Ecología política, pacto social verde y transformación de Andalucía

Desde el año 2000 y hasta lo que llevamos de 2021, la crisis ecológica y de desigualdad se ha hecho patente con toda su crudeza. La pandemia de la COVID ha exacerbado aún más el hambre, la pobreza y los desplazamientos que causa el cambio climático en un año que está haciendo estremecer al planeta.

El calentamiento global y el cambio climático, el agotamiento del modelo energético, la contaminación y los residuos, la carestía de los alimentos básicos o la degradación de los recursos no sólo ponen en peligro el futuro de la humanidad, sino que son un componente esencial de la actual crisis de la globalización.

 El informe anual de la Organización Meteorológica Mundial, publicado hace unos días, sobre el “El Estado del Clima Global”, confirma que el año 2020 ha sido uno de los tres años más cálidos registrados. La temperatura media global este año fue de aproximadamente 1,2 ° centígrados por encima del nivel preindustrial (1850-1900). Además, los seis años transcurridos desde 2015 han sido los más cálidos, y 2011-2020 fue también la década más cálida registrada.

Desde hace ya 28 años, y cada vez con más preocupación, los científicos llevan aportando datos sobre un clima cambiante y sus consecuencias. En 2020, el calentamiento global siguió aumentando, así como los desastres que conlleva, con lluvias y sequías extremas, incendios, aumento del nivel del mar y, entre otras cosas, una temporada récord de huracanes en Caribe.

La vuelta a la normalidad por la vía del crecimiento global, entendido como un nuevo impulso al modelo productivista y de incentivación del consumo, volverá a chocar cada vez con más virulencia, con los procesos de escasez y agotamiento de combustibles fósiles, materias primas y con la sustancial alteración de los sistemas biofísicos de la biosfera.

La transformación social no podrá alcanzarse sin una conciencia clara de los límites biofísicos del planeta. Los patrones de producción, distribución y consumo actuales, heredados del tipo de industrialización de alto impacto ambiental, son la prueba más evidente de la inviabilidad del actual sistema capitalista globalizado, lo que nos obliga a asumir una transformación radical de las estructuras que conforman nuestra sociedad actual, desde la total sustitución de las fuentes energéticas fósiles por energías renovables hasta la reutilización de los materiales y la eliminación de residuos en una nueva economía circular.

La ecología política aporta una clave esencial para la transformación de las actuales relaciones sociales, porque no solo advierte de lo que está sucediendo, sino que propone los medios para hacer posible ese cambio: 

Esta propuesta estratégica del ecologismo político se está construyendo en torno al concepto de Green New Deal o Pacto Social Verde. Es una propuesta de renovación del consenso democrático que significa que el Estado (en sentido amplio, incluyendo tanto las organizaciones infraestatales como las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales así como las organizaciones públicas supranacionales e internacionales) tiene el deber y la capacidad de satisfacer todas las necesidades básicas de la ciudadanía al margen del mercado, lo que hoy incluye el derecho a la vida amenazada por la crisis ecológica y por las pandemias.

La salida de la crisis provocada por la pandemia tiene que ser una salida de cambio que conecte las exigencias de la emergencia climática con la diversidad de demandas democráticas, tanto las socio-económicas como las feministas, antirracistas y LGTBI. El Green New Deal o Pacto Social Verde vincula la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con el objetivo de resolver problemas sociales como la desigualdad y la injusticia racial. Con energías renovables 100%, articulación territorial, defensa de la biodiversidad, nueva movilidad, industria digital y economía circular, comercio de cercanía, agricultura y turismo sostenible o consumo responsable, podemos crear cientos de miles de empleos en la economía verde, la reducción de la jornada y rentas y trabajos garantizados, que son cruciales para sumar la mayoría de la población a la transición ecológica, particularmente aquellos cuyos puestos de trabajo van a verse profundamente afectados por ella.

Andalucía es un territorio amplio y diverso en una zona de riesgo climático, pero que tiene una enorme potencialidad social y económica, que en estos momentos está infradesarrollada.

Tenemos una propuesta para transformar Andalucía basada en el reequilibrio de los sectores productivos y en la superación de nuestro papel económico dependiente y subalterno que causa la brecha territorial de desigualdad. Los nuevos fondos europeos son una gran oportunidad para Andalucía, tan necesitada de inversión, para poder transformar nuestro modelo productivo, pero su aprovechamiento va a depender de la orientación y de la calidad de los proyectos de inversión seleccionados, en primera instancia, por el Gobierno andaluz, y por el español en sus negociaciones con Bruselas.

Para una reestructuración verde de nuestra economía, empezando por la transición energética, proponemos un acuerdo verde y social para Andalucía que mejore la economía, cree empleo, cuide de nuestra salud y de la del planeta, mediante ayudas a pymes, haciendo realidad el Corredor Mediterráneo en toda su dimensión y otras infraestructuras y conexiones ferroviarias; una ley de cambio climático que asegure al menos la reducción de emisiones en un 55% para 2030 y la neutralidad de emisiones para 2050, la rehabilitación energética de edificios sobre todo en los barrios más pobres y el fomento del autoconsumo y las comunidades energéticas, terminar con los envases de plástico, una gestión sostenible del agua y de los montes andaluces y un nuevo urbanismo y movilidad sostenible y el fomento de un centro industrial verde en la conexión entre Europa y África y entre el Atlántico y el Mediterráneo.

Este acuerdo debe sustentarse en tres grandes fuerzas sociales: la defensa del feminismo en todos los ámbitos para la total erradicación de la violencia contra las mujeres, reivindicando en un pacto de cuidados el derecho al tiempo y a la vida, políticas públicas de apoyo y redistribución del trabajo de cuidados, reducción de las jornadas laborales y garantía de condiciones para proyectos personales, de crianza y familiares; la defensa del estado democrático, de los poderes públicos, en su cuádruple función de redistribuidor, prestador de servicios públicos, regulador y emprendedor para la transición ecológica, económica y social, y el impulso del fortalecimiento de la cohesión comunitaria y de los vínculos sociales, para construir comunidades vivas, plurales y abiertas.

Desde el año 2000 y hasta lo que llevamos de 2021, la crisis ecológica y de desigualdad se ha hecho patente con toda su crudeza. La pandemia de la COVID ha exacerbado aún más el hambre, la pobreza y los desplazamientos que causa el cambio climático en un año que está haciendo estremecer al planeta.

El calentamiento global y el cambio climático, el agotamiento del modelo energético, la contaminación y los residuos, la carestía de los alimentos básicos o la degradación de los recursos no sólo ponen en peligro el futuro de la humanidad, sino que son un componente esencial de la actual crisis de la globalización.