La reclamación a Boliden -la multinacional que explotaba la mina de Aznalcóllar- de los 89,8 millones de euros que costó reparar los daños del vertido tóxico en 1998 se ha convertido, tras 16 años de peregrinaje por los tribunales, en unos de los procesos judiciales más largos del país. Después de casi dos años desde su vuelta a manos del Juzgado de Primera Instancia número 11 de Sevilla, la causa se encuentra “en una fase muy inicial”, según han confirmado desde la Consejería de Econonía, Innovación, Ciencia y Empleo.
En concreto, se está a la espera de la traducción de buena parte de la documentación, que supera los 8.000 folios en total, y que el juzgado ha reclamado a la Junta de Andalucía, que lo hará en inglés y en sueco (idioma este último del país de la empresa matriz de Boliden). Inicialmente se había dado un plazo de seis meses para esta traducción, pero la Junta de Andalucía ha pedido una prórroga por otros cuatro para poder cumplir una orden que llega tras la petición de los abogados de la empresa. Una exigencia que se puede interpretar como otra maniobra para retrasar todavía más el caso.
Cabe recordar que la causa regresó a este juzgado en mayo de 2012 -justo 10 años después de que el mismo se hubiera inhibido- a raíz de que el Tribunal Supremo dictaminara que la demanda volviera a la vía civil. Es el recorrido eterno por los tribunales de una causa que ha pasado por las vías penal, civil, contencioso-administrativa y, de nuevo, civil, el estado actual. El objetivo de la Junta de Andalucía con su reclamación es que se aplique la máxima -que parece comunmente aceptada pero de aplicación imposible en la prática- de “el que contamina paga”, en el que está considerado el segundo mayor desastre ecológico del país tras el hundimiento del Prestige.
Paralelamente, está abierto otro proceso en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla por el concurso de acreedores una vez que la empresa se declaró en quiebra, otra de las maniobras para no pagar. De hecho, liquidada la filial española, Boliden Apirsa, la demanda se dirige ahora a la empresa matriz en Suecia: Boliden AB. Este proceso ronda los 140 millones de euros, y en este caso se encuentra “en su fase final”, según las mismas fuentes. La Junta de Andalucía, acreedora a su vez por lo que le costó reparar el daño, pretende que se declare a la empresa “culpable” y cobrar. De hecho, la empresa llegó a estar embargada por este importe, una medida que revocó la Audiencia de Sevilla.
En este contexto, desde el propio poder judicial reconocen que la causa ha sufrido muchos retrasos y va a un ritmo muy lento, de momento con dos partes como protagonistas centrales: la Junta de Andalucía y Boliden. De hecho, no hay en este caso un frente ecologista personado. En este sentido, Antonio Ramos, responsable de minas de Ecologistas en Acción, afirma que su organización nunca se ha personado en la causa “porque en España los pleitos cuestan mucho dinero”, del que no disponen. “Hace más de 16 años denunciamos doce veces ante la Delegación Provincial de Medioambiente de Sevilla que la balsa se iba romper”, recuerda el ecologista, quien cree que la Junta de Andalucía “no va a cobrar ni un euro de lo que ha supuesto la recuperación del Guadimar”.
He aquí una breve cronología para entender los hitos de este peregrinaje por la justicia, todo ello aderezado con permanentes recursos que en un esfuerzo por resumir no se han incluido.
- 1998 Se produce el vertido tóxico y dos días después el Juzgado de Instrucción número 2 de Sanlúcar la Mayor abre una investigación. Llega a imputar a 26 técnicos de Boliden, de la Junta de Andalucía, del Ministerio de Medioambiente y de las empresas que construyeron la presa.
- 2000 El Juzgado de Instrucción número 2 de Sanlúcar la Mayor archiva la causa por entender que no pueden desprenderse responsabilidades penales.
- 2001 La Audiencia de Sevilla ratifica el archivo de la vía penal. La Junta de Andalucía opta por la vía civil y el caso cae en el Juzgado de Instrucción número 11 de Sevilla. Paralelamente, la empresa inicia el proceso de concurso de acreedores, en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla.
- 2002 El Juzgado de Instrucción número 11 de Sevilla archiva también la causa y se declara incompetente.
- 2003 La Audiencia de Sevilla ratifica esta decisión y archiva la vía civil también.
- 2004 La Junta de Andalucía abre un expediente para una reclamación del dinero en concepto de multa. La empresa lo recurre por la vía contencioso-administrativa.
- 2007 El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) da la razón a la emprea y determina que no se puede sancionar a Boliden. La Junta de Andalucía recurre en el Tribunal Supremo (TS) esta decisión del TSJA.
- 2011 El TS, igual que había hecho el TSJA, declara que la vía contencioso-administrativa tampoco es la competente. La Junta de Andalucía recurre de nuevo, esta vez “por defecto de jurisdicción”.
- 2012 El TS ordena que el caso regrese -¡10 años después!- al Juzgado de Instrucción número 11 de Sevilla, o sea a la vía civil. Entretanto, Boliden pide que la causa se traslade al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla, que lleva el concurso de acreedores, pero esta petición se desestima.
- 2013 El Juzgado de Instrucción número 11 de Sevilla inicia el proceso y ordena a la Junta de Andalucía la traducción de más documentos a petición de los abogados de la empresa.
- 2014 El proceso en el concurso de acreedores en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla entra en su fase final.