La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha defendido este martes en el Parlamento de Andalucía la actuación “totalmente legal” de su departamento en los realojos de las personas que el pasado 6 de abril fueron expulsadas de la conocida como Corrala Utopía, el inmueble propiedad de Ibercaja que desde mayo de 2012 ocupaban en la capital hispalense. En la comparecencia para explicar este asunto, a petición propia y de todos los grupos parlamentarios, ha reiterado que de las 17 familias que se habían contabilizado en dicho desalojo, han sido realojadas “provisionalmente” ocho, y otras nueve están a la espera de informes.
La consejera ha insistido en diferenciar el realojo de la adjudicación, “que es el mecanismo por el que se accede de forma estable a una vivienda protegida, y se hace en el marco de la Ley de Vivienda Protegida de 2005 y la Ley del Derecho a la Vivienda de 2010 y a partir de los registros de demandantes”. Frente a ello está “el realojo”, donde esta última ley deja claro que es una medida “excepcional”, por “riesgo de exclusión social” y “sin necesidad de concurrencia”. De hecho, ha apuntado que desde 2001 la Junta de Andalucía ha realizado 637 realojos de este tipo. “La adjudicación no tiene nada que ver con un realojo. Éste no atenta contra el derecho de las demás familias demandantes”, ha insistido. Y ha puesto el ejemplo de la lista de espera para operarse de rodilla, dando a entender que las familias de la corrala entraron por la puerta de urgencias. “Si una persona entra con la rodilla rota por la puerta de urgencias de un hospital, es atendida, independientemente de esa lista de espera que hay para operarse”, ha ejemplificado.
“Lo sorprendente es que tengamos que realojar porque la Delegación del Gobierno de Andalucía ha puesto en la calle a familias con niños. No es que pudiéramos realojar a las familias: es que debíamos”, ha aseverado, momento el que ha recordado que había un auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla ordenando a las administraciones que se hicieran cargo de la situación. Es más, ha criticado que la Delegación del Gobierno en Andalucía no le informó de la orden de desalojo sabiendo que había un preacuerdo de dos días antes -el pasado 4 de abril- entre la Junta de Andalucía y la propietaria del inmueble en presencia del Defensor del Pueblo Andaluz y que conocía el Ayuntamiento de Sevilla.
Igualmente, una vez que ha dado por “resueltas” las “discrepancias en el seno del Gobierno de Andalucía” por este caso que desecandenó la crisis más grave de la alianza entre el PSOE-A e IU, ha abogado por la “necesidad” de mantener el pacto, para recordar que son servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla “los que deben actualizar los informes de las 17 familias” de la corrala. “Ya es hora de que lo haga”, ha dicho. “La actuación de la Consejería de Fomento y Vivienda es siempre legal y justo y eso espero del Ayuntamiento de Sevilla”, ha enfatizado.
Por otro lado, Elena Cortés ha negado que la Junta de Andalucía tenga más de 50.000 VPO sin adjudicar, “como se ha dicho desde la bancada popular”. Las ha cifrado en 638 a fecha de mayo de 2013, “y se pasaron todas a la fórmula del alquiler” para darles salida. “Se han alquilado ya 520 mediante el registro de demandantes”, ha aseverado. De hecho, ha expuesto que la Consejería de Fomento y Vivienda se ha propuesto que las demás administraciones -muchos consistorios “gobernados por el PP-A”- hagan lo mismo. Pretende que las más de 5.620 VPO vacías de promotores públicos y privados que hay en Andalucía “estén ocupadas en un año como máximo”, para lo que ha pedido el compromiso de las administraciones locales que las controlan. Este martes se ha dirigido por carta a los alcaldes de ciudades de más de 50.000 habitantes para ese objetivo: “Que en un año no quede ni una sola vivienda pública deshabitada en Andalucía”. Para ello se aboga por pasar a la fórmula del alquiler las que están previstas para venta, dado que las familias no tienen opción de acceder a crédito o no se pueden permitir comprarlas. Por ello, ha instado a que el PP-A “se sume a este compromiso” con sus mandatarios.
El portavoz del PP-A, Carlos Rojas, la ha acusado de “pisotear la legalidad”. Ha recordado que fue el alcalde de Sevilla, el popular Juan Ignacio Zoido, el que “advirtió a la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, de la ilegalidad que estaban cometiendo con los realojos, y le debería estar agradecida” por ello, en alusión a la carta que el regidor envió cuando se estaban produciendo los realojos. Tras reiterar que el PP-A cree que “debe ser la presidenta la que comparezca en el pleno”, ha subrayado que Elena Cortés “ni siquiera debería estar aquí, sino cesada”. Ha advertido de que el PP-A no va a dejar este asunto, “que será largo” y ha avisado de que pedirá una comisión de investigación. “Queremos ver todos los expedientes y todo lo que ha pasado en el Gobierno de Andalucía amparando la ilegalidad”, ha criticado, momento en el que le ha recordado que “juró o prometió por imperativo legal la Constitución Española” cuando tomó posesión.
Elena Cortés le ha garantizado que tendrá “todos los expedientes”. Frente a la postura que ha mantenido en el debate la oposición, acusando al Gobierno de Andalucía de premiar “la patada en la puerta” de los que ocupan ilegalmente inmuebles y luego reciben una vivienda pública, ha expuesto el recurso de la Ley de la Función Social de la Vivienda por parte del Gobierno de la Nación. “Eso sí que es una patada”, ha zanjado.