La subida del paro en noviembre en Andalucía en 1.097 personas es una mala noticia, pero no refleja la gravedad de la situación que estamos sufriendo la clase trabajadora. La tasa interanual, o la comparativa con la media española, es mucho más reveladora: casi 172.000 parados más que hace un año, lo que suponen 966.000 parados que representan el 25,10% de todos los contabilizados en nuestro país. Uno de cada cuatro parados de España está en Andalucía. El hecho de que nuestro principal sector productivo sea los servicios, el turismo principalmente, lastra los intentos de una posible recuperación económica. El paro seguirá creciendo, y nuestros técnicos no descartan que alcance el 30% a lo largo de 2021, teniendo en cuenta que la OCDE calcula la caída del PIB en España en 11,6%, y el Banco de España calcula que entre el 6 y el 10% de las empresas no podrán superar la crisis provocada por la Covid-19.
En este contexto, en el que todas y todos deberíamos estar unidos para superar la pandemia, y también la crisis económica generada, sin dejar a nadie atrás, el Gobierno andaluz ha dado la espalda a los intereses de las trabajadoras y trabajadores. El pasado 30 de julio firmamos el Acuerdo por la Reactivación Económica y Social de Andalucía, con objetivos compartidos, pero que no se han desarrollado con ninguna medida consensuada. La única aprobada han sido las recientes ayudas para las empresas del comercio y hostelería, dotadas con casi 700 millones de euros. Son ayudas necesarias para los empresarios de un sector que está sufriendo directamente la crisis. No sólo nos parecen bien; las consideramos insuficientes.
¿Quién controla ahora a un empresario que coja la ayuda, y los avales, y todas las ventajas del acuerdo, y después, en vez de incluir a trabajadores en ERTE, para después rescatarlos, despide a la mitad de la plantilla?
Pero a los sindicatos mayoritarios se nos ha hurtado la voz que legítimamente nos corresponde. No porque queramos “nuestra parte”, como malintencionadamente se han pronunciado los que quieren desprestigiar el papel de los sindicatos, sino porque nuestra voz es, la que en el Diálogo Social, defiende los intereses de la clase trabajadora. Y nuestra voz es fundamental, para que dichas ayudas se condicionen al mantenimiento del empleo y a los derechos laborales. ¿Quién controla ahora a un empresario que coja la ayuda, y los avales, y todas las ventajas del acuerdo, y después, en vez de incluir a trabajadores en ERTE, para después rescatarlos, despide a la mitad de la plantilla? ¿O quien tiene a trabajadores en ERTE a los que hace teletrabajar? Son sólo dos ejemplos, pero podemos hablar de cumplimiento de las medidas de prevención frente al contagio de la plantilla, o cumplimiento de vacaciones y descansos, pago de salarios según convenio con el suelo del Salario Mínimo Interprofesional…
Por eso nos movilizamos el pasado martes frente a San Telmo, y porque nuestras propuestas en defensa de trabajadoras y trabajadores no se han tenido en cuenta en el Proyecto de Presupuestos de la Junta para 2021. En vez de reforzar los servicios públicos, se apuesta por bajar impuestos. Sorprendente el rechazo del Gobierno andaluz al anuncio de medidas de armonización fiscal del Ministerio de Hacienda, que supondría reducir la competencia desleal “contra” Andalucía que hacen otras Comunidades, para atraer inversiones a costa de las arcas del Estado, y por ende, de mermar la calidad de los servicios públicos. Los impuestos son fundamentales para la igualdad de derechos de las personas y más en momentos de necesidades perentorias como el que vivimos. Cada contribuyente, cada empresa, debe aportar al sistema lo que corresponda, según sus ingresos y su patrimonio.
Un ejemplo de mala decisión que no hubiera ocurrido si se nos hubiera tenido en cuenta es la rebaja de 20 millones de euros de la Renta Mínima de Inserción (RMISA), y el bloqueo absoluto a las nuevas demandas que ya, con anterioridad, tardaban más de un año en tramitarse. Ayer mismo, UGT, CCOO y la Mesa del Tercer Sector pedimos a los grupos parlamentarios andaluces la modificación de la RMISA, para que fuera compatible y complementaria con el Ingreso Mínimo Vital del Estado. Las familias en situación de pobreza están creciendo, y estos dos ingresos, uno personal y otro para los hogares son complementarios, y no excluyentes, como actualmente pasa en Andalucía.
El ninguneo a la representación sindical que, últimamente, vivimos en Andalucía, contrasta con el valor que tienen nuestras propuestas en el ámbito estatal. El pasado 16 de noviembre se constituyó la Mesa del Diálogo Social del Plan para la Recuperación, Reconstrucción y Resilencia. Pues once días después, el 27, se reunía por primera vez la Mesa, con participación de Gobierno, sindicatos y patronal, y ya se están acordando las prioridades para el reparto de los 170.000 millones de euros que recibirá España del proyecto Next Generation de la UE. Esperamos que sirva de ejemplo y que, esta vez, la Junta sí nos llame y escuche nuestras propuestas en el desarrollo de las iniciativas, que se financiarán con fondos europeos en Andalucía.
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