El movimiento memorialista democrático ante el negacionismo y el revisionismo: retos y perspectivas

A punto de entrar en el segundo cuarto del siglo XXI, el movimiento memorialista en Andalucía se encuentra ante un panorama sociopolítico e ideológico cargado de presiones y amenazas a todo lo que supone la memoria democrática, pero que también tiene que ver con una cierta desorientación y agotamiento interno en cuanto a las líneas estratégicas que deben marcar las actuaciones y las reivindicaciones memorialistas en este tiempo incierto que se abre ante nosotros.

El cambio de ciclo político en Europa y en España está determinando la reducción y en algunos casos la desaparición de políticas públicas activas en el campo de la memoria democrática, sustituidas crecientemente por gestos de apoyo y actos institucionales que impulsan ese constructo vacuo y engañoso denominado “memoria de la concordia”, basada en la reivindicación de la equidistancia entre víctimas y victimarios (en consecuencia no hay culpables o todos fuimos culpables) y en la restauración pública de viejos mitos y falsedades pseudohistóricas del franquismo como la culpabilización histórica a la Segunda República del “estallido” de la guerra de España por quebrar la convivencia entre españoles y crear un estado de caos social, separatismo y desorden.

 Este difícil contexto político-ideológico –impulsado por poderosas fuerzas culturales, mediáticas y políticas- se proyecta de modo dialéctico sobre las propias condiciones y dinámicas internas de asociaciones y foros memorialistas agudizando en algunos casos los problemas internos que desde hace algún tiempo vienen manifestándose: débil apoyo social, ensimismamiento del discurso en las bases propias ya convencidas, pero con insuficiente proyección “hacia afuera”, escasa incorporación de las nuevas generaciones al movimiento memorialista, cierto radicalismo verbal que encubre la necesidad de acometer una sosegada reflexión sobre el nuevo horizonte que se nos presenta y las consiguientes medidas para abrirnos a la ciudadanía y seguir vivos en este largo proceso de la “batalla por las memorias” tal y como lo llamó Julio Aróstegui.

Otro efecto perverso consiste en lo que podríamos llamar la impunidad electoral de los dirigentes políticos de la derecha que son conscientes de que no les va a costar ni un solo voto suspender las políticas públicas de memoria democrática

Junto al negacionismo y revisionismo, el componente que más ha marcado el sentido de la memoria colectiva de varias generaciones de españoles ha sido la equidistancia, entendida como una visión de la guerra de España (del golpe y de la dictadura no se habla) que iguala y confunde en un constructo genérico y ahistórico de “españoles fraticidas” tanto a los que se sublevaron armados contra la Segunda República como a los que cumplieron el deber moral de defenderla, como régimen legal y democrático. La base jurídico-política de esta enraizada forma de malentender nuestro pasado reciente se encuentra en la Ley de Amnistía de 1977, especialmente en su artículo segundo, que iguala en el perdón y en el olvido a los luchadores antifranquistas y a los esbirros de la dictadura, agravada por la interpretación sesgada y reaccionaria que el Tribunal Supremo ha hecho de ella en repetidas ocasiones para frenar cualquier intento de atender las peticiones de justicia demandada por las víctimas del franquismo (en nuestro país nunca ha sido juzgado ni mucho menos condenado ni un solo torturador, represor o asesino franquista).

La influencia de la interpretación equidistante del periodo comprendido entre 1931 y 1978 en la memoria colectiva de la ciudadanía española fue y sigue siendo muy potente, y sus efectos sobre la relativa debilidad sociológica del asociacionismo memorialista -si lo comparamos con otras áreas reivindicativas como el movimiento feminista o de defensa del medio ambiente- parece indiscutible. Otro efecto perverso consiste en lo que podríamos llamar la impunidad electoral de los dirigentes políticos de la derecha que son conscientes de que no les va a costar ni un solo voto suspender las políticas públicas de memoria democrática en autonomías y localidades e incluso revertir algunas de sus conquistas, como el cambio de nombres franquistas de calles y espacios públicos.

Las exhumaciones de fosas del franquismo se realizan actualmente por parte de las instituciones en el marco interpretativo de la equidistancia, lo que impide la consecución real de los derechos de verdad, justicia y reparación. A partir de una práctica técnico- arqueológica y una visión humanitaria y despolitizada, la idea central que mucha gente asume consiste en que todos mataron y murieron, pero unos están bien enterrados (los que vencieron) y otros –los perdedores- se encuentran mal sepultados por lo que procede igualarlos a todos en una digna sepultura. El empeño de parte del movimiento memorialista y de familiares en exigir jueces y Verdad a la hora de exhumar, no puede compensar esta visión dominante que surge del propio Estado.

 ¿Qué hacer? El movimiento memorialista ante un debate necesario

Equidistancia, revisionismo y negacionismo no constituyen memorias separadas sino que conforman, reforzándose mutuamente, una extendida y socialmente hegemónica memoria colectiva que niega a la ciudadanía española el Derecho a la Verdad, proclamado como derecho humano el 21 de diciembre de 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Los sectores reaccionarios y filofascistas que impulsan la memoria antidemocrática tienen muy claro que quien controla la interpretación de un pasado reciente y aún vivo, domina también los comportamientos sociales y políticos del presente

No es sólo una cuestión que afecta a la forma colectiva de entender nuestro pasado. Los sectores reaccionarios y filofascistas que impulsan la memoria antidemocrática tienen muy claro que quien controla la interpretación de un pasado reciente y aún vivo, domina también los comportamientos sociales y políticos del presente, como resulta evidente en el apego de las nuevas generaciones a ideologías ultraconservadoras o en el rechazo de cierta parte de la población a la alternativa republicana a partir del mito franquista que marca el periodo republicano como guerracivilista y conflictivo.

Como respuesta colectiva por parte del movimiento memorialista y de las fuerzas progresistas debería situarse en mi opinión una apuesta más decidida y firme que sitúe el derecho a la verdad como eje central de la lucha memorialista, reforzando la divulgación y el alcance social del relato antifascista, democrático y fundamentado en la verdad histórica como un eje central de la memoria, cómo una trinchera del “no pasarán” frente a los mitos tardofranquistas, el blanqueamiento de la dictadura o la recuperación de siniestros sembradores de violencia como Millan Astray o José María Pemán.

Muchas más iniciativas son posibles para enfrentarse al ascenso de la memoria antidemocrática, que supone en última instancia una revictimización de los hombres y mujeres que sufrieron la represión franquista en sus diferentes manifestaciones, desde el exilio y la muerte civil hasta las torturas, la cárcel y la muerte. Abramos pues el debate y, sobre todo, actuemos.

A punto de entrar en el segundo cuarto del siglo XXI, el movimiento memorialista en Andalucía se encuentra ante un panorama sociopolítico e ideológico cargado de presiones y amenazas a todo lo que supone la memoria democrática, pero que también tiene que ver con una cierta desorientación y agotamiento interno en cuanto a las líneas estratégicas que deben marcar las actuaciones y las reivindicaciones memorialistas en este tiempo incierto que se abre ante nosotros.

El cambio de ciclo político en Europa y en España está determinando la reducción y en algunos casos la desaparición de políticas públicas activas en el campo de la memoria democrática, sustituidas crecientemente por gestos de apoyo y actos institucionales que impulsan ese constructo vacuo y engañoso denominado “memoria de la concordia”, basada en la reivindicación de la equidistancia entre víctimas y victimarios (en consecuencia no hay culpables o todos fuimos culpables) y en la restauración pública de viejos mitos y falsedades pseudohistóricas del franquismo como la culpabilización histórica a la Segunda República del “estallido” de la guerra de España por quebrar la convivencia entre españoles y crear un estado de caos social, separatismo y desorden.