La Ley de Participación Institucional de Andalucía cumple una deuda histórica con los sindicatos y la patronal

El papel que cumplen los agentes sociales, sindicatos más representativos y patronal mayoritaria, es muy desconocido para gran parte de la población que, sin embargo, se beneficia diariamente de las negociaciones y los acuerdos alcanzados en el marco del diálogo social. Las subidas consecutivas del Salario Mínimo, un 54% desde 2018, no son ningún regalo del cielo sino reivindicaciones sindicales que se consiguen tras movilizaciones y negociación. Igual que los incrementos de las pensiones, con un mínimo garantizado del IPC.

En nuestra comunidad, las medidas sociales contempladas en los tres acuerdos de reactivación económica y social firmados con el Gobierno andaluz han beneficiado a cientos de miles de personas y han sido fruto de un arduo trabajo de sindicatos, patronal y Junta de Andalucía. 

Participamos en órganos que son fundamentales para el buen funcionamiento de la economía andaluza, como el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos (SERCLA), donde se evitaron en el primer semestre casi 400 mil horas de huelgas, lo que hubiera supuesto un coste de 27 millones de euros. Trabajamos en el Consejo Económico y Social de Andalucía, y en los de todas las provincias y capitales, donde realizamos informes, propuestas y presentamos resoluciones sobre las iniciativas legislativas que después se debaten en el Parlamento, diputaciones y ayuntamientos. Si hablamos de la negociación colectiva, en Andalucía hemos negociado cerca de 600 convenios colectivos, que afectan a 251 mil empresas y 1.236.471 personas trabajadoras.

Llega un año tarde, pero ha valido la pena. Sólo tres comunidades autónomas españolas no cuentan con esta norma, y la nuestra dejará pronto de pertenecer a ese grupo, y sólo quedarán Asturias y País Vasco

Durante la pandemia, los sindicatos fuimos esenciales en negociar medidas y en atender a las personas trabajadoras que lo necesitaban, para que nadie quedara atrás. En UGT, entre 2020 y 2021 atendimos medio millón de consultas de todo tipo: sobre prestaciones del Ingreso Mínimo Vital, de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), sobre teletrabajo, o cómo gestionar las bajas por COVID. Nuestros delegados y delegadas asesoraron y acompañaron a miles de compañeros y compañeras sobre los derechos que tenían, porque la legislación iba cambiando cada momento.

Nuestros técnicos asesoran a trabajadores, y también a empresas, a la hora de negociar y firmar los planes de igualdad, los planes de prevención de riesgos laborales, o la actualización de las funciones profesionales de los convenios. 

Los sindicatos más representativos: UGT y CCOO, la patronal CEA, y el Gobierno andaluz firmaremos este miércoles el respaldo a la Ley de Participación Institucional en el Palacio de San Telmo. Han sido años de propuestas, discrepancias y acuerdos. La última etapa, desde la firma del Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía, en marzo del año pasado, donde se recogía la puesta en marcha de la Ley de Participación Institucional. Llega un año tarde, pero ha valido la pena. Sólo tres comunidades autónomas españolas no cuentan con esta norma, y la nuestra dejará pronto de pertenecer a ese grupo, y sólo quedarán Asturias y País Vasco.

La Ley de Participación Institucional es una demostración de buen gobierno, y de nuestra capacidad para construir una sociedad más justa y democrática. 

Esta ley es mucho más que el cumplimiento de un compromiso político: es el desarrollo de un mandato estatutario. Tanto la Constitución Española como el Estatuto de Autonomía de Andalucía reconocen la relevancia del diálogo y la concertación social

En UGT Andalucía, buscamos influir en el diseño, seguimiento y evaluación de la política socioeconómica. Los sindicatos somos canalizadores de las revindicaciones de la clase trabajadora. El papel que desempeñamos beneficia a toda la sociedad, y permite evitar conflictos y que haya paz social. Pero ese trabajo tiene un coste que sufragan las cuotas de nuestros afiliados. La concertación permite que los recursos públicos puedan sufragar parte del trabajo que realizan los agentes sociales más representativos. La participación institucional es un reconocimiento a nuestra labor representativa de los derechos e intereses legítimos de la clase trabajadora andaluza.

Desde las primeras huelgas y protestas en el siglo XIX hasta las movilizaciones masivas del siglo XX, nuestra lucha siempre ha tenido como objetivo fundamental la mejora de las condiciones de vida y trabajo de la clase trabajadora. La participación institucional es una extensión natural de esta lucha. 

Esta ley es mucho más que el cumplimiento de un compromiso político: es el desarrollo de un mandato estatutario. Tanto la Constitución Española como el Estatuto de Autonomía de Andalucía reconocen la relevancia del diálogo y la concertación social. 

Así lo señala el artículo 26.2 de nuestro Estatuto de Autonomía. De igual forma, la Constitución Española, en su artículo 7, establece que las organizaciones sindicales y empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios que, no son otros, que mejorar la calidad de vida y el bienestar general del conjunto de la ciudadanía.

Además, el Tribunal Constitucional ha reforzado este principio en diversas sentencias, destacando la importancia de la participación institucional como un elemento central de nuestra democracia. 

La historia de la concertación social es larga en Andalucía. Hemos conseguido ocho acuerdos a lo largo de más de tres décadas de trabajo en común de Gobierno andaluz y organizaciones sindicales y empresariales más representativas

La participación institucional es respaldada, también, por múltiples normas internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por la nueva Declaración del Centenario para el Futuro del Trabajo. Y el Convenio 150 de la OIT, sobre 'Administración del Trabajo', ratificado por España en 1982. Por su parte, la Comisión Europea, ya en su Comunicación de 2004 titulada 'Colaboración para el cambio en una Europa ampliada: Potenciar la contribución del diálogo social europeo', destacaba el papel esencial que el diálogo social ha desempeñado en la mejora de la gobernanza europea.

Este llamamiento expreso al diálogo social y a la mejora de la gobernanza se refuerza con el Pilar Europeo de Derechos Sociales de 2017, que subraya la necesidad y el deber de consultar a los interlocutores sociales en el diseño y aplicación de políticas sociales, económicas y laborales a financiar por otro elemento fundamental en la historia reciente de Andalucía, los fondos europeos.

La historia de la concertación social es larga en Andalucía. Hemos conseguido ocho acuerdos a lo largo de más de tres décadas de trabajo en común de Gobierno andaluz y organizaciones sindicales y empresariales más representativas.

Estos acuerdos han sido fundamentales para el desarrollo de los intereses sociales y económicos de nuestra comunidad y para la prosperidad de la ciudadanía andaluza. La concertación social ha demostrado ser un instrumento válido y útil, tanto en la esfera europea como en los ámbitos nacional y regional. Tres décadas de trabajo en común.

El papel que cumplen los agentes sociales, sindicatos más representativos y patronal mayoritaria, es muy desconocido para gran parte de la población que, sin embargo, se beneficia diariamente de las negociaciones y los acuerdos alcanzados en el marco del diálogo social. Las subidas consecutivas del Salario Mínimo, un 54% desde 2018, no son ningún regalo del cielo sino reivindicaciones sindicales que se consiguen tras movilizaciones y negociación. Igual que los incrementos de las pensiones, con un mínimo garantizado del IPC.

En nuestra comunidad, las medidas sociales contempladas en los tres acuerdos de reactivación económica y social firmados con el Gobierno andaluz han beneficiado a cientos de miles de personas y han sido fruto de un arduo trabajo de sindicatos, patronal y Junta de Andalucía.