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El PP de Sevilla dice al juez que en el Ayuntamiento de Tomares “nadie se ha llevado un céntimo”
El concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Tomares y secretario general del PP sevillano, Eloy Carmona, ha declarado este lunes como imputado en relación a las cuantías pagadas por el Consistorio al expresidente local del PP Mariano Cuesta Núñez por una serie de informes y ha asegurado que en el Ayuntamiento “nadie se ha llevado ni un sólo céntimo de euro”, han informado a Europa Press fuentes del caso.
Así, el edil Eloy Carmona ha comparecido por espacio de una hora ante la juez de Instrucción número 19 de Sevilla tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía al entender que los hechos podrían ser constitutivos de sendos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
En declaraciones a los periodistas tras finalizar su comparecencia judicial, Carmona ha puesto de manifiesto que la denuncia “está construida sobre hechos falsos que denunció un concejal --en alusión al concejal del PA Alberto Mercado-- que en su día formó parte del equipo de gobierno”.
“Ha quedado plenamente demostrado que conocía todos los hechos que ha denunciado como si no los conociera”, ha subrayado el imputado, quien ha acusado al edil andalucista de “mentir y denunciar falsamente”.
Eloy Carmona ha dicho tener la “plena satisfacción de venir a contar la verdad, y la verdad es que en el Ayuntamiento de Tomares nadie se ha llevado ni un sólo céntimo de euro, y esa es la realidad que deben conocer sus vecinos”.
UN SEGUNDO IMPUTADO
Para finalizar, ha puesto de manifiesto que desde el Ayuntamiento “seguimos trabajando para que Tomares sea un municipio puntero y para que Tomares sea como le gusta a sus vecinos”.
La juez instructora también ha tomado declaración como imputado este lunes al expresidente local del PP Mariano Cuesta y, en calidad de testigos, al secretario y al interventor municipales.
El asunto fue elevado a la Fiscalía por el PA, que avisaba de hechos “muy similares” a los ya investigados por el Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla. En su denuncia inicial, recogida por Europa Press, el PA rememora la investigación judicial relativa a la contratación del edil popular del Ayuntamiento de Tomares Juan Campos para la elaboración de una serie de informes cuando no ostentaba aún el cargo de edil, dado que su contratación a manos del Consistorio tomareño se remonta al pasado mandato.
La segunda denuncia del PA, en ese sentido, exponía que el Ayuntamiento dio de alta en su plantilla “al que era presidente del PP de Tomares, emitiendo facturas por unos informes que no existen”, pues “documentación de los técnicos municipales avala que los conceptos facturados, como informes y planes de emergencia, fueron elaborados por los propios técnicos municipales” y no por el entonces presidente local del PP.
EL PRESIDENTE DEL PP DE TOMARES
La denuncia señala las facturas emitidas por Mariano Cuesta Núñez con cargo al Ayuntamiento de Tomares durante el mandado 2007/2011, cuando según el PA éste hombre ostentaba la Presidencia del PP de Tomares. Los conceptos de tales facturas aluden al “desarrollo y funcionamiento del servicio municipal de Protección Civil”, así como a la elaboración de “un plan de emergencia local en el municipio, un plan de autoprotección en los colegios y a la elaboración de un plan local de emergencia en los colegios públicos”.
Para el PA, se trata del mismo “modus operandi” que en el caso de Juan Campos porque “los informes ni se realizaron ni se atendieron los fines para los que se facturó”, argumentando entre otras cosas que en diciembre de 2010, fue aprobado por el pleno un Plan de Emergencia Municipal redactado por el técnico Carlos Dabán y en el que colaboraron técnicos de la Delegación del Gobierno y de las áreas municipales de Urbanismo y Seguridad Ciudadana, entre otras, pero “sin que aparezca para nada que Cuesta Núñez realizara un trabajo externo y mucho menos que alguien facturase por elaborar el informe cobrado”.
Para el PA, Cuesta Núñez, mientras era presidente del PP de Tomares, habría sido contratado “para un trabajo que nunca se ha prestado”, pues “no tenía despacho ni localización física alguna en el Ayuntamiento”, del que habría cobrado al menos “12.000 euros”.
