Hablemos de escolarización: el cierre de las aulas

La escuela es el eje de la construcción de la ciudadanía, aquí y en cualquier lugar del mundo. Nuestro país maneja un sistema educativo dual entre lo público y lo concertado, con rasgos diferenciales respecto a otros países europeos muy marcados, desde el que se emiten alarmantes señales de despreocupación por la escuela pública a favor de la enseñanza concertada, privada y confesional. Y parte de esas señales afloran de manera especial en estos meses en los que estamos en pleno periodo de escolarización, en los que la elección de centro presenta una enorme cantidad de condicionantes que van desde lo meramente geográfico, la confianza en un modelo u otro (público o concertado), hasta los factores económicos.

Mirando las cifras de la evolución del número de aulas en los últimos diez años nos encontramos con claridad con esa dejadez de lo público: disminuye con mucho el número de alumnado en los centros públicos, favoreciendo su incorporación en los centros concertados y privados. La forma de lograr ese resultado es muy sencilla: la reducción del número global de alumnos provocada por la contracción de la natalidad se resuelve exclusivamente con el cierre de aulas de centros públicos, cierre aún más amplio de lo que la demografía requeriría en tanto que se deja crecer la oferta de los centros privados concertados.

Las estadísticas que nos ofrece la propia Junta de Andalucía de estos últimos 10 años son claras: el descenso de la natalidad ha provocado que haya 38.092 alumnos menos; pero ese descenso poblacional ha sido a costa del alumnado de centros públicos, que se ha reducido en 70.361, número que absorbe la totalidad del descenso por natalidad, más la orientación de 32.269 alumnos a los centros concertados y privados, que,  a pesar del descenso de natalidad, han crecido de forma significativa en estos diez últimos años.

Analizando los tres últimos años, dejando aparte el curso 2020-2021 muy atípico por causa de la Covid 19, se comprueba lo siguiente: la enseñanza pública ha reducido el número de grupos en 478, la enseñanza concertada ha aumentado el número de grupos en 361. Este comportamiento tan dispar ni siquiera se justifica por una reducción del ratio en la concertada, que se mantiene en 21,5 alumnos/grupo; ni tampoco en una homogeneización de ratios concertada/pública, que en el último curso analizado tenía 23,5 alumnos por grupo.

A la vista de estos datos podría pensarse que son las familias las que están optando más, voluntariamente, por la enseñanza concertada en detrimento de la pública. Esa hipótesis, por validar, aconseja un debate interesante, por realizar, sobre las razones que hubieran podido llevar a ello. Mientras tanto, lo que sí es indudable es que en los períodos de escolarización de los últimos años se ha venido reduciendo sistemáticamente la oferta de grupos en los centros públicos mientras que se mantiene o favorece, justificada en la libre elección, en los centros concertados. En ese contexto, muy centrado geográficamente en los entornos urbanos y de rentas medias/altas, espacio que ocupan los centros concertados, y ante la incertidumbre de no poder obtener plaza en el centro público elegido, no es de extrañar que las familias opten por la seguridad de escoger aquel centro que ofrece plazas suficientes, el concertado. Una tesitura que además no está al alcance de todas las familias ya que los centros concertados ni admiten a todos los tipos de alumnos, ni son en la práctica enteramente gratuitos, por más que sus cobros adopten la forma de “donaciones”.

El cierre de plazas escolares exclusivamente a costa de la oferta pública refleja una sistemática agresión a la construcción de una sociedad de ciudadanos, igualdad de oportunidades, al potenciar y fortalecer un modelo polarizado social y territorialmente

El cierre de plazas escolares exclusivamente a costa de la oferta pública refleja una sistemática agresión a la construcción de una sociedad de ciudadanos, de igualdad de oportunidades, al potenciar y fortalecer un modelo polarizado social y territorialmente: un sistema privado/concertado, financiado por el presupuesto público, destinado a capas acomodadas y pudientes de algunas zonas urbanas, y un sistema público, hoy todavía mayoritario, concentrado cada vez más en los barrios urbanos de menor renta y en las zonas rurales.

¿Es ese el modelo educativo propio de una sociedad democrática e igualitaria, de un Estado Social de Derecho como el nuestro?

Por otro lado conviene señalar que la cuestión del cierre de plazas escolares, sesgado en la pública, no es un tema puntual; ha venido para quedarse, pues como estiman las proyecciones de población disponibles (IECA, Instituto de Estadística de Andalucía), en 2030 se habrá reducido en unas 230.000 personas el colectivo de andaluces entre 3 y 15 años. Esas cifras conducirían, de mantenerse el tipo de respuestas actuales (centradas en cierre y no en otras formas de fortalecimiento de la calidad de la enseñanza) a que hasta fin de esta década habría que prescindir de unas 10.000 aulas. ¿Se seguirá haciendo ese cierre, como hasta ahora, a costa exclusivamente de la enseñanza pública, reduciendo su oferta y/o degradando la calidad de su educación? La reformulación de los conciertos con la privada, que toca renovar este año, es un hito clave para responder a esa pregunta.

Los datos son tozudos y obligan a un relevante ajuste en el sistema educativo en estos años, aunque sólo fuera por causas demográficas (que hay más razones para hacerlo). Reclamar que en ese ajuste se preste una especial atención para la educación pública no es atacar a la concertada; pero privilegiar a la concertada sí puede erosionar gravemente a la pública, y con ello al valor estructurante de la sociedad que la educación tiene.

Para evitar esa degradación es muy importante que se sostenga la presencia de la educación pública a lo largo del espacio, mediante presupuestos adecuados, y se incremente su calidad y sus prestaciones a través de las medidas organizativas y de capacitación precisas. A la par, el sistema educativo debe organizarse de forma que asegure que las escuelas concertadas, sustentadas en recursos públicos, desarrollen su actividad con las mismas condiciones básicas de igualdad y solidaridad que las públicas. Los conciertos deben servir para que estos objetivos se cumplan. Las escuelas concertadas que no deseen realizar su actividad en esas condiciones tienen abiertos otros caminos, como centros privados, tal como favorece la nueva Ley de Educación.