El programa de Podemos para las elecciones autonómicas de Andalucía, que se celebran el 22 de marzo, está compuesto por 433 propuestas organizadas en torno a cinco bloques temáticos: transparencia y democracia; la economía al servicio de la ciudadanía; el territorio como fuente de riqueza; el bienestar de las personas; y la regeneración social a través de la cultura y la sociedad del conocimiento. De momento, Podemos ha colgado en su web un resumen del programa.
Lo más inmediato son 30 medidas que pretenden poner en marcha en los 100 primeros días si gobiernan, con un coste calculado en 215 millones de euros. ¿Por qué estas medidas? Porque han sido las más respaldadas -se han emitido más de 6.000 votos- en el proceso de consulta puesto en marcha para la elaboración del programa. Resumimos a continuación ese paquete más inmediato:
- Va a postar decididamente por la gestión pública directa de unos servicios sanitarios “basados en principios de equidad y eficiencia”.
- Medidas para maximizar la transparencia y las herramientas contra la corrupción: multiplicar los medios y recursos de los juzgados con competencia en la materia; garantizar la provisión de cuentas claras y abiertas; y facilitar la constitución de comisiones de investigación en Parlamento de Andalucía sin posibilidad de veto.
- Declaración de emergencia habitacional: tras un diagnóstico, éste es el objetivo, “para garantizar los derechos habitacionales y forzar una moratoria de seis meses a desahucios y cortes de suministros vitales”. En paralelo se iniciará un plan de rescate elaborado durante los seis meses para garantizar la continuidad de las medidas de protección una vez superado este periodo.
- Priorizar la disponibilidad presupuestaria para que la educación responda a las necesidades, “dignificando para ello la profesión docente, evitando los recortes y elevando el presupuesto al menos hasta alcanzar la media europea de inversión” (6,5% del PIB).
- Implantar un certificado de solvencia laboral que limite o impida la contratación con la Junta de Andalucía de aquellas empresas que no respeten los derechos de los trabajadores o impongan a estas condiciones precarias de trabajo.
- Encargar una auditoría de la gestión.
- Ir progresivamente hacia la actual media europea de inversión en I+D+i en el transcurso de la siguiente legislatura (2% del PIB) y, de forma urgente en los próximos presupuestos autonómicos, a la actual media nacional (1,25% del PIB). El objetivo es llegar al fijado por la UE para 2020 (3% del PIB).
- Reactivación y desarrollo integral de la Ley de Dependencia.
- Impulsar políticas de emprendimiento socialmente responsables, priorizando la creación de empleo joven.
- Declarar como Procedimientos de Emergencia Ciudadana (PEC) aquellos que se refieran a garantizar servicios y asistencia a los andaluces en condiciones de dignidad.
- Impulsar las modificaciones normativas necesarias para establecer la figura del referéndum para revocar cargos electos si así lo decide la ciudadanía.
- Poner en marcha herramientas digitales de participación ciudadana e innovación democrática.
- Respaldar la producción y comercialización de nuevos productos y servicios basados en el conocimiento.
- Fomentar la economía social, entre otras cosas impulsando un convenio colectivo para el sector y planes de impulso.
- Pacto por la revitalización y el futuro del sector agrario, que incluya un fomento de las energías renovables de autoconsumo, la reconversión de explotaciones hacia sistemas sostenibles...
- Priorizar los productos agroalimentarios y procedente de pesca local y regional en los eventos de las instituciones.
- Considerar la ordenación del territorio como troncal. Las competencias de la Junta de Andalucía residirían en la Consejería de Presidencia.
- Generar un plan de adaptación urgente de las administraciones contra el cambio climático.
- Crear instrumentos específicos para la mejora de la accesibilidad en los municipios.
- Profundizar en las políticas de regeneración y conservación de los centros históricos, persiguiendo un equilibrio de usos y población tradicional, limitando los procesos de terciarización, gentrificación, privatización y abandono.
- Impulsar las acciones necesarias para apostar por la función troncal del modo ferroviario dentro del sistema de transporte de viajeros en el interior de Andalucía y en su articulación con el resto de la península.
- Contribuir a reconceptualizar y mejorar el papel de los servicios de transporte de mercancías por ferrocarril, especialmente de la línea de conexión del Puerto de Algeciras.
- Integrar los fondos del Programa de Fomento de Empleo Agrario (antiguo PER) dentro de las estrategias territoriales de creación de empleo, orientándolos principalmente a apoyar proyectos productivos de puesta en valor de recursos agrarios infrautilizados en fincas públicas o privadas que no cumplan con la función social de la propiedad.
- Garantizar la universalidad y gratuidad de la escuela infantil desde los 0 años.
- Reorientar el área de igualdad como un órgano dependiente de presidencia.
- Fomento de las medidas de probada eficacia en la lucha contra la malnutrición infantil: prioridad presupuestaria en la asignación de recursos, en especial para comedores infantiles.
- Impulsar la recuperación de la memoria histórica desde la base, dándole voz y recursos a la ciudadanía.
- Recuperar el anteproyecto de ley sobre medidas destinadas a impulsar la cultura en Andalucía, conocida como Ley de Mecenazgo, para hacer real la apuesta por esta industria.
- Impulsar y evaluar los programas de captación de talentos, facilitando especialmente el retorno de los investigadores que hayan tenido que abandonar Andalucía.
- Impulsar Servicios de Comunicación Comunitarios (SCC) (privados sin ánimo de lucro) fortaleciendo el tercer sector de la comunicación, como garantía democrática de participación y pluralidad, a través de convocatorias públicas de subvenciones, principalmente técnicas, así como con la cesión de espacios.