La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.
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Si el inicio de un año es un buen momento para reflexionar sobre los retos que se plantean en los siguientes doce meses, cuando este análisis lo centramos en la situación de los derechos humanos para el año 2025, desde la APDHA nos vemos obligados a afirmar que los derechos humanos están en grave riesgo de ser eliminados.
Sin lugar a dudas, la situación más dolorosa es la que vive el pueblo palestino, sometido al genocidio del estado sionista de Israel, el cual está siendo retransmitido en directo por los medios de comunicación con la complicidad activa u omisiva de la comunidad internacional.
El incontable número de víctimas y la impunidad de los responsables de este ataque inhumano suponen la quiebra definitiva del ya de por sí débil orden jurídico internacional. Ni siquiera la detención, juicio y encarcelamiento de los líderes sionistas responsables de la masacre, con Netanyahu a la cabeza, serían suficientes para revertir esta tremenda crisis en la que se encuentran los principios de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El ataque de Israel sobre la población palestina es la más grave vulneración de derechos humanos que vivimos en la actualidad, pero no la única. También se vulneran cada día los derechos humanos de las poblaciones de Ucrania, tras la invasión rusa; de Sudán, donde existe una guerra civil abierta, de Burkina Faso, de Siria, de Etiopía o de Yemen, por citar solo algunos ejemplos.
Muchos de los conflictos armados actuales se desarrollan en el continente africano y, junto con el escenario generado por regímenes poco democráticos y una terrible desigualdad, provocan la migración de quienes huyen de la muerte, la pobreza, la persecución o la falta de un futuro digno.
La falta del mínimo respeto a los derechos inherentes que tienen las personas migrantes no concluye cuando logran llegar a tierra con vida. El sistema sigue atacándolas y criminalizándolas de forma continuada, incluso cuando logran regularizar su situación
Frente a esta realidad, la Unión Europea ha diseñado un pacto sobre migración y asilo que supone una descomunal vulneración de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. Además, en él no se contemplan las imprescindibles vías legales y seguras, las cuales podrían evitar la tragedia que asola nuestras costas desde hace casi treinta años y que tan solo en 2024, le costó la vida a unas 2.500 personas, de acuerdo a los datos que APDHA publicará en el Informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2025.
La falta del mínimo respeto a los derechos inherentes que tienen las personas migrantes no concluye cuando logran llegar a tierra con vida. El sistema sigue atacándolas y criminalizándolas de forma continuada, incluso cuando logran regularizar su situación.
La reciente muerte de Mamouth Bakhoum, ahogado en el río Guadalquivir tras la persecución de los agentes de la policía local de Sevilla, es un claro ejemplo de cómo las políticas racistas afectan a la población migrante a la hora de continuar desarrollando su vida en España, así como de que la embestida contra los derechos humanos no se produce únicamente lejos de nuestro entorno, sino que también en Andalucía los derechos humanos están en riesgo.
En este sentido, hay que poner el acento sobre las condiciones socioeconómicas de Andalucía, causadas por los recortes y privatización silenciosa y paulatina de servicios básicos como la educación o la sanidad, que suponen el incumplimiento de los derechos humanos en nuestra región.
De acuerdo a los datos que publicamos en diciembre en el Informe Pobreza Sur 2024, Andalucía es la comunidad autónoma con mayor riesgo de pobreza y exclusión: 10 de los 15 barrios más pobres del estado se encuentran en Andalucía y 11 de los 16 municipios españoles más pobres son andaluces. Además, tenemos la mayor tasa de pobreza infantil del país, casi 600.000 niños y niñas andaluces se encuentran en situación de pobreza.
Si bien el derecho a la vivienda se ha manifestado como una de las grandes preocupaciones de los españoles, este derecho, reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal y también en el 47 de la Constitución española, se ha convertido en una auténtica quimera con el tremendo incremento de precios del alquiler en las principales localidades andaluzas. Por si fuera poco, Andalucía es la comunidad autónoma con mayor número de desahucios.
Por supuesto, la pobreza también tiene género y está conectada íntimamente con la discriminación de la mujer, que supone una constatación perpetuada de la vulneración de derechos.
La lacra de la violencia de género y la violencia sexual, el machismo sistémico y sistemático, la brecha salarial, la responsabilidad de los cuidados no retribuidos, la explotación laboral son realidades que se mantienen en nuestro país y en el conjunto del planeta. En Andalucía, el 57,6% de los hogares monomarentales están en situación de pobreza.
En la actualidad pueden leerse justificaciones al genocidio que está ejecutando el estado sionista de Israel sobre el pueblo palestino, bulos contra la población migrante y, especialmente, contra los más vulnerables: los niños y niñas que migran solos
No puede cerrarse esta reflexión sobre la situación de los derechos humanos para el año 2025 sin hacer referencia a un colectivo vulnerabilizado y olvidado: el de las personas privadas de libertad. El sistema penitenciario deja a un lado de forma cada vez más evidente su supuesto carácter reinsertador y se está configurando como un mero mecanismo de castigo y segregación que afecta especialmente a las personas que provienen de situaciones y entornos de exclusión.
En esta involución, la falta de transparencia y el recorte de servicios se alinean con discursos sociales y políticos cada vez más punitivistas. Si al principio de este texto decíamos que los derechos humanos están en riesgo, lo están en esencia por la normalización de discursos que niegan la realidad de su vulneración o que abogan directamente por su supresión.
En la actualidad pueden leerse justificaciones al genocidio que está ejecutando el estado sionista de Israel sobre el pueblo palestino, bulos contra la población migrante y, especialmente, contra los más vulnerables: los niños y niñas que migran solos.
También pueden oírse mensajes que niegan la violencia de género, la discriminación de la mujer, que responsabilizan a las víctimas de la pobreza por serlo o que deshumanizan a las personas privadas de libertad.
Por todo lo anterior, el reto para este año que entra y los siguientes es doble. Por una parte, hemos de continuar luchando por el respeto de los derechos humanos para todas las personas, pero, además, hay que insistir en la sensibilización y discutir el espacio público a los discursos machistas, racistas, inhumanos que se difunden y que pretenden generalizarse.
En esa lucha, reivindicando los derechos humanos en las calles, en los barrios, en los colegios, en los institutos, pero también en los medios y en las redes, continuaremos en la APDHA.
Si el inicio de un año es un buen momento para reflexionar sobre los retos que se plantean en los siguientes doce meses, cuando este análisis lo centramos en la situación de los derechos humanos para el año 2025, desde la APDHA nos vemos obligados a afirmar que los derechos humanos están en grave riesgo de ser eliminados.
Sin lugar a dudas, la situación más dolorosa es la que vive el pueblo palestino, sometido al genocidio del estado sionista de Israel, el cual está siendo retransmitido en directo por los medios de comunicación con la complicidad activa u omisiva de la comunidad internacional.