La pasada semana la Mesa del Congreso desbloqueó la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización de las personas migrantes en situación irregular. Esta decisión supone un paso significativo en la tramitación de este texto. La iniciativa, que ya fue aceptada por el Pleno del Congreso el 9 de abril, se había estancado en su tramitación al eternizarse los plazos de presentación de enmiendas. Este paso, alcanzado tras el acuerdo entre el PSOE y Sumar, supone un espaldarazo a la iniciativa que encabezó la plataforma RegularizaciónYa.
La tramitación legislativa abre ahora distintas posibilidades para determinar la forma en la que se apruebe definitivamente una norma que permita la regularización de las personas migrantes que se encuentran en España de forma irregular. De acuerdo a las estimaciones, esta medida puede afectar a más de 500.000 personas cuyos derechos en la actualidad, a pesar de vivir y trabajar en España, se ven vulnerados puesto que siguen atrapadas en la irregularidad.
La propuesta supone una respuesta necesaria a una realidad insostenible que no puede seguir siendo ignorada. Las personas migrantes en situación irregular llevan años sosteniendo sectores esenciales, pero han sido sistemáticamente invisibilizadas por un sistema que se beneficia de su precariedad sin reconocer sus derechos. Sectores como los cuidados, el hogar, la agricultura y otros tantos se sostienen, en una importante medida, por la labor de personas migrantes a las que, sin embargo, se les niegan los derechos por su condición administrativa.
El verdadero desafío será que la medida no se diluya durante el trámite parlamentario, convirtiéndose en una regularización parcial o plagada de condiciones que perpetúen la precariedad
La regularización no solo busca reparar una injusticia histórica, sino también integrar formalmente a estas personas en la vida económica y social del país. A pesar de los beneficios que aporta a la sociedad su regularización, la oposición a la iniciativa sigue basada en un discurso alarmista con su narrativa del “efecto-llamada” y la defensa de una supuesta identidad nacional amenazada. Estos discursos no son más que argumentos llenos de racismo y discriminación que se encuentran lejos de la realidad de su implementación. Pretender que el Estado pueda ignorar a medio millón de personas es, además de inviable, profundamente irresponsable.
Sin embargo, este desbloqueo de la Mesa del Congreso es solo el primer paso. El verdadero desafío será que la medida no se diluya durante el trámite parlamentario, convirtiéndose en una regularización parcial o plagada de condiciones que perpetúen la precariedad. La regularización debe ser un compromiso firme con la integración y los derechos, no una herramienta política que sirva para mejorar las estadísticas a corto plazo.
Más aún cuando en este momento el gobierno está tramitando un nuevo reglamento de la Ley de Extranjería que no recoge un proceso de regularización extraordinario, aunque simplifique los procedimientos de arraigo, que son los que se han venido utilizando como mecanismo de regularización ad hoc. En este sentido, resultaría muy importante saber cuál es la posición del PSOE al respecto para definir si la tramitación parlamentaria de la proposición de ley para una regularización extraordinaria para personas extranjeras en España va a mantener la esencia de la iniciativa o, por el contrario, va a plantear un recorte del núcleo de la regularización.
Por ello, desde los colectivos sociales debemos mantener que la reivindicación continúe para que el proceso se traduzca en una regularización efectiva. Ningún argumento identitario o político puede justificar que miles de personas sigan viviendo en estas circunstancias.
La historia nos enseña que los países que avanzan son aquellos que apuestan por la inclusión, no por el rechazo. Esta aprobación es un paso importante para la defensa de los derechos de las personas migrantes, pero es un camino que no termina aquí.
Sobre este blog
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