Puro humo. Eso es el real decreto-ley que ha aprobado el Consejo de Ministros sobre las cláusulas suelo y cuya convalidación en el Congreso ya ha sido pactada con PSOE y Ciudadanos. Humo tóxico para hacernos creer de nuevo que van a salvarnos sin molestar a los que mandan; como ocurrió en diciembre con las medidas ante la pobreza energética, disparada este enero tanto como la tarifa de la luz.
Los banqueros no tienen de qué preocuparse porque nadie va a multarles. Ni por el fraude cometido ni tampoco si siguen negándose a devolver el dinero a los hipotecados. Porque la norma pactada entre los dos partidos que mientras gobernaban cerraron los ojos ante el macrofraude de la cláusula suelo –y ante tantos otros– no obliga a los bancos a nada. No se establece ningún tipo de sanción para las entidades que decidan no adherirse al sistema extrajudicial de reclamaciones ni para las que lo hagan pero se nieguen a devolver todo el dinero a los usuarios.
Así que tengamos clara una cosa. Si se reintegra a los hipotecados el dinero cobrado fraudulentamente más los intereses no será como consecuencia del real decreto, sino de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que establece la retroactividad total en las devoluciones en contra del criterio de nuestro Tribunal Supremo, que pretendía que los bancos se quedasen con todo lo defraudado antes de mayo de 2013. Criterio que tanto pareció gustar al Gobierno del PP y al Banco de España, que defendieron en Europa que el TJUE no debía plantear la retroactividad. Por aquello de no incomodar a los banqueros.
En este país nadie se atreve a multar a los bancos por el mayor fraude a los consumidores que se ha producido en la historia. No multaron los gobiernos anteriores ni va a hacerlo éste, porque el Ministerio de Economía no ha querido articular mecanismos para sancionar cada caso en el que se nieguen a devolver el dinero. Y tampoco han querido imponer multas contundentes las comunidades autónomas, pese a que la legislación de defensa de los consumidores pone en sus manos las competencias sancionadoras ante las cláusulas abusivas. Todavía recuerdo las promesas de Susana Díaz cuando hacía campaña en las últimas elecciones andaluzas: “Lucharé contra las cláusulas suelo con todas mis fuerzas”. Al final parece que tenía pocas fuerzas. O pocas ganas de molestar a la banca.
El real decreto-ley prevé la constitución de una comisión de seguimiento en la que habrá representación del Consejo de Consumidores y Usuarios, un órgano consultivo del Gobierno del que forman parte una decena de asociaciones de consumidores de ámbito estatal consideradas representativas. FACUA, la organización de la que soy portavoz, no va a participar en la comisión de seguimiento de una pantomima, no vamos a hacer de convidado de piedra del Gobierno para hacernos la foto, porque estaríamos insultando a los consumidores.
Para colmo, el texto está lleno de ambigüedades que pueden, por ejemplo, favorecer que los bancos anuncien su adhesión al procedimiento extrajudicial sin que envíen comunicaciones para informar de ello a cada uno de los usuarios que tuvieran una hipoteca con cláusula suelo. Y es que no establece a través de qué procedimiento deberá comunicarse a los hipotecados, muchos de los cuales siguen desconociendo a día de hoy que sus contratos incluyen dicha cláusula. Así, puede que las entidades se limiten a colgar la información en sus páginas webs, sin notificárselo por correo a los clientes, o envíen dichas comunicaciones sólo a los que tengan la hipoteca en vigor y no a los que ya la pagaron o fueron desahuciados.
Una de las medidas del real decreto-ley puede ser caótica para los usuarios que no sólo están reclamando el dinero de la cláusula suelo, sino otras cantidades cobradas de forma abusiva, como las de los gastos de formalización de sus hipotecas. El motivo es que pese a que la legislación vigente ya obliga a la banca a tener departamentos de atención al cliente, esta norma plantea que los que se adhieran al procedimiento extrajudicial deberán tener uno dedicado únicamente a tramitar las cuestiones relacionadas con la cláusula suelo. Así que, quienes reclamen también por otras irregularidades pueden encontrarse con que no les contesten al resto o se vean en la kafkiana situación de tener que presentar reclamaciones ante dos departamentos distintos en el mismo banco.
Quién sabe si para algunos bancos, este real decreto-ley va a convertirse en una tregua de cuatro meses frente a la avalancha de denuncias. La norma da el plazo de un mes a los bancos para adherirse y constituir los departamentos que tramitarán las reclamaciones y otros tres meses para contestarlas. En total, hasta cuatro meses de espera. Pero no vamos a permitir que se desmovilice a los consumidores. Todo lo contrario, vamos a batallar durante estos cuatro meses para dejar claro a la banca que si no quiere devolver lo defraudado, volveremos a vernos en los tribunales.
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