La demanda de agua para regar nuestros secanos surgió antes de que consideráramos imprescindible disponer de agua en nuestros hogares y conducir las aguas fecales para verterlas de nuevo a los ríos. A principios del siglo XX, el Regeneracionismo promovió una concienciación social sobre la necesidad de aumentar la productividad de nuestra agricultura mediante el regadío, lo que requería un vasto programa de construcción de embalses y canales para distribuir el agua. Regad los campos, si queréis dejar rastro de vuestro paso por el poder, proponía Joaquín Costa a los políticos en 1880. Fue escuchado y a lo largo del siglo XX se han construido en España más de 500 grandes embalses y de ellos, 72 en Andalucía. España es el primer país de Europa en superficie regada (casi 4 millones de hectáreas, 1,2 en Andalucía), el doble que hace 40 años y el triple de hace 75 años, cuyo uso alcanza el 80% del total de los usos del agua en Andalucía.
Esta vasta política de obras hidráulicas se encomendó tradicionalmente al Ministerio de Fomento o de Obras Públicas, del que dependían las Confederaciones Hidrográficas, y al asumir las Comunidades Autónomas competencias en la materia las adscribieron con los mismos criterios a las Consejerías de Obras Públicas. En este largo período, el agua era un bien productivo que había que aprovechar sin límites.
Más tardíamente se impulsaron las obras de abastecimiento y saneamiento de las grandes ciudades, relegando a buena parte del medio rural a seguir abasteciéndose desde fuentes hasta las últimas décadas del pasado siglo. En este período surgió la necesidad de depurar las aguas de los saneamientos antes de verterlas al río y se acometieron grandes infraestructuras de depuración empezando de nuevo por el medio urbano y relegando al medio rural. Actualmente, aún tenemos carencias de depuración importantes que han conducido a una sanción millonaria de la Comisión Europea a España.
El deterioro ambiental producido por nuestras sociedades propició las políticas públicas de preservación del medio ambiente y la creación de las incipientes administraciones ambientales a partir de la restauración de la democracia (con competencias distribuidas entre la Administración Central y las 17 Comunidades Autónomas). En 1993, el Gobierno del PSOE introdujo la política del agua dentro del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y, en 1996 el Gobierno del PP creó el Ministerio de Medio Ambiente al que se le adscribieron las políticas del agua. En Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente se constituyó en 1994 y asumió las políticas del agua en 2004, creando la Agencia Andaluza del Agua como órgano específico de gestión.
Para llevar a cabo este objetivo político prioritario se ha diseñado la estructura del Gobierno andaluz separando de la Consejería de Agricultura las competencias de medio ambiente, pero conservando las competencias del agua
En 2019, en la primera legislatura del PP en Andalucía, al igual que anteriormente en el primer año del Gobierno del PSOE entre 2012 y 2013, se reorganizaron las competencias autonómicas añadiendo a las tradicionales funciones de la Consejería de Agricultura y Pesca las de Medio Ambiente y dentro de ellas las del agua. Marcaba esta reasignación competencial la voluntad de abordar conjuntamente los temas agrarios y ambientales, pero dejando entrever la preferencia de los primeros, lo cual se ha cumplido al observarlo desde la perspectiva de cuatro años de actuación.
Después del gran triunfo del PP en las elecciones del mes de junio pasado, el presidente Juan Manuel Moreno manifestó su principal prioridad para la legislatura 2022-2026, definiéndola como “la legislatura del agua”, quizás influenciado por la escasez de agua que hemos padecido en los últimos años y de manera muy manifiesta después del último tórrido verano. Se han añadido epítetos a esta voluntad política refiriéndose a que se va a producir una “revolución hídrica”.
Para llevar a cabo este objetivo político prioritario se ha diseñado la estructura del Gobierno andaluz separando de la Consejería de Agricultura las competencias de medio ambiente, pero conservando las competencias del agua. Se señala, así, el mensaje de que la prioridad de la legislatura del agua es atender las necesidades del regadío frente la atención al abastecimiento de la población, la conservación de nuestros ríos y acuíferos o el litoral, y los sectores industriales y turísticos que requieren del agua como elemento imprescindible de su funcionamiento.
Se confunde a los ciudadanos prometiendo efectos inmediatos (superar la sequía) con obras hidráulicas que necesitan entre 10 y 15 años para su puesta en servicio
Se ha querido cuantificar esta apuesta política asegurando que la Junta de Andalucía invertirá 4.000 millones en la gestión del agua en esta legislatura, aunque los presupuestos de 2023 solo destinan a esta gestión 450 millones de euros. El Gobierno andaluz ha remarcado la necesidad de grandes inversiones de la administración central en Andalucía en obras hidráulicas, mientras ha condonado a partir de 2023 los 140 millones anuales que pagábamos los andaluces en el canon del agua destinado a construcción de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento. Además, se confunde a los ciudadanos prometiendo efectos inmediatos (superar la sequía) con obras hidráulicas que necesitan entre 10 y 15 años para su puesta en servicio.
Pero además, estas promesas millonarias de infraestructuras para paliar la sequía no serán útiles si no se hace un diagnóstico adecuado del impacto de las sequías en la disponibilidad de agua para los usos humanos y productivos, en especial el regadío. Las sequías son repetitivas en nuestro clima, con períodos secos entre tres y cuatro años, en ciclos de unos ocho a diez años. Pero disponemos de infraestructuras naturales (los acuíferos) y construidas (los embalses) para minimizar sus impactos. Si nos quedamos sin agua es porque usamos más de la que podemos y esto no lo resolveremos con anuncios de millonarias infraestructuras, que, además, posiblemente no llegarán a materializarse. La consideración del agua como recurso limitado es una evidencia que no siempre ha sido así percibida. El lema “agua para todos”, utilizado políticamente, se olvida habitualmente de la componente medioambiental, económica y energética que, muchas veces, la hace inviable.
Una política adecuada de la gestión del agua debería partir de que hemos sobrepasado la capacidad de usar los recursos hídricos de manera sostenible (se ha pasado en el último siglo de usar un 2,5% de los recursos hídricos naturales a detraer un 47%)
La cuenca del Guadalquivir, en los últimos años, más de la mitad de los meses ha estado en situación de prealerta, alerta o emergencia en el indicador de escasez coyuntural, lo que cuestiona este carácter coyuntural y muestra la sobreexplotación de los recursos de la cuenca. La “cuestión hídrica” debe dejar de ser abordada fundamentalmente desde la oferta, como si su disponibilidad pudiera estirarse sin límite, para considerar que las claves del futuro están en concentrar los esfuerzos en la demanda, consiguiendo un uso más racional y sostenible.
Una política adecuada de la gestión del agua para Andalucía debería partir de que hemos sobrepasado la capacidad de usar los recursos hídricos de manera sostenible (se ha pasado en el último siglo de usar un 2,5% de los recursos hídricos naturales a detraer un 47% del flujo hidrológico), causando a su vez un grave deterioro de nuestros ríos y acuíferos con los vertidos de contaminantes procedentes de nuestras actividades y reduciendo drásticamente los aportes sedimentarios al litoral marino, con la consecuente pérdida de arena en nuestras playas.
El problema del agua debe abordarse como un asunto de Estado y no, como desafortunadamente ocurre, poniendo los intereses sectoriales y territoriales por encima de los generales. Las Administraciones deberían evitar llevar el agua a su molino y propiciar que vaya al de todos: nuestros ecosistemas hídricos, el abastecimiento de la población y la atención de todas las necesidades productivas bajo la perspectiva de los objetivos de la Directiva Marco de Agua Europea para promover un uso sostenible del agua basado en la protección a largo plazo de los recursos hídricos disponibles.
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