“La percepción que tenemos de la población gitana está mediada por el papel de las instituciones de castigo”

“A día de hoy tenemos más policías y más personas presas que hace cincuenta años, y un código penal más duro que el existente cuando Franco murió. No obstante, la delincuencia lleva tres décadas sin aumentar, desde finales de los 80, mientras que la mayoría del endurecimiento del sistema penal ha sido posterior a su estabilización”. Así comienza Neoliberalismo y castigo, el último libro del sociólogo Ignacio González Sánchez. El autor es profesor de criminología en la Universidad de Girona y algunas de sus obras anteriores son ‘Los jueces penales: una introducción al estudio de la profesión’ o ‘Teoría social, marginalidad urbana y Estado penal: aproximaciones al trabajo de Loïc Wacquant’.

Desde el área de Cárceles de APDHA entrevistamos a González Sánchez para hablar sobre la relación entre desigualdad y castigo, la dureza de nuestro sistema penal, la desfinancierización de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o cómo hemos reaccionado a la Covid-19.

En España apenas hemos prestado atención a la forma de castigo, ¿por qué crees que esto ha sido así?

Es cierto que cuando uno mira los datos de España relativos al sistema de castigo, destaca. ¿Por qué no se le ha prestado atención? Tal vez desde una perspectiva externa puede dar la impresión de que las instituciones de castigo de España -o, en general, de los países del sur de Europa- son algo anecdótico. En España la Sociología apenas le ha prestado atención al sistema penal. Esto creo que tiene que ver no tanto con el objeto mismo de estudio, sino con tradiciones históricas sobre la distribución de las materias de estudio entre distintas facultades. Por algún motivo, cuando en la década de los 70 comienzan a transformarse las Universidades, todo lo relacionado con la ley y el orden quedó en manos de las facultades de Derecho. La Sociología no ha sido consciente de qué es lo que estaba pasando con las instituciones de castigo en España, a pesar de la publicación de informes anuales por parte de instituciones públicas. De tal manera que cuando alguien se acerca a las ciencias sociales para saber algo sobre el funcionamiento de la sociedad en España, da la impresión de que la gente sigue las normas sin necesidad de que exista el Derecho, sin necesidad de que haya policía o sin necesidad de haya gente en las cárceles. Es decir, como si no existiera el castigo estatal.

Justamente lo que intentas hacer con tu libro es, por un lado, dar una aproximación más compleja sobre qué es el castigo y cómo lo concebimos y, por otro, hasta qué punto el neoliberalismo influye en las formas de punición.

En el libro intento reconceptualizar el castigo y explicar cómo la neoliberalización de las políticas públicas lo moldean. Para lo primero me sirvo de la obra del sociólogo David Garland, quien propone que se debe ver el castigo como una institución compleja atravesada por múltiples lógicas. El castigo tiene, además, una dimensión histórica. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en el Derecho administrativo sancionador. Este no se suele concebir como una forma de castigo porque no se asocia con delitos, es decir, no está aparentemente vinculado con el sistema penal. Sin embargo, creo que si nos fijamos en las transformaciones de los últimos años es importante entender el Derecho administrativo sancionador como una forma de castigo más.

Siguiendo a Garland, sostengo que para definir el castigo hay que ir más allá de los límites que define el Derecho como punible. De esta forma se resignifica el castigo no como una forma de prevenir la delincuencia, sino que permite analizarlo como un fuerte motor cultural a través del cual entendemos ciertos sectores poblacionales. Por ejemplo, en el caso español la percepción que tenemos de la población gitana está mediada por el papel de las instituciones de castigo.

En esta tarea de complejizar la noción de castigo te sirves de la obra de otro sociólogo, Loïc Wacquant, quien ha insistido en la influencia del neoliberalismo a la hora de explicar los cambios punitivos. ¿El neoliberalismo lo explica todo?

El objetivo del libro no es explicar la totalidad del castigo desde el prisma del neoliberalismo, sino tratarlo como una institución compleja. Pretender explicar 40 años de sistema penitenciario o legislación penal únicamente desde una única perspectiva es lo contrario de concebir el castigo como una institución compleja. España no encaja exactamente en un modelo de neoliberalismo “puro”, sobre todo si tenemos en cuenta factores como la transición política o el proceso de integración en la Unión Europea.

¿Se puede caracterizar a nuestro sistema penal como neoliberal?

Mi propósito no ha sido caracterizar el sistema penal español como neoliberal, sino ver la influencia de determinadas lógicas -el individualismo, el papel del Estado o del mercado laboral- en una articulación más o menos concreta de algunos aspectos del sistema. También he procurado no tratar al sistema penal únicamente como una variable dependiente o como el resultado de lo que hacen otras instituciones, sino que he intentado mostrar cómo algunos aspectos del sistema penal -como, por ejemplo, el ideal de justicia- despliegan sus efectos en ámbitos como el mercado laboral o a la hora de elaborar políticas sociales.

Ahora bien, ¿qué aspectos concretos se han visto influidos por la neoliberalización del Estado y de ciertas políticas públicas? Creo que uno de los elementos más importante es un endurecimiento constante del Código Penal. Una segunda cuestión está relacionada con la gestión de los problemas sociales mediante instituciones vinculadas con la “ley y orden” y menos con la prestación de servicios o espacios desmercantilizados. En este terreno es interesante la transformación del papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En principio, todo el mundo prefiere una policía comunitaria a una policía franquista, pero el hecho de que a la policía se le hayan dado más funciones de carácter social, esté más presente en los barrios en términos preventivos o que su actuación no solo tenga que ver con abordar la delincuencia sino también con lo que se considera conductas incívicas, todo ello fomenta una expansión de las instituciones de vigilancia y control. El resultado es que tendemos a pensar que cualquier conflicto lo debe resolver la policía, sin entender muy bien por qué o sin pararnos a pensar si la policía es la institución más adecuada para esa tarea. Un ejemplo muy banal de ello es que en los colegios las charlas sobre educación vial las suele impartir la policía y no funcionarios de la Dirección General de Tráfico -que, en principio, son quienes están más facultados para ello-.

Parece que la pandemia de la Covid-19 ha consolidado aún más este tipo de respuesta policial. Recientemente ha aparecido en castellano la traducción de la obra de Alex Vitale, El final del control policial. ¿Qué papel puede en este escenario la idea de “desfinancierizar” a la policía?

Se puede entender como un proceso para revertir la asignación de más medios y más funciones a la policía, es decir, como un intento por volver a la policía que teníamos hace 30 años o como un paso intermedio para abolir la policía. Se entrecruzan por tanto el debate sobre si se trata de una reforma o de una abolición. Dejando a un lado la respuesta del sistema sanitario durante la pandemia, la reacción principal ante la Covid-19 se ha centrado en apelar a la responsabilidad individual e intensificar las funciones de vigilancia y sanción policial. Hasta cierto punto hemos naturalizado que la policía hace una labor necesaria.

En tu libro también muestras el 15-M como un ejemplo de resistencia a esta deriva neoliberal.

El 15-M es un claro ejemplo de resistencia a la implantación de políticas neoliberales que, en ese contexto, tenía que ver con reformas laborales y recortes sociales. A mí me resultaba interesante por dos cuestiones. Por el papel de resistencia de la ciudadanía y por el modo como respondió el Estado a las movilizaciones sociales. Desde el prisma de las instituciones de castigo, se llevaron a cabo la reforma del Código Penal, la Ley de Seguridad Ciudadana y una revaloración y creación de cuerpos específicos dentro de la policía como mecanismos para gestionar la disidencia política. Estas tres reformas me parece que muestran bien hasta qué punto las políticas penales pueden complementar la introducción de determinadas políticas sociales y económicas.