramitación de este etiquetado.

“Desde la Junta, además de tardar un año en contestarnos, han decidido alinearse del lado de las grandes empresas”, lamenta Pilar Álvarez. “Nuestros jamones no pueden ser equiparados a jamones que se realizan en cámaras frigoríficas porque las características son muy específicas”. Si esto se acaba haciendo “la imagen que tendrá el consumidor del jamón serrano empeorará y se encarecerán productos que no han seguido la receta tradicional”. Receta que ha convertido a los jamones de Trevélez en un sello reconocible a nivel nacional. “Además, es absurdo que pretendan hacer que el jamón serrano solo sea un producto español porque en Italia y Portugal también hay zonas que lo hacen cumpliendo las mismas condiciones”.

Para los productores, esta estrategia del Ministerio de Agricultura de la mano de ANICE, solo busca favorecer a las grandes industrias cárnicas que poseen macrogranjas que les permiten producir jamón en grandes cantidades y penetrar en el mercado. “El etiquetado es muy importante para proteger la calidad del producto y el jamón serrano no puede ser tratado como cualquier jamón común o curado”, recuerda Álvarez. Por ello, confían en que la demanda interpuesta en febrero acabe dándoles la razón. De momento, lo que han conseguido es frenar la tramitación mientras el juzgado resuelve, como ya hicieron en 2022. “Nuestro abogado nos dice que la sentencia puede demorarse un año”. Un periodo de tiempo que permitirá a los jamoneros de Trevélez y Serón seguir siendo los únicos productores de jamón serrano de España.