A la Junta de Andalucía se le ha abierto otro frente en el ámbito de la función pública. Al conflicto con los “opositores fantasma” que pasaron dos años esperando que se resolvieran sus procesos selectivos, el de los interinos cesados tras 30 años de servicio ininterrumpido y a la inusual proliferación de convocatorias, se suma ahora la reclamación de opositores a los grupos A1 y A2, que denuncian que el último examen de sus oposiciones se convirtió en una escabechina injustificada, con el inusual resultado de que más del 40% de las plazas convocadas ha quedado sin cubrir.
Aunque el proceso no ha concluido, los opositores tienen pocas esperanzas en la revisión. De confirmarse, de las 344 y 165 plazas que se convocaron respectivamente para los grupos A1 y A2 de la convocatoria acumulada 2019-2021, la oposición solo va a cubrir 129 y 82 (el 59% en total).
“Todo el mundo no lo ha podido hacer tan mal después de haber aprobado tres exámenes. ¿Por qué por un lado abren mucho la mano [en otros procesos selectivos] y por otra aprietan mucho?”, se pregunta una opositora que ha quedado al filo del aprobado, bajo condición de anonimato. Sus dudas apuntan a los criterios de la comisión de selección.
“El IAAP tiene el deber moral de garantizar que las personas que forman parte de los tribunales cumplen su cometido, que es seleccionar a las personas más preparadas para cumplir las plazas que se ofertan. Dejar la mitad sin cubrir es que el tribunal no ha hecho bien su trabajo”, critica Miguel Ibáñez, portavoz del Sindicato Andaluz de Funcionarios.
Según estos opositores, unos 50 han presentado una reclamación formal a la Consejería de Función Pública, al Instituto Andaluz de Administración Pública y al Defensor del Pueblo. Sobrevuela la sospecha de que la inusual cifra de plazas vacantes pueda tener algo que ver con los procesos de estabilización de interinos contratados por la administración durante años en fraude de ley, a los que ahora hay que buscar plaza mediante unos procesos extraordinarios que la Junta de Andalucía está terminando de perfilar.
“El problema es que todo es coyuntural”, comenta una opositora que acumula años de experiencia en la Junta de Andalucía: “Todo va en función de las expectativas y lo que se necesita por temas electorales, acuerdos con los sindicatos, con los interinos…”. El portavoz del SAF lamenta que se ofrezcan plazas que no se cubren, y que cunda la sensación de que no son plazas “reales”.
“Estas plazas provienen de jubilaciones y ya están dotadas, no tienen nada que ver con la estabilización de interinos. En las que sigan vacantes el interino seguirá, y se volverán a ofertar en un procedimiento ordinario”, explica una portavoz de la Consejería. La Junta admite que ha recibido 18 reclamaciones, y que ha pedido explicaciones a la comisión de selección por los criterios de corrección, pero niega que haya instrucciones para ser más o menos estrictos a la hora de corregir, en función de lo que convenga. “Nunca ha habido una decisión de no cubrir las plazas que sacamos, sería ilegal y, además, absurdo”.
A la convocatoria del grupo A1 (cuerpo superior de administradores generales) se presentaron 2.542 opositores para 344 plazas. El primer ejercicio lo aprobaron 344 candidatos, pero solo 319 se presentaron al segundo. De ellos, aprobaron 215, con lo que han quedado sin cubrir 129 vacantes. Para las 165 plazas del grupo A2 (gestión administrativa) se presentaron 2.763 opositores. Sólo 148 fueron convocados al segundo examen, diez no se presentaron a la lectura del tema y 55 suspendieron. Al final, solo aprobaron 83, de modo que las vacantes fueron 82, la mitad.
La Junta de Andalucía (y el resto de administraciones públicas) debe reducir la tasa de temporalidad a un máximo del 8% antes de que termine 2024. No cubrir ni siquiera las plazas que se convocan por oposición libre aleja el objetivo.
“Tengo dos hijos pequeños y un trabajo de pocas horas para poder sufragar los gastos de la oposición. Tenemos mucho invertido en esto para que te traten como el último eslabón. Esto es un maltrato”, lamenta Marta (nombre ficticio), que tiene 39 años y se presentó al cuerpo de gestión administrativa (A2). Después de superar el primer examen tipo test, se ha quedado apenas a tres puntos (sobre treinta) de aprobar el examen de desarrollo temático.
Marta asegura que como ella hay decenas de casos de candidatos que se han quedado a décimas. “¿Después de pasar un primer corte tan duro, solo unas pocas personas tienen la capacidad de aprobar y obtener la plaza?”, se pregunta.
La exigua diferencia numérica entre decenas de suspensos y la nota de aprobado contrasta, según los opositores, con el margen discrecional y la falta de concreción de los elementos (ítems) en los que se basa la puntuación. Así, las puntuaciones de los exámenes de desarrollo se detallan hasta los cuatro decimales, pero no se habían publicado previamente los criterios para evaluar las “competencias blandas” ni los puntos máximos asignados a cada subepígrafe del ejercicio, que ya no era anónimo. Marta pone un ejemplo: “Del Parlamento puedes hablar de mil cosas, pero si no está en el checklist no se valora. Y el checklist no se publica. ¿Tengo que ser adivina?”.
El resultado es un cóctel de amplia subjetividad en las correcciones que fomenta las sospechas. Por eso, muchos de ellos salieron con satisfacción del examen, y se han encontrado un suspenso al filo del aprobado. Todos habían superado previamente el primer examen tipo test, después de que la comisión ya tuviera que rebajar la nota de corte (en el A2) para que hubiese al menos tantos aprobados como plazas. Había tantas preguntas incorrectas que se agotaron las de reserva. “Lo quisieron poner tan difícil que se equivocaron”, deduce una opositora. También aprobaron el supuesto práctico, y albergaban la expectativa razonable de superar también la última prueba.
Pero de 30 puntos posibles en la última prueba, el que más logró 18. “¿Qué ha pasado? ¿Es la comisión? ¿Creen que están en el colegio? ¿Por qué para unas hay manga ancha y para otros, los que estudiamos y nos presentamos libres y sin puntos, porque es una oposición libre total, son más duros que con nadie?”, se pregunta Claudia (nombre ficticio), opositora del grupo A1. “No se trata de aprobar a gente que no se lo merece: ya habíamos aprobado varios exámenes. Así que no es la típica rabieta de unos opositores mosqueados por no haber aprobado. Necesitamos que nos expliquen por qué ha ocurrido esto”.
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