La vulnerabilidad de las mujeres temporeras: derechos en riesgo

Este año, la industria agroalimentaria en Andalucía ha batido un nuevo récord de exportaciones facturando un total de 2.916 millones de euros, datos que corresponden solo a los meses de enero y febrero. Pese al prestigio que se asocia a este sector, es también conocido que el mismo protagoniza la vulneración de los derechos humanos y laborales de las personas temporeras que trabajan en el campo cada campaña, así como por tener un gran impacto negativo en el medio ambiente al contaminar los acuíferos, por el alto uso de pesticidas y la deforestación de los espacios. Valga la pena señalar que esa vulneración ha sido ampliamente denunciada por la APDHA y otras organizaciones desde hace más de una década.

En 2023 el Instituto de las Mujeres publicó una campaña de información sobre las trabajadoras del sector amparándose en su boletín “Retratos de la Precariedad. Temporeras de la fresa en Huelva”, lo que supuso un impulso significativo en la visibilización de su situación.

Desde el 19 de enero, un total de 13.825 trabajadoras y trabajadores han llegado a la provincia de Huelva procedentes de los diferentes contingentes que se contrataron para el mercado laboral del sector fresero. Si bien desde hace algunos años se han vinculado otros países a esta modalidad de “migración circular”, como Honduras, Ecuador y Colombia, sigue teniendo mayor peso el número de mujeres que vienen de Marruecos, quienes este año alcanzaron la cifra de 12.916. Estas mujeres vienen amparadas bajo la orden de la gestión colectiva de contrataciones en origen (GECCO), la cual tuvo algunas modificaciones el año pasado, como la de que los contratos se hacen bajo la modalidad de fijo discontinuo durante un período de cuatro años renovable, con un máximo anual de estancia de nueve meses, generando mayor estabilidad laboral para ellas.

En la elaboración de esos planes no se tuvo en cuenta a las personas que allí habitan ni a las organizaciones que tienen un trabajo continuo con ellas, por otra parte, tampoco han propuesto alternativas habitacionales claras

Si bien hasta ahora nos hemos referido solo a las mujeres que están amparadas bajo una Orden emitida dese el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, no hay que olvidar que otro grupo de estas trabajadoras vive en asentamientos de infraviviendas dispersos por la provincia, en los municipios de Lepe, Lucena del Puerto, Moguer y Palos de la Frontera, por señalar los más conocidos, donde carecen de las condiciones mínimas como electricidad, agua potable o gestión de residuos, y cuya propia vida se ve amenazada por la posibilidad de un incendio.

La puesta en marcha de los Planes de Erradicación del Chabolismo en los municipios de Lepe, Lucena del Puerto y Moguer, no deja de ser una manera de desviar la permanente vulneración de los derechos básicos de estas personas, que son además trabajadoras. En la elaboración de esos planes no se tuvo en cuenta a las personas que allí habitan ni a las organizaciones que tienen un trabajo continuo con ellas, por otra parte, tampoco han propuesto alternativas habitacionales claras.

Estos casos ilustran la crueldad de un sistema que explota la vulnerabilidad de estas trabajadoras para su propio beneficio, exponiéndolas a la precariedad laboral y a las condiciones de vida inhumanas y que, además, contamina los recursos naturales de toda la provincia, contribuyendo con este modelo productivo al enriquecimiento de unos pocos y al empobrecimiento del territorio y las personas que viven y trabajan en él.

La APDHA en Huelva ha estado trabajando directamente con estas mujeres en las fincas y visitando los asentamientos, donde ha recopilado algunos testimonios de abusos y violaciones de derecho

Es bien conocido en Huelva el impacto medioambiental de este modelo de cultivo intensivo, ya que muchos de los campos de fresa de la provincia ocupan una importante extensión en el Parque Nacional de Doñana. Pero la contaminación del agua, sumada a su escasez, afecta de manera especial a las mujeres temporeras, que, al no disponer de agua potable en sus viviendas, lo que implica que después de arduas jornadas laborales deben andar kilómetros para poder asearse, beber o cocinar.

La APDHA en Huelva ha estado trabajando directamente con estas mujeres en las fincas y visitando los asentamientos, donde ha recopilado algunos testimonios de abusos y violaciones de derechos como la falta de atención sanitaria adecuada que, bajo la excusa de la barrera idiomática, es uno de los más habituales. Asimismo, en algunos de los testimonios que recopilamos de una finca en Cartaya, un grupo de mujeres comentaban cómo el manijero no les permitía beber, argumentando que el agua era escasa y que ellas estaban acostumbradas por el ayuno que hacían durante el Ramadán. 

Desde la APDHA insistimos en que es imperativo que se implementen medidas urgentes para asegurar el respeto de los derechos humanos, laborales y ambientales de todas las personas empleadas en el sector agrícola. Esto es especialmente crucial para aquellas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad y están expuestas a múltiples factores de desigualdad. La protección de estos derechos no sólo es una cuestión de justicia social, sino también de preservación de la salud pública y del medio ambiente para las generaciones futuras.