Ni un día ha esperado la comunidad educativa pública de Andalucía para levantar su voz. El 1 de septiembre, arranque de curso escolar y político, ha sido la fecha elegida por sindicatos y plataformas en defensa de la pública para pedir, sobre todo, bajar la ratio de 25 a 20 alumnos por clase en Infantil y Primaria, de 30 a 25 en Secundaria y de 35 a 30 en Bachillerato, como han pedido en una Iniciativa Legislativa Popular cuya tramitación acaba de echar a andar en el Parlamento autonómico. Y lo han hecho precisamente a las puertas de la sede de la representación del pueblo andaluz, donde han acudido cientos de personas. Entre ellas, Vega, Nieves y Paola, que se han mostrado “preocupadas” por el “empujón” que el Gobierno de la Junta “está dando a la enseñanza concertada”, incluyendo ese apellido en su Dirección General de Planificación, Centros y, ahora, Enseñanza Concertada. “Una muestra de lo que se nos viene encima en la educación pública”, aseguran situadas al final de la concentración.
“La atención al alumnado es fundamental y no se puede con tantos niños por aula”, apunta una de ellas. “Y sobre todo si se requiere una atención más individualizada”, señala otra. En otro grupo, Miriam, pedagoga terapéutica, de Dos Hermanas, aboga en ese sentido por un trabajo “personalizado” con alumnado con necesidades especiales, “y eso no se puede hacer bien si hay demasiados niños en el aula”. Alberto y Manuel corroboran la “inquietud” ante el nuevo curso escolar. “Llevamos muchos años abogando por que no se supriman líneas en la pública, y en los últimos tres años se han eliminado 1.181 clases” en la red de centros públicos, detallan.
“No bajar la calidad y tener menos alumnos en cada aula”, insisten. “Esto no va solo en contra del gobierno actual sino del desmantelamiento de la educación pública. Se están cargando la Primaria”, dice Jesús, una de las personas concentradas, que han reclamado también “un orientador por cada centro” para impulsar la inclusión en la escuela pública. El blindaje de líneas públicas y un proceso de estabilización laboral para los profesionales de la educación también se han encontrado entre otras reivindicaciones expuestas por los colectivos participantes en la concentración, que ha estado impulsada por XPrimaria y PADEI, y a la que se sumaron USTEA, CGT y Marea Verde.
Algunos representantes políticos también han estado presente en la concentración. La portavoz de Educación de Por Andalucía, Alejandra Durán, por ejemplo, quien ha explicado a elDiario.es Andalucía que el objetivo de la protesta es “frenar el acoso a la educación pública” por parte del Gobierno del PP en la comunidad autónoma. La también secretaria de Acción Institucional de Podemos Andalucía ha cifrado en 2.800 el número de docentes perdidos durante la anterior legislatura y ha asegurado que el cambio de nombre de la Consejería de Educación a Consejería de Desarrollo Educativo “sabemos que significa privatización y beneficio para unos pocos”. Juan Antonio Delgado (Podemos), Esperanza Gómez, de Más País (Por Andalucía también) o Maribel Mora, de Adelante Andalucía, han estado igualmente en la concentración ante el Parlamento, que este jueves conformaba la composición de sus comisiones, coincidiendo también con el arranque de curso escolar, al menos para la Educación Infantil.
Durán ha recordado los recientes intentos del Gobierno andaluz de “boicotear” la tramitación de la ILP de bajada de ratio, así como “sus políticas de acoso al modelo publico para favorecer el negocio de empresarios y órdenes religiosas en la educación concertada”, por lo que ha valorado el “enorme esfuerzo de la comunidad educativa en su defensa de la pública” y ha emplazado a los colectivos presentes a reforzar las colaboración con el grupo parlamentario “para incrementar la presión social e institucional contra la demolición del modelo público”.
Según Durán, los representantes de los colectivos con quienes se ha reunido han abogado por mantener la colaboración con el grupo parlamentario para trasladar sus propuestas a la cámara andaluza y han detallado algunas de las problemáticas que padece la educación en Andalucía como la precariedad en la que se encuentran miles de docentes, el déficit de infraestructuras, la nula bioclimatización de los centros, o la necesidad de cumplir el plan de retirada de amianto.