Después de la nefasta cosecha de la campaña de aceituna 2012-2013 y el récord de producción de la última, el campo andaluz se prepara para afrontar otro mal año en el sector aceitero, según las previsiones de las organizaciones agrarias. Es la vecería del olivar que alterna años buenos y malos en producción. Esa cualidad determina la inestabilidad del empleo en el medio rural y los precios del aceite en origen y en el mercado.
Con relación al primero, los sindicatos UGT y CC OO ya han pedido acciones inmediatas. Coinciden en solicitar la eliminación de peonadas mínimas para que los jornaleros puedan acceder al subsidio agrario. Una prestación que supone 426 euros mensuales durante 6 meses, salvo para los mayores de 52 años que, en determinadas situaciones, pueden acogerse durante un año. Esta misma petición también ha planteado Izquierda Unida mediante una proposición no de ley elevada al Parlamento Andaluz.
Actualmente, para obtener el subsidio agrario, los jornaleros de menos de 25 años y sin familiares al cargo deben acreditar 53 jornales. Los mayores de esa edad, con o sin responsabilidad familiar, necesitan certificar 35 peonadas. Lo que piden tanto UGT como CCOO es la supresión de esos mínimos dado que la campaña invernal más importante en Andalucía es la aceituna y que este año las contrataciones durante la vendimia, tanto en Francia como en Castilla-La Mancha, han bajado por el aumento de mano de obra local. En la última cosecha las previsiones apuntaban que generaría 23,5 millones de jornales en Andalucía.
UGT ha dado un paso más en Jaén. Ha pedido una reunión con la Subdelegación del Gobierno para que medie ante la Tesorería de la Seguridad Social y que suspenda el cobro de la cotización durante los meses habituales de la campaña -de diciembre a febrero- para dar una tregua a los trabajadores. Cada jornalero paga 86,70 euros mensuales –incluso cuando están percibiendo el subsidio- como cotización a la seguridad social.
Reducción de las peonadas
En la campaña 2012-2013 el baile de cifras hizo que la reducción del número de peonadas llegara “mal y tarde”, explica el secretario de la Federación Agroalimentaria de UGT-Jaén, por eso este año “vamos a pedir la creación de un observatorio provincial para contrastar los datos que vayan surgiendo”.
Para CC OO las medidas deben llegar de parte de la inspección de trabajo y de una revisión de las normas que regulan el mercado laboral en el campo “que son del siglo pasado”, apunta Mariano Chinchilla, responsable del área agroalimentaria de CC OO-Jaén. Denuncia que de los 6,7 millones de jornales que en la última campaña se pronosticaron en Jaén (más de la cuarta parte de los que se generaron en Andalucía), sólo se han declarado 2.543.000, en torno al 38%. Salvando el porcentaje de buena vecindad, Chinchilla entiende que es necesario “controlar el fraude” para lo que propone “un cambio de modelo” en las relaciones laborales en el medio rural, estableciendo un tipo de contrato fijo-discontinuo similar al que existe en otros sectores económicos.
También demandan planes de empleo extraordinarios que permitan a los jornaleros tanto contar con unos ingresos como completar un mínimo de cotizaciones. Además, la PNL de IU presentada por el parlamentario Juan Serrano recuerda que el subsidio agrario “supone una inversión de 700 millones de euros, apenas el 2,3% del gasto en desempleo del país”. Por su parte, el Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) tiene un presupuesto de 215 millones de los que el Estado aporta 147 millones ya que se realiza en cooperación con los municipios y las Diputaciones provinciales.
Mientras tanto, los precios del aceite se han recuperado ante la posibilidad de escasez. En junio, el precio medio por kilo estaba en 1,81 euros. Septiembre ha comenzado con una media de 2,55 euros, según los movimientos registrados en el sistema PoolRed. Más de 70 céntimos en apenas 3 meses. Un valor que, sin embargo, “sólo es el equivalente a los costes de producción”, señala Juan Luis Ávila, de COAG, que se sitúan en torno a 2,4 euros por kilo de aceite.
“Excesiva transparencia”
La subida arrancó con el verano, cuando las distribuidoras comprobaron que la cosecha tiene mala pinta a nivel internacional, no sólo en España. Ávila explica que este año los países del entorno –Norte de África, Portugal- apuntan también una mala cosecha, lo que ha favorecido el repunte de los precios, frente a otros años en los que “la excesiva transparencia” del mercado aceitero español –a comienzos de octubre suele hacerse público el aforo con la estimación de cosecha- ha permitido a los competidores internacionales rentabilizar sus reservas.
COAG señala que la producción andaluza es muy desigual, pero especialmente mala en la dos provincias que concentran el 60% de la cosecha: Jaén y Córdoba. Estiman que la próxima campaña se situará entre las 700.000 y las 800.000 toneladas de aceite. UPA ha apuntado cifras aún más alarmantes al colocar las previsiones de producción nacional alrededor de las 675.000, en índices ligeramente superiores a los de 2012-2013.
Ante estas expectativas, una de las pocas opciones para los agricultores es acogerse a los seguros agrarios que garantizan la cobertura de costes en caso de que las circunstancias meteorológicas condicionen la cosecha, sin embargo, el alto coste hace al sector renuente. De hecho, en Andalucía no llega al 12% el número de explotaciones olivareras que asegura sus cosechas.