La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.
Puedes seguir a la APDHA en redes sociales:
Las rutas migratorias en Europa, tras los bloqueos, acuerdos internacionales y violaciones sistemáticas de DDHH en Turquía, Libia y otros países, pasan de forma importantísima por España, aunque desde el Gobierno se empeñe en decir que son situaciones excepcionales o de emergencia. De hecho, como ya señalamos en el informe Frontera Sur 2019 de APDHA, en nuestro país las llegadas vía marítima en 2018 “se han multiplicado por 2,24 con respecto al año 2017”.
Fruto de la estrategia del PSOE de reducir las llegadas vía marítima a España al 50% a cualquier precio y en la que llevan trabajando desde hace meses como veremos a continuación, hoy leemos el anuncio del acuerdo de España con Marruecos para devolver a personas migrantes rescatadas en el mar a las costas marroquíes.
El rumbo de las políticas migratorias está quedando rotundamente claro.
Por un lado observamos todas aquellas medidas que están reduciendo el personal y recursos destinados a Salvamento Marítimo, que recordemos que es el único servicio de rescate civil gubernamental existente, así como la información sobre sus rescates, pese a las 1064 muertes y desapariciones que hemos constatado en 2018. La noticia de hoy es el colofón a una serie de actuaciones que llevan teniendo lugar desde hace meses:
- El 9 de diciembre de 2018 el Gobierno ordenó a Salvamento Marítimo que dejara de emitir reportes diarios sobre el rescate de vidas humanas en El Estrecho y Mar de Alborán. Ahora tan sólo contamos con un incompleto e insuficiente informe quincenal publicado por el Ministerio del Interior sin detalles esenciales como el número de personas fallecidas o desaparecidas, los principales puertos de desembarco de personas migrantes, el número de menores acompañados o los que viajan solos. Este apagón informativo, que ya denunció APDHA, tiene múltiples consecuencias nefastas para las personas migrantes.
- Se reducen los tripulantes y medios de Salvamento Marítimo con argumentos engañosos y desmentidos por la propia organización al igual que tampoco se reparan los radares que permiten que los aviones de Salvamento marítimo puedan funcionar y que llevan estropeados meses.
- El Gobierno busca evitar que Salvamento Marítimo patrulle activamente en las aguas del Mediterráneo. En lugar de mostrarse proactivos, les piden que “esperen a las llamadas de alerta”.
- Se reducen los barcos (como el Punto Salinas en Canarias) dedicados a Salvamento.
- Se cierra el centro de Coordinación de Salvamento de Tarifa.
En paralelo, se refuerza la externalización de fronteras y la presión para que Marruecos ejerza de gendarme de Europa:
- El Gobierno pretende aumentar el ámbito de actuación de Marruecos para que sean sus propios guardacostas los que asuman más rescates.
- Grande Marlaska, el Ministro de Interior, ha realizado durante los últimos 8 meses una gira por África para fomentar la “cooperación en materia migratoria”. Ha visitado Marruecos, Argelia, Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea Conakry, Costa de Marfil y Ghana suscribiendo “acuerdos de cooperación” con sus gobiernos para “luchar contra el terrorismo, el crimen organizado y la inmigración irregular”.
- Las tan anunciadas retiradas de las concertinas ha sido un mero espectáculo mediático. Se han instalado en el lado marroquí con financiación de la Unión Europea.
- España firma un Acuerdo de pesca con Marruecos coincidiendo con lo que el presidente del Gobierno definió como un “extraordinario momento” que atraviesan las relaciones bilaterales, al destacar “el esfuerzo de Marruecos por agilizar los retornos de inmigrantes que llegan a España de forma irregular”.
- El Gobierno español también se ha erigido en “interesado defensor” de Marruecos para pedir a Europa que desbloqueara dinero destinado a Marruecos.
- Incluso a nivel de jefaturas de gobierno se producen estos acuerdos y peticiones: en febrero Felipe VI solicitó a Mohamed VI colaboración junto a Europa, para el control migratorio. En el marco de este viaje, y entre 11 acuerdos bilaterales firmados, se encontraba uno de lucha contra la delincuencia que incluía también la “lucha contra la inmigración ilegal”.
Además, se continúa con las políticas de militarización de las fronteras:
- El Gobierno anuncia que se invertirán 32 millones de euros en Ceuta y Melilla para “reforzar y modernizar el sistema de protección fronteriza terrestre” en estas ciudades. Este presupuesto “es susceptible de ser cofinanciado hasta el 75 por ciento de su importe con fondos europeos, a través del Fondo de Seguridad Interior o del Fondo de Asilo, Migración e Integración”.
- Todo lo relacionado con la Frontera Sur pasa a estar coordinado bajo el “mando único” de la Guardia Civil, incluyendo a Salvamento Marítimo y la Cruz Roja, además del equipo compuesto por Fuerzas Armadas; FRONTEX; Centro Nacional de Inteligencia; Guardia Civil; Policía Nacional; Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera; Capitanías Marítimas; Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y de las Delegaciones del Gobierno en Andalucía, en Ceuta y Melilla.
- Se incorpora la Guardia Civil a buques de rescate como el Clara Campoamor.
- La presencia militar permanente en islote de Alborán.
Mientras tanto, el Gobierno sigue justificando las devoluciones en caliente a Marruecos pese a las condenas de la ONU por tener constancia de que se está devolviendo a menores de edad y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya dictado sentencia y condenado a España por normalizar esta práctica en Melilla. Los Centros de Internamientos de Extranjeros continúan abiertos y en ellos se violan los derechos de las personas. También las identificaciones racistas siguen teniendo lugar en el Estado.
El apagón informativo de Salvamento Marítimo fue un síntoma más de los que llevamos viendo en los últimos meses que muestran el endurecimiento de las políticas migratorias en España. Ceuta y Melilla están convirtiéndose en auténticas cárceles para las personas migrantes, y cuentan con una única puerta trasera: la de las devoluciones en caliente. El Gobierno cuestiona hasta si España es un puerto seguro, mientras que considera, en ocasiones, que Libia sí lo es.
El anuncio de las devoluciones a Marruecos de las personas rescatadas en el mar es la confirmación de nuestras peores pesadillas. Se está construyendo una España-fortaleza rodeada de vallas, de concertinas, de radares y de personas muertas. Y cada paso que se toma, cada nueva vía que se habilita para devolver o expulsar a personas o evitar su llegada a cualquier precio, avanza más en esa dirección.
Las rutas migratorias en Europa, tras los bloqueos, acuerdos internacionales y violaciones sistemáticas de DDHH en Turquía, Libia y otros países, pasan de forma importantísima por España, aunque desde el Gobierno se empeñe en decir que son situaciones excepcionales o de emergencia. De hecho, como ya señalamos en el informe Frontera Sur 2019 de APDHA, en nuestro país las llegadas vía marítima en 2018 “se han multiplicado por 2,24 con respecto al año 2017”.
Fruto de la estrategia del PSOE de reducir las llegadas vía marítima a España al 50% a cualquier precio y en la que llevan trabajando desde hace meses como veremos a continuación, hoy leemos el anuncio del acuerdo de España con Marruecos para devolver a personas migrantes rescatadas en el mar a las costas marroquíes.